El Colegio de Abogados de Orense ha sido el primero en llevar las tasas judiciales, impulsadas por Ruiz-Gallardón, ante los tribunales al considerar que “violan” el derecho a la tutela judicial efectiva y tienen un “afán recaudatorio” que choca contra los derechos constitucionales.

Por ello, los letrados del Colegio presentaron un recurso, el pasado mes de Diciembre, contra la Orden ministerial que aprueba el modelo de auto liquidación de las tasas -ya que carecen de legitimidad legal para llevar la reclamación ante el Tribunal Constitucional-. Además, esperan que el juez que tramite el recurso decida elevar una cuestión de inconstitucionalidad y piden como medida cautelar que se suspenda la aplicación de la orden mientras dure el procedimiento. Por su parte, la Audiencia Nacional aceptó a trámite el recurso en menos de 24 horas.

En esta entrevista conversamos con Arturo González, Decano del Colegio, con quién hablamos sobre las tasas pero también sobre otras cuestiones como las novedades legislativas que se incorporarían según el borrador de Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales como la eliminación del examen de acceso a la abogacía, la posible colegiación voluntaria o la supresión de algunos Colegios de Abogados, que considera propuestas que generan más preocupación que soluciones reales.

¿Cuándo tomasteis la decisión de recurrir la ley de tasas?

Desde la fase de anteproyecto, nosotros teníamos claro que tanto la ley como el reglamento eran inconstitucionales. Lo que recurrimos es la orden ministerial que aprueba el modelo de auto liquidación de la tasa ya que la ley sólo la pueden recurrir 50 diputados, 50 senadores, las comunidades autónomas y el Defensor del pueblo.

Y fuisteis los primeros.

Sí, los primeros como corporación o colegio profesional. Antes lo habían hecho personas físicas.

¿En qué os basáis para recurrir?

El punto de partida es la inconstitucionalidad de la ley. Es decir, la vulneración del artículo 24 de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de la vulneración de la propia doctrina del Constitucional español, plasmada en algunas sentencias sobre tasas.

Resumiendo, entendemos que esta ley de tasas y la orden que recurrimos tienen que tener un objetivo legítimo y que exista proporcionalidad entre los medios utilizados y el objetivo perseguido. El objetivo es puramente recaudatorio y además, estas tasas totalmente desproporcionadas suponen un obstáculo económico infranqueable para una gran parte de los ciudadanos españoles.

Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las tasas deben ser proporcionales y acordes a la capacidad económica del contribuyente. Nosotros pensamos que en el supuesto español eso se vulnera totalmente porque esta tasa tienes dos partes: una cantidad fija -da igual la capacidad económica que tengas-, y una parte variable en función de la cuantía del asunto. Aplicándolo así se llega a cantidades absolutamente desproporcionadas, que no tienen nada que ver con la capacidad económica de cada ciudadano concreto.

¿Cómo se decide si es desproporcionado o no?

Es desproporcionado pasar de unas tasas, en la antigua ley derogada, de 50 euros, a aplicar una tasa a personas físicas sin tener en cuenta ni su IRPF, ni lo que facturan, ni lo que ganan, ni nada. Eso es desproporcionado desde el momento en que no se tiene en cuenta ningún criterio para establecer la tasa sino que se trata de un criterio fijo para todo el mundo. Da igual que seas una multinacional oque ganes 2.000 euros al mes. A ti te van a imponer la misma tasa. Y eso es una desproporción con la realidad económica de cada ciudadano y de cada persona.

Por lo tanto, ¿Crees que tenéis muchas probabilidades de que se reconozca lo que estáis pidiendo?

Sí, porque entendemos que se vulneran otros derechos fundamentales. Lo que comentaba antes nos lleva a que se vulnera también el principio de igualdad de trato ante la ley. Llegar a cuantías elevadísimas impide, a la práctica, el acceso a la jurisdicción.

Un ejemplo real es que si un chico resulta paraplégico tras un accidente de tráfico y solicita una indemnización, con informes médicos, apoyada en informes y tasada en 900.000 euros, eso en su momento no costaba nada. Ahora mismo, si llega al Supremo podríamos estar hablando de casi 12.000 euros en tasas. Tener que pagar 12.000 para acceder a un tribunal es una barbaridad.

Supongo que es demasiado pronto para valorar cómo os están afectando las tasas.

Es demasiado pronto para dar números. Pero sí que podemos decir que están afectando a los clientes. Cuando les dices que por un recurso de apelación, sólo con la cuantía fija tendrán que pagar 800 euros, ya te ponen una cara, diciendo “hombre, ¿tanto?”. Cuando les dices que para la cuantía fija de un recurso de casación tienen que pagar 1.200 euros, eso ya significa el doble del salario mínimo interprofesional en España. Sólo para interponer un recurso. Así que no puedo dar estadísticas pero sí que puedo decir que se está notando, evidentemente.

¿Estaríais de acuerdo en que existieran tasas que fueran proporcionales a la renta del contribuyente o el sistema ya era el adecuado antes?

Nosotros pensamos que ya estaba bien como estaba.

Sin embargo, la obstaculización de la justicia es un hecho…

Ya, pero eso es como si hay muchos incendios forestales y la solución que propones es cortar los árboles. Tenemos unos derechos concertados en la Constitución y hay otros medios que entendemos que se pueden seguir para lograr lo que se pretende lograr. Pero aquí no sabemos muy bien lo que se pretende lograr. Que se pretende, ¿recaudar? ¿O eliminar el colapso de la justicia? El colapso de la justicia viene determinado, sobre todo, en materia penal y en materia penal no hay tasas. O sea, que esto no se va a solucionar con las tasas. A parte, también hay la solución extrajudicial de conflictos: la mediación, el arbitraje…

Nosotros estamos en contra del concepto tasas. Pensamos que la justicia es un servicio público, por lo tanto financiado por los impuestos de todos los ciudadanos, y que no tendría porque haber ninguna tasa. Como mal menor, y dada esta situación de crisis, podríamos entender una tasa con carácter simbólico. Pero hacer estas cosas sin dialogar con nadie, por la vía de apremio, con urgencia para aprobar la ley… La verdad, nos parece que lo que se está creando es un problema, en vez de una solución.

¿Por qué no decidisteis esperar a presentar el recurso junto con el CGAE?

Nosotros aquí en Orense fuimos muy beligerantes desde el principio. El Consejo General de la Abogacía tiene, en todo momento, conocimiento de toda nuestra actuación y tampoco hay ningún problema. Puedes presentar un recurso y los posteriores recursos de otras corporaciones se pueden adherir a éste. De hecho, me consta que otros colegios de España van a interponer recurso también.

Sin embargo, la especialidad del nuestro es que a parte del recurso a la orden ministerial hemos pedido una medida cautelar. Pedimos que se suspenda la aplicación de la orden ministerial mientras dure el procedimiento.

Al margen de esta medida cautelar, ¿Cómo os planteáis el resto del proceso?

En primer lugar, seguimos con la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte de los partidos políticos. Además esperamos que haya jueces, y nos consta que es así, que planteen la cuestión de inconstitucionalidad. Y por último, nosotros vamos a seguir manteniendo la tensión con concentraciones y protestas porque consideramos que tenemos la razón. A ver si alguien nos la da.

¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar?

Hasta donde nos deje el Estado de Derecho.

Estaréis pagando estas tasas, también.

Qué remedio. Para interponer el recurso, tuvimos que pagar la tasa. Lógicamente, ya especificábamos que la abonábamos por imperativo legal y sin estar de acuerdo con el contenido de la orden ministerial, ni la ley que la establece. Pero para poder acceder a la jurisdicción, somos abogados en Estado de Derecho, está en vigor y tenemos que pagar la tasa.

¿Qué pasaría si al final se determinara que esta ley es inconstitucional? ¿Se devolverían las tasas?

Si al final se determina que es así, entiendo que se abriría una puerta a la reclamación del pago de las tasas. Entiendo que sí, que cabría esa posibilidad.

En el recurso también hacéis a referencia a problemas técnicos.

Sí, también nos apoyamos en que esta orden ministerial introduce un sistema novedoso que es que no hay un impreso físico para rellenarlo a mano, sino que tienes que tener un acceso a internet y un mecanismo de impresión. Me imagino que en Madrid la mayoría de la población tendrá este acceso, pero si hablamos de sitios como Galicia o Orense, hay mucha gente que está fuera de todo este juego de internet y no tiene la posibilidad física de pedir un impreso en una delegación de la Agencia Tributaria y cubrirlo a mano. Eso podría parecer una tontería pero en la práctica no lo es. Es un impedimento para el pago de estas tasas.

En segundo lugar, en los campos que hay que cubrir una vez que entras a la página de la Agencia Tributaria, sólo hay un campo para el NIF. Es decir que sólo aquellos ciudadanos españoles que tengan NIF o DNI lo podrán hacer. Pero hay que pensar que hay más gente que no tiene documentación o que tiene un NIE. ¿Qué pasa con esa gente? ¿No puede acceder a un tribunal?

De todos modos, esto es fácil de modificar, sin que la consecuencia sea necesariamente la eliminación de la tasa…

O sí, si se entiende que este es un obstáculo infranqueable para determinada franja de la población que no lo puede hacer. No puedes poner obstáculos; tienes que facilitar las cosas. No nos olvidemos que es un servicio público garantizado por la Constitución. Esto no es un capricho. La gente cuando demanda, no lo hace porque va por la calle y se le ocurre demandar a alguien. Es porque tiene un problema y tiene que defenderse ante los tribunales. No parece muy correcto que se pongan cada vez más impedimentos. Ya no sólo económicos, sino de tipo técnico.

Cambiando de tema, ¿Cómo está afectando la crisis a la abogacía gallega?

Aquí en Galicia hay retraso en los pagos y problemas, pero comparado con el resto de España, podemos decir que estamos razonablemente bien en relación a lo que cobran los letrados. Es un retraso asumible. Somos conscientes de la situación y nos hacemos cargo. No queremos que parezca que estamos reclamando siempre temas económicos.

Ahora bien, en cuanto a los gastos de infraestructura, es decir, lo que tiene que pagar la Administración a los Colegios por la tramitación y gestión del turno de oficio, ahí sí tenemos un retraso importantísimo y nos deben unas cantidades también importantes. Hay una parte que la están manejando razonablemente bien pero hay otra parte que a algún colegio le está suponiendo problemas de tesorería.

El borrador del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales elimina el examen de acceso a la abogacía, antes que se haya celebrado el primero.

La eliminación del examen de acceso me parece una barbaridad. Primero, por los constantes cambios de este último Gobierno. La ley tiene una vacatio legis de 5 años, a última hora cambiaron los criterios para ver quiénes estaban incluidos en el ámbito de esa ley y por último nos vienen con esto de que no se hace el examen. Sin el examen no tiene sentido la ley de acceso.

El examen era una reivindicación de la abogacía para equipararnos al entorno europeo. Es lógico que cuando sales de la facultad no estás preparado para ejercer la profesión. Desde hace 12 años, todos los colegios ya ofrecían escuelas de práctica jurídica pero eran voluntarias. Por fin, con la Ley de acceso se establece una obligatoriedad a pesar de que no estábamos muy conformes y creíamos que era muy mejorable. Pero bueno, teníamos una mejora. Y ahora, con este globo sonda del anteproyecto de ley que se filtró están anulando, por la vía de hecho, lo poco bueno que tenía esa ley. Y además no entendemos por qué se hace. Se vacía de contenido.

De todos modos, todavía queda el máster.

Sí, un máster que no sé si ya podrá ser máster. No sé cómo va a incidir realmente esa supresión del examen de Estado, porque una cosa es decir en una línea que se suprime el examen y otra cosa es que se tenga que derogar la ley. A ver en qué términos se deroga. Si se suprime el examen, ¿Sería obligatorio hacer los cursos? ¿En la facultad o en los colegios profesionales? Tendrán que decirlo los legisladores y el Ministerio de Economía, que es de dónde sale todo esto.

A última hora, como de costumbre.

Sí, siempre lo hacen a última hora. El Reglamento de la Ley de acceso también se publicó poco antes de empezar el curso y hubo muchos problemas precisamente por hacer las cosas a última hora.

Por otro lado, el borrador de la Ley de Servicios Profesionales también incorpora muchos cambios en los Colegios, como que sólo se deberán colegiar los abogados que actúen ante juicios.

Sí, y tampoco me parece bien, la verdad. Esta separación me parece artificial. Es verdad que hay algunos abogados de empresa que no asisten a juicios, pero si eres abogado lo eres a todos los efectos. ¿Cómo diferencias entre un abogado ejerciente que acude a un tribunal y otro que también es ejerciente pero a lo mejor está trabajando para una empresa y no acude, pero puede acudir? Ese anuncio es muy escueto y estas cosas hay que analizarlas y ver las consecuencias de cambiar un sistema que está implantado desde hace siglos.

También se prevé que los Colegios profesionales sean únicamente autonómicos o provinciales.

Aquí tengo que responder algo similar. No veo ningún beneficio en cambiar un sistema que ha funcionado. Si hablamos de acercar la justicia al ciudadano, de todos los servicios gratuitos que ofrecen los Colegios de Abogados, casi pensaría que cuantos más colegios haya, mejor. Y sino, que los que hay se mantengan.

Según esa tesis, el Colegio de Vigo tendría que desaparecer y quedarse el de Pontevedra. Sin embargo, el Colegio de Vigo tiene muchísimos más colegiados adscritos que el de Pontevedra.

Por otro lado, si hubiera un Colegio de Abogados de Galicia tendría que haber delegaciones en Orense, ¿no? ¿Qué sería, cambiar todo para que todo siga igual? ¿O verdaderamente desaparecerían y aquí no habría nadie? Entonces, ¿el ciudadano de Orense tendría que ir a A Coruña? Hay que ver la realidad social de la implantación de la normativa. No se puede estar sentado en un despacho de Madrid y cambiarlo todo. La realidad social y el ámbito territorial que se está tratando es muy distinto si vienes a Orense o vas a Teruel o a Jaén. Tendrán que explicar por qué quieren hacer esto.

También decían que se eliminaría la incompatibilidad para ejercer simultáneamente de abogado y procurador, aunque parece que esto finalmente no tirará adelante.

Sí, esto entre procuradores causó mucho revuelo. Creo que decir cosas sin explicarlas bien es crear una alarma social. Comprendo que todo el colectivo de procuradores de España esté muy preocupado aunque parece ser que hay una marcha atrás -pero tampoco la han hecho pública-. Creo que se está creando mucha confusión y preocupación.

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