La Jefatura Superior de Policía de Madrid informó de que el proceso completo, desde el pago por las numeraciones de tarjetas, hasta que su volcado en otras falsas, no se dilataba más de seis horas.
La organización se servía de una empresa de paquetería y de un taller de vehículos para realizar sus actividades, así como de mercantiles «fantasma» en España y Venezuela para blanquear los beneficios.
La principal característica de este grupo organizado consistía en su heterogeneidad y versatilidad. Utilizaban el carisma para convencer a personas de diferentes entornos comerciales para que facilitaran la utilización de las tarjetas de crédito falsas en sus negocios, a cambio de obtener un gran beneficio económico en cortos períodos de tiempo.
El líder controlaba de forma exhaustiva todas las actividades ilícitas a las que se dedicaba el grupo, sin embargo, prácticamente no tocaba las tarjetas ni los medios técnicos utilizados para su falsificación.
Únicamente se encargaba de recibir los beneficios obtenidos, que le permitían gozar de un alto nivel de vida, por ejemplo con vehículos de alta gama, sin haber trabajado ni cotizado durante los diez años que llevaba residiendo en España. Su lugarteniente era el propietario de una empresa de paquetería que utilizaba para muchos de los fines de la organización, desde el envío y recepción de útiles informáticos y tarjetas, hasta en ocasiones el tráfico de drogas o billetes falsos.
Daba cobertura a varios miembros de la organización que, sin cotizar a la Seguridad Social ni haber trabajado, habrían obtenido con nóminas falsificadas de dicha empresa subsidios de desempleo. Del mismo modo, el grupo utilizaba otras mercantiles como un taller de vehículos para guardar el material relacionado con la falsificación y probar las tarjetas de forma esporádica.
Este empresario también se encargaba de financiar la compra de las numeraciones de tarjetas bancarias, que se efectuaban mediante la intermediación de personas en Rumanía que facilitaban el contacto con ciudadanos rusos, vendedores de los datos.
Una vez obtenían las numeraciones, el falsificador del grupo volcaba las numeraciones en los soportes idóneos para su utilización, con lo que culminaba el proceso. En muchas ocasiones estos soportes eran directamente las propias tarjetas de crédito de los miembros de la organización, pero en otras utilizaban cualquier otro material, puesto que en su mayoría eran utilizadas en establecimientos conniventes, como restaurantes de alta gama, locales de ocio nocturno y clubes de alterne.
Casi a diario adquirían numeraciones para proceder inmediatamente a su utilización. A través de Internet y de empresas especializadas, el dinero y las tarjetas viajaban a una gran velocidad, lo que significa que en un mismo día se podía enviar el dinero, recibir las numeraciones por Internet, volcar las bandas magnéticas en los soportes y proceder a su utilización, todo ello en menos de seis horas.
Otro medio para obtener las numeraciones consistía en el uso de un lector grabador de tarjetas, que ocultaban en un vehículo abandonado. Clonaban tarjetas de repostaje y después ofrecían a sus «clientes» la posibilidad de llenar el depósito de sus automóviles por un importe que suponía la mitad del carburante repostado. Para ello, les acompañaban a las gasolineras y les cobraban en efectivo, pero a la hora de pagar lo hacían con una de las tarjetas falsificadas.
Las modalidades de blanqueo utilizadas por esta organización eran muy numerosas y diversas, desde la compraventa de joyas, la solicitud de préstamos bancarios cuyas amortizaciones son pagadas con el dinero proveniente de las actividades ilícitas, partidas legales de póquer en casinos, o incluso empresas ficticias en España o Venezuela.
Las pesquisas permitieron también efectuar 12 registros domiciliarios en Madrid en los que se intervinieron dos lectores grabadores de tarjetas y 60 falsificaciones, así como dispositivos informáticos, una pistola de balines, una placa de policía, dos grilletes, varias joyas y dos vehículos de alta gama.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, así como agentes de la comisaría del distrito de Retiro de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
