Camacho ha explicado que la Secretaria de Estado de Seguridad ha pedido a la abogacía del Estado la elaboración de un informe para determinar si el convenio para la puesta en marcha del CIRCAMP se ajusta al Estado de Derecho.

«Se está elaborando un instrumento de colaboración que ha de cumplir con todas las garantías exigibles, dado que su ámbito de aplicación esta directamente relacionado con la libertad de comunicaciones», ha apuntado Camacho.

Ha asegurado que su secretaría «es consciente de la relevancia de este fenómeno pero también de la necesidad de que el mismo se enmarque dentro de los principios del Estado de Derecho». Por ello, ha indicado que «está comprometida en la firma en cuanto hayan finalizado los trámites imprescindibles».

Camacho ha señalado que en el año 2009 la Comisaría General de la Policía Judicial mantuvo contacto seis empresas proveedoras de servicios de Internet para la redacción y firma de un convenio con la Secretaria de Estado de Seguridad «manteniéndose esas reuniones en el marco del grupo CIRCAMP».

Camacho ha explicado que el grupo CIRCAMP -en el que participan Europol e Interpol- tiene como objeto la investigación y estudio de ataques sexuales a menores a través de Internet. «Es un proceso de filtrado por el que los proveedores redireccionarán las peticiones de acceso a estas web a una página diseñada por la policía», ha indicado.

En España, según ha subrayado, el proyecto ha sido liderado por la brigada de investigación tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial del cuerpo nacional de Policía. Además, ha destacado que, en las reuniones del grupo de octubre de 2008 la Policía de Dinamarca cedió de forma gratuita un software para llevar a cabo las acciones necesarias de filtrado, como la comprobación del sitio web y el almacenamiento de su contenido.

A su juicio, los actos de abusos sexuales hacia menores son «repulsivos» y ha señalado que para invertir «en lo que va ser el futuro», «resulta crucial la coordinación de esfuerzos entre las fuerzas policiales y las sociedades proveedoras de servicios de Internet».

Camacho ha puesto de manifiesto que existen «otros sistemas con los que trabajan Policía y Guardia Civil» y que La materia sobre la que versa el CIRCAMP está prevista en la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. Así, ha indicado que «si un determinado servicio de la sociedad de la información atenta contra los principios que aparecen expresados, los órganos competentes podrán tomar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que la vulneren».

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