La Ley de Suelo establece un verdadero estatuto básico de ciudadanía en relación con el suelo y el medio urbano y rural.
La norma recupera la noción de ciudad como espacio colectivo en el que disfrutar y ejercer la ciudadanía.
Garantiza suelo para vivienda protegida. Por primera vez en la Ley estatal, se fija una reserva mínima del 30 por ciento del nuevo suelo residencial para vivienda protegida que contribuya a moderar los precios de la vivienda libre y facilite el acceso a quienes se ven excluidos de este mercado.
La normativa incrementa la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan, estableciendo con carácter general un porcentaje mínimo de un 5 por ciento y máximo de un 15, evitando además que la sociedad no reciba ninguna participación.
Otro de los principales aspectos del texto es ampliar la transparencia, la participación ciudadana y los controles de legalidad sobre el urbanismo.
Los Planes y convenios se someterán a información pública antes de su aprobación y los Ayuntamientos deberán publicar en la web los planes vigentes y tener copias disponibles para los ciudadanos.
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