En estos tres últimos años, coincidiendo con los de la crisis económica, los españoles han reducido su confianza en el Estado de Derecho, pasando a ser mayoría absoluta (54% hoy frente a 31% en 2008) los que consideran que España tiene un Estado de Derecho en peor situación que el resto de países avanzados. Uno de los efectos colaterales de la profunda crisis económica de nuestra economía es haber dañado severamente la sensación que tienen los españoles de estar viviendo en un Estado de Derecho de la máxima calidad.
El estudio sociológico con 4.000 entrevistas, elaborado por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) destaca además que el diagnóstico sobre la situación en nuestro país de la garantía y protección de los derechos fundamentales de la persona experimenta también un claro retroceso: para un 55%, España se encuentra, en esta materia, en un nivel intermedio dentro del grupo de los países más avanzados (en el III Barómetro, realizado en 2008, daba esta respuesta un 62%), pero un 31% cree que estamos en el grupo del cola (casi el doble de quienes daban esa repuesta hace tres años: 17%).
En la presentación del Barómetro, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, destacó ayer que del “informe se desprende que estamos en un momento extraordinario para acometer la reforma de la Justicia a través de un Pacto de Estado que permita a cada sector aportar sus mejores ideas y poder dar respuesta a lo que plantean los ciudadanos, de quienes, constitucionalmente, emana la justicia”.
El estudio de opinión reconoce un descenso en la valoración de la Justicia, pero “lo que es más doloroso, también en el Estado de Derecho”, ha asegurado el presidente del CGAE. Carnicer también ha pedido a los políticos “que no se olviden de la Justicia en sus programas ante las elecciones del 20-N y en los debates electorales”.
Por su parte, José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, ha reconocido que la “abogacía mantiene una vocación de servicio público defendiendo los intereses de la ciudadanía”. Además, los encuestados piensan que la Justicia funciona mal, “se percibe que está mal gestionada, nunca antes el 50% de la población se había pronunciado tan rotundamente”, reconoció Toharia.
Sin embargo, el informe destaca que los jueces, como profesionales, son competentes, honestos, independientes y tan buenos como los de la Unión Europea, Toharia ha reconocido que “el problema es la gestión”.
Según la encuesta, la mayoría de los encuestados (un 54%) considera que los medios que el Estado destina para garantizar la defensa jurídica son insuficientes y sólo un 27% opina que son suficientes (hace tres años estos porcentajes eran mucho más cercanos entre sí: respectivamente, el 47% y el 39%).
El diagnóstico sobre la Administración de Justicia: lenta, anticuada y complicada
- La Administración de Justicia sufre también un severo juicio de los encuestados. La sociedad española considera que:
– Funciona mal
– Da una imagen anticuada
– Es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella
– Su lenguaje y sus procedimientos son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio
– En muchas ocasiones no sirve de nada que dé la razón pues en la práctica la sentencia es papel mojado ya que o no se cumple, o se cumple tarde y mal
– Con frecuencia los jueces no dedican ni la atención ni el tiempo adecuado a cada caso individual, tienden a estar «fuera de onda» respecto de lo que ocurre en la sociedad y, además, a la hora de dictar sentencia por lo general no actúan con total independencia.
En suma, tal y como ahora están las cosas, la Justicia española necesita una reforma profunda y urgente.
- No todo es negativo: junto a todo lo anterior, la ciudadanía piensa también que nuestra Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades; que los tribunales suelen dar finalmente la razón a quien efectivamente la tiene; que en general los jueces no están predispuestos, de entrada, a favor o en contra de ninguna de las partes implicadas (aunque luego, tiendan a dejarse influir); y que, en todo caso, son tan buenos como los de cualquier otro país de la Unión Europea.
- Ocho de cada diez españoles piensan que la Administración de Justicia debe ser evaluada, en cuanto a su funcionamiento como cualquier otro poder del Estado.
