El Parlamento Europeo votó ayer a favor de que los sospechosos reciban en breve en la Unión Europea una «declaración de derechos» que enumerará los derechos fundamentales que les asisten en el proceso penal. La Comisión Europea propuso la medida en julio  como parte de su esfuerzo para garantizar el derecho de los ciudadanos a un juicio imparcial en toda la UE. Este es el segundo paso de una serie de medidas para establecer normas comunes de la UE en los procesos penales. La medida forma parte de los esfuerzos de la Comisión para reforzar los derechos a un juicio imparcial a escala de la UE y para mejorar la confianza mutua entre las autoridades judiciales. Tras la aprobación del Parlamento, la medida se someterá a los Ministros para su adopción final por el Consejo en las próximas semanas, antes de convertirse en norma.

Congratulándose de la votación, la Comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, afirmó: «La votación de hoy representa un hito en el trabajo de la Comisión Europea en materia de Derecho penal. Quisiera dar las gracias al Parlamento por su apoyo y, en particular, a, Birgit Sippel por su trabajo de ponente. La UE ha emprendido una acción decidida para reforzar los derechos de las personas en los procesos penales y, al mismo tiempo, para mejorar la confianza recíproca en el espacio de libertad, seguridad y justicia».

La nueva normativa garantizará que cualquier sospechoso de una infracción penal reciba información adecuada sobre sus derechos fundamentales durante el proceso penal. Entre estos figura el derecho a ser representado por un abogado; a ser informado de la acusación; a la interpretación y a la traducción para quienes no comprendan el idioma de procedimiento; a no contestar y a comparecer con prontitud ante un tribunal tras la detención.

La normativa contiene cinco innovaciones:

1.      los sospechosos serán informado de sus derechos desde el momento de su la detención;

2.      recibirán una «declaración de derechos» que especificará sus derechos por escrito;

3.      la declaración de derechos debe ser fácil de comprender, sin jerga jurídica;

4.      se facilitará en una lengua que el sospechoso entienda;

5.      contendrá detalles prácticos sobre los derechos individuales.

 

También contiene innovaciones importantes dirigidas a reforzar la aplicación de la orden de detención europea al garantizar, en particular, que cualquier persona detenida y sometida a una orden de detención europea reciba con prontitud una «declaración de derechos» adecuada

La Comisión ha facilitado a los Estados miembros un modelo de declaración, que será traducida a las 23 lenguas de la UE.

Junto con el derecho a la traducción y la interpretación, el derecho a la información en los procesos penales forma parte de una serie de medidas relacionadas con el juicio imparcial que tienen por objeto mejorar la confianza en el espacio único de justicia de la UE. El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la primera propuesta, que reconocía a los sospechosos el derecho a la traducción e interpretación,  en octubre de 2010.

En junio de 2011, la Comisión presentó una tercera medida para garantizar el derecho del detenido a la asistencia letrada y a comunicarse con su familia . Actualmente, esta propuesta está siendo debatida en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Todos los años tienen lugar más de ocho millones de procesos penales en la UE. En la actualidad, las probabilidades de que un ciudadano cuente con una información adecuada sobre sus derechos en caso de detención varía según el Estado miembro de la Unión Europea. En algunos Estados miembros, los sospechosos solo reciben información oral sobre sus derechos procesales, y en otros la información escrita solo se proporciona previa petición.

En virtud del artículo 82, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y con el fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y mejorar la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, la UE podrá adoptar medidas para reforzar los derechos de los ciudadanos de la UE, acordes con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

El derecho a un juez imparcial y los derechos de la defensa se establecen en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE; así como en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

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