El argumento señala que mejorar la «seguridad jurídica» de los propietarios de viviendas en alquiler «sin menoscabo de los derechos de los inquilinos de buena fe», informó el Ministerio de Vivienda en un comunicado.
El fundamento de esta ley, en vigor a partir del 24 de diciembre, radica en la necesidad de impulsar un amplio mercado en arrendamiento.
Argumenta que «la existencia de un gran número de viviendas desocupadas es contradictorio e inaceptable, dadas las necesidades de una parte importante de la población», asegura el Ejecutivo.
La norma modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Propiedad Horizontal, para facilitar acciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios.
