Por Pilar Sánchez-Bleda, socia directora de Legal & Media Advisers.
El fracaso de la polémica “Ley antidescargas o Ley Sinde”, que preveía el cierre de webs que favoreciesen la descarga de archivos protegidos por derechos de autor sin autorización para ello (descargas ilegales), cuestiona la compatibilidad entre la red como medio libre y neutral y la protección que nuestra legislación otorga a los creadores de obras mediante el reconocimiento de unos derechos derivados del hecho de su creación (derechos de propiedad intelectual).
Antes de cualquier pronunciamiento respecto del dilema planteado, no deben obviarse las siguientes realidades:
(i) el modelo de consumo de cultura ha cambiado, cada vez se consume más cultura por la red y
(ii) el fenómeno de las descargas ilegales en España ha alcanzado proporciones inimaginables y sigue creciendo. Según la consultora estadounidense ID Reseach, en España, el valor total de lo pirateado en Internet durante el primer semestre del 2010 superó los 5.200 millones de euros, siendo la tasa de piratería en media ponderada del 77% para el conjunto de los mercados analizados (música, películas, videojuegos y libros).
Así las cosas, consideramos que el problema radica en el camino que debe recorrer la creación para llegar a los destinatarios finales de la cultura, camino que en la mayoría de ocasiones está plagado de intermediarios, que encarecen la creación, dificultando en cierta medida el acceso a la obra y, por tanto, a la cultura.
Por todo ello, si bien es loable defender el acceso universal a todas las manifestaciones de las creaciones humanas no es menos cierto y defendible que los estados tienen la obligación de proteger a los creadores de diversas obras, de modo que los autores puedan obtener unos rendimientos razonables por sus creaciones. Es el medio para incentivar la creatividad y contribuir a un enriquecimiento cultural que debe ser preservado.
Así pues, creemos que la solución no pasa ni por una sobreprotección de los derechos de propiedad intelectual existentes ni tampoco por permitir las descargas ilegales de manera abierta, sino por buscar mecanismos que permitan el acceso legal a los contenidos respetando los derechos de autor a precios razonables, algo posible y viable en la actualidad gracias a plataformas que han comenzado a ofertar todo tipo de contenidos a precios bastante reducidos y prevén una continúa ampliación de oferta.
Ha de apostarse por el desarrollo de estos nuevos modelos de negocios que trae consigo la red, algo frente a lo cual la industria existente deberá adaptarse, con la finalidad de crear más oferta legal en España.
Por tanto, no es ya una cuestión de posibilidad tecnológica, es una cuestión de concienciación y de responsabilidad. Países como Estados Unidos, Alemania; Inglaterra, Suecia o Francia tienen leyes muy duras contra las descargas de contenidos no autorizadas. España necesita una “ley balanza”, que aúne intereses, que establezca reglas de actuación para la descarga de contenidos autorizados a precios competitivos y que no permita la impunidad si se atenta contra derechos protegidos.
Buscadores y creadores de contenidos (autores), operadoras de telecomunicaciones y usuarios hemos de abogar por un marco legal modulador. Debemos posicionarnos para que la regulación legal sea lo más eficaz posible, planteando un sistema de descargas controlado, asequible desde una óptica económica y respetuoso con los derechos de propiedad intelectual. Equilibrio difícil, pero no imposible.
Este futuro marco normativo debería además complementarse con políticas de autorregulaciones sectoriales, tendentes a optimizar las descargas controladas de los contenidos autorizados en una red global y libre. Binomio (ley más autorregulación) que otorgaría un entorno de seguridad jurídica a todos los internautas del nuevo mundo virtual.
Como decía Groucho Marx: “¿Pagar la cuenta? ¡Qué costumbre tan absurda!” no puede ser la pauta de actuación de la sociedad española, no debería serlo. Es necesario plantarle cara a esos negocios que se lucran con la obra de terceros y generar una mayor oferta legal de contenidos en red. Es ahí donde el Gobierno, sin dar la espalda a la realidad social, y teniendo presente las pretensiones de los “agentes de la red” tiene el deber de concienciar, regular y proteger.
