El Partido Popular ha recordado este jueves que «está en manos de la fiscalía y de los jueces» prohibir el acto convocado por los etarras excarcelados tras la anulación de la Doctrina Parot y que pretenden apoyar a sus compañeros aún recluidos, que el pasado 28 de diciembre hicieron público un comunicado en el que reconocían el daño causado y aceptaban la legalidad penitenciaria.
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha confiado en una entrevista en la Cope en que finalmente este acto no se celebre. “La democracia tiene una deuda impagable con las víctimas del terrorismo, de modo que no deben celebrarse actos que supongan una humillación para ellas”, ha señalado.
El acto en cuestión es una convocatoria pública seguida de una comida, convocada por el colectivo de presos EPPK y en el que participarán 63 etarras recién excarcelados tras la anulación del a doctrina Parot, según la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por Dignidad y Justicia. Esta asociación de víctimas ha pedido la prohibición del acto por considerar que su fin es apoyar a los presos de ETA que siguen encarcelados y que, por lo tanto, constituiría un delito de enaltecimiento del terrorismo
La asociación Dignidad y Justicia pidió este miércoles a la Audiencia Nacional que prohíba la convocatoria que está prevista en la localidad vizcaína de Durango. Dignidad y Justicia considera que la comparecencia pública y posterior comida de los excarcelados organizada en el Café Teatro Antzokia de la citada localidad tiene como objetivo «mostrar su apoyo y solidaridad, con el consiguiente homenaje, al resto de la organización terrorista ETA que aún se encuentran encarcelados».
La asociación denunciante cree que este acto podría constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo y pide a la Audiencia Nacional que encargue informes a la Policía Nacional y autonómica y a la Guardia Civil sobre el acto y el órgano y persona convocante, para luego, en base a ellos, prohibirlo. Asegura en la denuncia que la convocante del acto es KT1 («Koordinatzio Taldea»), una «subestructura del EPPK» dirigida por Arantza Zulueta, abogada imputada en una causa que investiga a varias personas que supuestamente servían de enlace entre ETA y sus presos.
