Campo ha manifestado su apuesta por acelerar la negociación para mejorar las garantías procesales en el seno de la UE, durante la inauguración del seminario “La armonización de las garantías procesales”, que se celebró en el recinto ferial de IFEMA de Madrid, con la presencia de representantes de los 27 países miembros de la UE.

El seminario, organizado por el Ministerio de Justicia dentro de los actos de la presidencia española de la Unión Europea, tiene como objetivo avanzar en la armonización legislativa de los Estados miembros para garantizar una adecuada protección de los derechos procesales del
individuo, reforzando el principio de reconocimiento mutuo, dentro de la construcción de un espacio europeo de Justicia.

Campo explicó a los representantes de los países de la Unión que el objetivo de España “es progresar con paso firme en esta materia y anteponer la protección de las garantías de los ciudadanos a la determinación de quién debería tener la iniciativa en cada caso concreto”, por tanto, independientemente de que sea el Consejo de la UE o la Comisión Europea quien presente las propuestas legislativas.

Tras el fracaso en 2007 de una primera propuesta de la Comisión, que incluía en un mismo paquete, y para todos los procesos penales, los derechos vinculados a la tramitación de las causas penales, la anterior presidencia sueca de la UE acordó una nueva ‘hoja de ruta’ para negociar, por separado y con instrumentos normativos distintos, el derecho de asistencia jurídica, de interpretación y traducción gratuitas, de comunicación y el de ser informado por escrito de sus derechos, así como la atención específica para ciertas personas especialmente vulnerables.

En su discurso, Campo recordó que el primer instrumento normativo, en materia de traducción e interpretación, obtuvo un acuerdo político en octubre pasado, con el co-patrocinio de 13 Estados miembros, por lo que se mostró partidario de “no demorarnos más” e impulsar ahora los
trámites para adaptarlo al Tratado de Lisboa, lo que implica la aprobación del Parlamento Europeo.

El secretario de Estado animó, asimismo, a la Comisión para que presente en el Consejo JAI, del próximo 3 y 4 de junio, su propuesta sobre el segundo expediente relativo a la ‘directiva sobre información de los derechos al detenido’.

De ser así, Juan Carlos Campo se comprometió a que “la Presidencia española impulsaría su negociación”, con el objetivo de aplicar un ritmo que “sirva de pauta a lo largo de todo el proceso” de armonización de las garantías procesales.

“Para España, subrayó, es fundamental que la Unión Europea mantenga un nivel de ambición que esté a la altura de lo que nos exige la ciudadanía europea, que no es más que la protección decidida de sus derechos, de sus garantías y de sus libertades”

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