La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha informado de estas medidas en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los nueve altos cargos suprimidos se unen a los 33 eliminados a finales del pasado mes de abril.
El Ejecutivo ha eliminado también la figura del alto representante para la presidencia española de la UE, que tenía rango de secretario de Estado, una vez concluido el semestre de mandato europeo.
Exteriores mantiene las Secretarías de Estado para la UE y la de Cooperación Internacional y funde las de Asuntos Exteriores e Iberoamérica, que tendrá esta denominación.
El Ministerio de Industria ha cambiado la estructura de la Secretaría de Estado de Comercio, que pasará a ser Secretaría de Estado de Comercio Exterior y a cuyo frente estará Alfredo Bonet, y de la Secretaría de Estado de Turismo, que será Secretaria General y en la que se mantiene Joan Mesquida.
Según anunció de la Vega, las competencias de Comercio Interior pasan a depender de la nueva Secretaría General de Turismo y Comercio Interior. Estos cambios, destacó De la Vega, suponen suprimir la Secretaría General de Comercio Exterior y la Secretaría de Estado de Turismo, dentro de la política de austeridad del Gobierno.
Destacó que los cambios en el área de turismo no significan que el Gobierno no vaya «a seguir trabajando cada vez más en un ámbito clave para la economía y la sociedad española». «Salen reforzadas las competencias del sector turístico», añadió De la Vega, quién subrayó que estos cambios responden a necesidades de reestructuración y «no suponen ninguna merma de la importancia que tiene el Turismo en la política del Gobierno».»Todos los compromisos (con el turismo) están», dijo.
Mientras que Joan Mesquida seguirá dirigiendo la nueva Secretaría General de Turismo y Comercio Interior, Alfredo Bonet, hasta ahora secretario general de Comercio Exterior, pasará a ser secretario de Estado de Comercio Exterior. Se suprime el cargo de la hasta ahora secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo.
Las delegaciones del Gobierno de todo el territorio nacional tendrán dos nuevas áreas funcionales, una de trabajo e inmigración y otra de sanidad y política social, conforme el Decreto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros que reestructura la distribución del trabajo en estas dependencias oficiales.
Según ha explicado de la Vega, el objetivo de esta medida es «garantizar la optimización de recursos y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos».