El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió en el acto de clausura de las XXXII Jornadas de la Abogacía General del Estado: ‘El nuevo Código Penal’, la reinserción social y la proporcionalidad de las penas del nuevo Código Penal.

Además, subrayó que “al artículo 25 de la Constitución Española no le gustan los corredores de la muerte y si la resocialización”.

Durante su intervención, el ministro repasó algunas de las novedades aprobadas en la reforma del Código Penal, que entrará en vigor el
próximo día 23 de diciembre, destacando que esta reforma se ha conseguido con un gran grado de consenso político en lo esencial, puesto que pasó del Senado al Boletín Oficial del Estado sin tener que volver al Congreso de los Diputados.

Francisco Caamaño destacó que la reforma del Código Penal atiende a
compromisos internacionales que unas veces han requerido la
introducción de nuevos tipos de delitos, como la trata de seres humanos
y la corrupción en el sector privado, y, otras veces, la suscripción de
normas europeas han hecho necesaria la adecuación de nuestro modelo
normativo, como es el caso del terrorismo y su financiación, además de la
colaboración con bandas terroristas para captación y adiestramiento.

El ministro también señaló que las tasas delictivas en España están entre las más bajas de su entorno, mientras que las de encarcelamiento se encuentran entre las más altas.

Caamaño indicó que en estas jornadas se ha analizado la perspectiva internacional del Código Penal, y que “de todos los estados de la Unión Europea, España es el único que mantiene el cumplimiento íntegro de la pena, por lo que es muy difícil armonizar”.

Además puso como ejemplo que en España de 5 a 7 años significa cumplimiento íntegro de la pena y en Europa significa que se cumplen dos años íntegros y luego se aplican otras medidas.

La ley 5/2010 -continuó el ministro- también resuelve problemas concretos como la disparidad de criterios tanto en la prescripción como en la prisión preventiva, se han mejorado herramientas para luchar contra
delitos económicos como la corrupción, a través de la prevención.

Se han elevado las penas de fraude en la hacienda pública, el cohecho y se ha introducido por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Además, se han mantenido las penas para delitos de alta entidad pero no para los de pequeña entidad como es el caso de ‘los manteros’, permitiendo a los jueces adecuar la falta cometida a la pena.

Por último, el ministro de Justicia dio por clausuradas las Jornadas que
han sido organizadas por la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado, durante dos días en Madrid.

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