Por Esteba Ceca Magán, Doctor en Derecho. 

Parece que el Partido Popular prepara su reforma laboral. Nada de particular tiene, si desea iniciar su mandato gubernamental afrontando el primer problema que preocupa a los españoles: el nivel de desempleo y el crecimiento progresivo y descontrolado del mismo, que los gobiernos de Zapatero han sido incapaces de resolver. Ahora bien ¿conseguirá Rajoy cortar esa sangría que ha supuesto llegar a cinco millones de desempleados y a un paro juvenil en torno al 43%?. Dependerá básicamente de la orientación y filosofía que impregnen la contrarreforma laboral.

Si el PP, como parece, camina por la senda del fomento del contrato indefinido, no solucionará el problema. Concluirá 2.011 con más de cinco millones de solicitantes de empleo en las Oficinas del INEM. Si, por el contrario, el futuro Gobierno, desatendiendo cantos de sirena de sus áulicos consejeros laborales, proclives a potenciar la contratación indefinida, favorece contrariamente la temporalidad, con un amplio margen para la autonomía de la voluntad, irá por el camino adecuado.

En la actual situación, potenciar el trabajo es el fin; la meta. La contratación eventual, el tramo inicial e insoslayable. Es más; hoy, el fomento del contrato indefinido, más que un desideratum, es una pura quimera que con su fracaso puede hacer decaer las esperanzas que los ciudadanos tienen en el nuevo Gobierno y en el inexcusable giro que las relaciones laborales deben soportar. No hay que olvidar que quien está en paro no aspira hoy a un contrato indefinido, sino a abandonar las listas del INEM, a cambio de cualquier trabajo aun eventual o de claro sometimiento a la voluntad empresarial. Por eso, no se debe legislar más contra esta realidad, patente en la sociedad española. No hay que inventar, por ello, nuevos tipos contractuales. Ya hay demasiados.  Se deben, muy al contrario, deslegalizar las relaciones laborales. No se puede sostener una decena de clases de contratos. Hay que ir a uno sólo, a un pacto – tipo, con peculiaridades voluntarias, dejadas al arbitrio y voluntad de los contratantes. Sin imposiciones normativas drásticas, que deben posponerse para momentos ulteriores: cuando la crisis se haya superado.

Si el Gobierno piensa que con fomentar los pactos indefinidos va a favorecer la creación de empleo, aun con subvenciones por nueva contratación y bonificaciones fiscales, se equivocará.  Pero si facilita la existencia de un contrato-tipo omnicomprensivo; la desjudicialización de las relaciones laborales; el fomento de la mediación y el arbitraje; la predominancia de la voluntad de las partes sobre los convenios colectivos de sector o de empresa, el desempleo disminuirá sensiblemente. Es más; aflorará un considerable porcentaje de economía sumergida, y el empresario arriesgará su dinero.

Sobre todo, si constata que el legislador respeta y no se inmiscuye en su poder de dirección en materia de retribuciones, jornadas, horarios, vacaciones o régimen disciplinario. Pero si el empresariado comprueba que en su ya maltrecha situación va a seguir siendo un Juez laboral quien se entrometa en las relaciones laborales, decidiendo y sustituyendo sus prioritarias  facultades e intereses, nos seguiremos hundiendo. Y no es que la culpa la tengan los jueces o la Administración; que al fin y al cabo se limitan a aplicar la ley. La responsabilidad será en exclusiva del nuevo Gobierno, si no rompe definitivamente todo el esquema de férreo control que hoy imponen el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Procedimiento Laboral.

Se requiere, por ello, una nueva concienciación del legislador laboral. Una irreversible y drástica ruptura con el actual marco normativo en las relaciones de trabajo. El Estatuto de 1.995 no es que esté desfasado en relación con la realidad sociológica y económica en que debe ser aplicado. Es que es puro fósil de la Ley de 1.980, que apenas sirvió para aquella década. Por eso, precisamente, España ostenta el record de parados en Europa y seguiremos así, sin visos de solución, mientras las Autoridades no se convenzan de que cualquier intervención legislativa en el cuerpo empresarial, pretendiendo fomentar una ilusoria fijeza en los contratos de trabajo, no hará sino producir una mayor cerrazón empleadora y una disminución drástica en las contrataciones.

Si el nuevo Gobierno va a recibir una abrumadora confianza de los españoles, no puede defraudarnos en el principal y más costoso problema a soportar por las arcas públicas: el actual nivel de desempleo, cuando no su crecimiento, si no se ataja con medidas adecuadas.

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