El gasto en consumo, que representa el 56 % del PIB de la UE, refleja la enorme fuerza de los consumidores para impulsar la economía europea. Aprovechar plenamente el potencial del mercado único y reforzar la innovación y el crecimiento solo podrá hacerse dando a los consumidores más fuerza y confianza.

 Por esta razón, la visión estratégica de la Comisión Europea para la política de los consumidores de la UE en los próximos años, adoptada hoy, pretende aumentar al máximo la participación de los consumidores y la confianza en el mercado. Aspira a conseguirlo basándose en los cuatro objetivos principales de la Agenda del Consumidor Europeo: reforzar la seguridad de los consumidores; incrementar la información; intensificar el control de ejecución y las vías de recurso, y ajustar los derechos y políticas de los consumidores a los cambios en la sociedad y la economía. También presenta varias acciones clave que se aplicarán hasta el año 2014.

El crecimiento en la Unión Europea necesita tanto de una oferta competitiva como de una fuerte demanda. Así pues, los consumidores deben situarse en el centro de atención de las políticas de la UE y de las empresas.Necesitamos infundir confianza a los consumidores para impulsar la economía europea, ha declarado Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión y Comisaria de Justicia de la UE. 

Queremos estimular las compras transfronterizas en línea, por lo que la UE y sus Estados miembros deben adecuar los derechos de los consumidores a la era digital. Hemos dado el primer paso con la Directiva sobre Derechos del Consumidor y la propuesta de modernizar las normas de protección de datos para reforzar la confianza de los consumidores en las transacciones en línea. Como siguiente paso, la Comisión prevé modernizar las normas de la UE de 1990 sobre viajes combinados para tener en cuenta que cada vez más gente encarga ahora sus vacaciones en la web. Pero hace falta algo más que nuevas leyes para que el mercado único digital se adapte a los consumidores. Los Estados miembros deben intensificar una rápida aplicación no burocrática de las normas de la UE, de modo que los derechos del consumidor se conviertan en una realidad concreta para nuestros 500 millones de consumidores. »

En el contexto económico actual, precisamos de una sólida política de los consumidores. Fortalecer a 500 millones de consumidores de Europa será una contribución clave para que crezca la economía europea, ha declarado el Comisario de Salud y Política de Consumidores, John Dalli. La estrategia adoptada hoy consiste en robustecer a los consumidores y reforzar su confianza para darles las herramientas de una participación activa en el mercado, hacer que se adapte a ellos, puedan ejercer su poder de elección y dispongan de derechos que se hagan cumplir correctamente.

 Lo haremos, por ejemplo, revisando el marco de la UE para garantizar la seguridad de los productos y alimentos en el mercado único; reforzando la legislación de la UE sobre consumidores, en estrecha cooperación con las autoridades nacionales; haciendo que los Centros Europeos de Consumidores apoyen más a los que efectúan compras transfronterizas, y velando por que los intereses de los consumidores se integren de forma más sistemática en las políticas de la UE, lo que es de crucial importancia económica para los hogares.

Los consumidores europeos disfrutan de unos derechos y una protección de los mejores del mundo, que les salvaguardan de productos inseguros, publicidad engañosa, costes de itinerancia imprevisibles o prácticas dudosas en línea, y que les apoyan cuando surge algún problema. Las propuestas de Modalidades Alternativas de Solución de Litigios y de Resolución de Litigios en Línea (ADR/ODR), actualmente en estudio, permitirá resolver los problemas de manera rápida, fácil y barata. Otro ejemplo es el proceso europeo de escasa cuantía, que simplifica, acelera y abarata los litigios transfronterizos sobre reclamaciones de hasta 2 000 EUR. A partir de 2013, gracias al portal de e-Justicia, los consumidores podrán rellenar en línea los formularios de escasa cuantía en cualquier lengua oficial, lo que será más sencillo y les ahorrará tiempo y esfuerzo.

La UE ya dispone de un importante corpus jurídico sobre consumo, y la dimensión de consumo es parte importante de muchas políticas de la UE, pero es necesario disponer de un marco global que también aborde los retos inminentes, como los relacionados con la digitalización de la vida cotidiana, la voluntad de avanzar hacia modelos de consumo más sostenibles y las necesidades específicas de los consumidores vulnerables.

Cuatro objetivos principales

La Agenda del Consumidor presenta medidas destinadas a alcanzar los objetivos de la estrategia de la UE para el crecimiento, Europa 2020. Se basa en otras iniciativas, que complementa, como el Informe sobre la Ciudadanía de la UE (véase IP/10/1390 y MEMO/10/525), el Acta del Mercado Único, la Agenda Digital para Europa (véase IP/10/581MEMO/10/199 y MEMO/10/200) y la hoja de ruta para una economía sostenible(véase IP/11/1046). Para ello se articula en torno a cuatro objetivos principales, dirigidos a aumentar la confianza de los consumidores.

  • Reforzar la seguridad de los consumidores: en las mercancías, los servicios y la alimentación; fortalecer el marco regulador y hacer más eficiente la vigilancia del mercado.
  • Incrementar la información: hacer frente a la creciente complejidad de los mercados, donde los consumidores necesitan las herramientas adecuadas y la información para comprenderlo todo acerca de los gastos reales del crédito al consumo y saber encontrar el lugar adecuado para formular reclamaciones. Esto es importante tanto para los consumidores como para los comerciantes, y el papel de las organizaciones de consumidores es clave.
  • Mejorar el control de la ejecución y las vías de recurso sin las cuales no puede existir en la práctica.Esto es tanto más pertinente si se calcula que el perjuicio sufrido por los consumidores europeos derivados de problemas que dan lugar a reclamaciones asciende aproximadamente al 0,4 % del PIB de la UE1. El papel de las redes de aplicación legislativa en materia de consumo2 es fundamental.
  • Ajustar la política a los cambios en la sociedad y hacerla significativa para la vida cotidiana: para adaptar a la era digital la legislación en materia de consumo y tratar los problemas de los consumidores en línea; para incorporar las necesidades de los consumidores vulnerables; para facilitar una elección sostenible.

Cinco sectores clave

La Agenda defiende los intereses de los consumidores en sectores clave3.

  • Alimentos: garantizar la sostenibilidad y la inocuidad.
  • Energía: para que los consumidores puedan obtener la mejor relación calidad-precio en el mercado liberalizado y gestionar mejor su consumo de energía.
  • Finanzas: para proteger los intereses económicos de los consumidores y proporcionarles los instrumentos para gestionar sus finanzas.
  • Transporte: para adaptar la legislación a los nuevos modelos de viajes y apoyar la movilidad sostenible.
  • Digital: para tratar los problemas a los que se enfrentan los consumidores y garantizar su protección en línea.

Más información:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda.

1 Comentario

  1. Todos,los padres nos preocupamos por la salud económica de nuestros hijos. Por ello, es de aplaudir que la UE, a caballo entre la empresa, el trabajador y el consumidor se preocupe por los derechos de ésté último. El mercado único supone, no obstante, mayor progreso, en un marco dónde solo la libertad de precios regulada puede generar diferencias.

    No obstante, la política fiscal del consumo debe ser armonizada, no solo por la necesidad de poner unos topes europeos que impidan alzas indeseadas en época de crisis sino para evitar la multiimposición en el sector de los servicios bàsicos (luz, agua, gas, telefonia, etc.). En el caso español, es desagradable observar como las facturas de la luz (Estado) o del agua (Comunidad Autónoma)incluyen diferentes impuestos o tasas donde la cuota de un impuesto es a su vez base imposible de otro tributo. El principio jurídico consistente en evitar la doble imposición i el indiscutible hecho de que la cuota de un impuesto no es ni ha de ser base imposible de otro imponen a Europa y a sus Estados la obligación de racionalizar la tributación.

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