¿En cuantos países europeos usted puede imaginar a un político diciendo: “Estamos en una competición mundial por el talento y debemos conseguir nuestra parte” como hizo el ministro neozelandés de inmigración en 2005?
¿Está España con su política migratoria afianzando sectores claves de la economía?
Una nueva reforma de la Ley de Extranjería está en ciernes. El Gobierno ha considerado inaplazable la modificación y ha preparado un nuevo marco legal, para según sus palabras, “gestionar una inmigración más compleja que hace cinco años”.
El Anteproyecto quiere adaptar los derechos de los extranjeros residentes e irregulares a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional garantizando la equiparación de derechos fundamentales como el caso del derecho a la reunión, a la educación, a la libertad de sindicación, afiliación y huelga, en las mismas condiciones que tenemos los españoles. De igual forma incorpora diferentes Directivas Europeas y construye un acceso escalonado a otros derechos a partir de la residencia legal, como son los casos del derecho de ayudas en materia de vivienda y de reagrupación familiar.
Importante transformación es la que se produce entorno al derecho a la asistencia jurídica gratuita en la que se ciñe a los procedimientos administrativos en los casos de devolución, retorno o expulsión y en los procedimientos en materia de asilo. Se elimina el acceso gratuito a los tribunales de los extranjeros que no se hallen en España, con lo cual habrá un descenso considerable en el reparto de asuntos, eliminando la justicia masa en la que hoy estamos sumergidos y que, a pesar de ella, está dando lugar a sentencias de calado que son las que están forjando muchos avances en materia de extranjería y a la Jurisprudencia que ocasiona reformas como ésta.
Está claro que la reforma de la ley desea otra inmigración y por ello perfecciona el sistema de inmigración legal basada en las necesidades del mercado de trabajo. Así se establece que el mecanismo de concreción de la situación nacional de empleo se fijará en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y crea un procedimiento determinado para la entrada de investigadores y sus familiares.
Otra de las medidas más relevantes y coherentes con los tiempos actuales y uno de los avances más significativos es la modificación del concepto de reagrupación familiar. En este sentido se prioriza la reagrupación de la familia nuclear con el objeto de lograr una mejor y mayor integración en España.
Así a los reagrupados en edad laboral se les autorizará para trabajar y se amplía el concepto “familia” conforme a la actual interpretación extensiva de la Jurisprudencia en tanto que podrán ser reagrupadas personas en análoga relación de afectividad a la de cónyuge siempre que se acredite la misma y reúna los requisitos necesarios para producir efectos en España.
De igual forma regula la movilidad de los residentes de larga duración y sus familiares en otros países de la Unión que quieran residir en España para realizar una actividad laboral.
En aras a la mayor integración de los inmigrantes se adoptan medidas específicas para favorecer tanto el aprendizaje del castellano y las lenguas co-oficiales, así como acciones formativas para el conocimiento de nuestros valores constitucionales.
Europa se vuelve vieja y uno de los objetivos de acción es promover la Unión como centro mundial de excelencia de la enseñanza y formación profesional. El Consejo de la Unión Europea en 2004 ya estableció la estrategia de beneficiar la movilidad hacia la Comunidad de los nacionales de terceros países a efectos de estudios y para ello insta a las legislaciones nacionales de los Estados miembros a colaborar en cuanto a las condiciones de entrada y residencia de los estudiantes, de ahí que veamos en el Anteproyecto un procedimiento específico sobre la estancia y movilidad de los estudiantes en nuestro país
Y por último se adoptan nuevas disposiciones contra la inmigración irregular. Se incorporan varias Directivas entre las que cabe destacar la de protección a víctimas de trata de seres humanos y la obligación de los transportistas de comunicar a las autoridades los datos de las personas transportadas, como venía haciendo con los pasajeros de las aerolíneas.
Subrayamos entre los instrumentos preventivos la innovación normativa al recoger la posibilidad de que quede registrada la entrada y salida del territorio español de los extranjeros no comunitarios a los efectos de control de su periodo de permanencia legal en España.
Se abre un catálogo de nuevas infracciones y sanciones no recogidas en Ley de extranjería hasta ahora: las destinadas a empresarios que no cumplen con las obligaciones dimanantes de la autorización laboral, a los que promuevan la permanencia irregular en España de un extranjero y a los titulares de vivienda que empadronen indebidamente.
El Gobierno considera necesario recoger que es al Estado al que corresponde la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política migratoria dejando claro que sólo éste puede fijar la política integral. Todo ello para coordinarse con las políticas definidas por la Unión Europea y para evitar futuras disparidades de criterios de las comunidades autónomas que vayan a tener competencias en materia de inmigración.
A España para poder competir le faltan medios y por ello el Gobierno insiste en querer modernizar la Administración para dotar de más agilidad a los trámites, cuestión necesaria y urgente si queremos atraer a los 100.000 cualificados que necesitamos para continuar con nuestro nivel de desarrollo. En concreto debe dotar de más medios materiales y personales para unificar criterios consulares, agilizar la emisión de visados y facilitar el acceso de los extranjeros a los consulados, eliminando las ingentes colas que muchos de ellos sufren. No nos hemos de olvidar que los Consulados son la primera carta de presentación de España con la que se encuentra el talento.
Para continuar con la conquista de los mejores no sólo basta con una modificación de la ley de extranjería y con dotar de más medios a la Administración, el Gobierno tiene otros retos si quiere posicionarse:
Dotar a la Administración de formación en nuevas fórmulas mercantiles existentes fruto de la economía global para mayor comprensión de las empresas que necesitan trabajadores extranjeros;
Ha de ampliar el catálogo nacional de ocupación para recoger nuevas profesiones que ya se demandan;
Mayor agilidad en la homologación de títulos universitarios.
Dar más facilidades a nuestros extranjeros para que se puedan acoger a los Convenios Internacionales de Seguridad Social que tienen firmados sus países con el nuestro, no dejando sólo este supuesto a los trabajadores transnacionales;
Ha de unificarse conceptos jurídicos con otras disciplinas, como es el caso del termino “residencia” que tiene diferentes acepciones si lo empleamos en materia civil, mercantil o fiscal;
Mayor rapidez en la trasposición de Directivas y sobre todo en la futura blue card, para muy cualificados.
Y otro de los retos que tiene y una de las cosas que más se echan de menos y que no puede recoger la Ley de Extranjería es un cambio de la mentalidad en nuestra sociedad a la hora de acoger a los de fuera.
Cierto es la necesidad de integración para una convivencia pacífica, pero también es necesario eliminar el miedo a “lo exterior” y con ello una mayor tolerancia entre los nuestros sobre otras formas de hacer, otros estudios realizados en otras universidades, otras formas de liderar,… No nos vienen a quitar nada, los necesitamos. Yo lo digo por si entre los motivos de oposición de nuestros estudiantes al Convenio de Bolonia pudiera estar éste.
Teresa Marañón
Socia-Directora Bering Abogados
