Entrevista con Edmundo Bal, presidente de la Asociación de Abogados del Estado

Reconoce su enorme satisfacción de presidir esta entidad desde hace dos años y haber podido establecer “ un cauce de diálogo permanente con la Dirección del Servicio Jurídico de la Abogacia del Estado, con reuniones periódicas entre el Director y la Asociación. Y a ello se ha unido el reconocimiento de un status a la Asociación en la toma de decisiones que afectan al colectivo, de modo que la Dirección nos da trámite de alegaciones en los proyectos normativos que van a regir nuestras condiciones de trabajo, así como participación directa en todos los proyectos importantes.

Para Edmundo Bal, presidente de la Asociación de Abogados del Estado, una entidad con más de treinta años de vida “Si no es por los Organismos reguladores del mercado en España y Europa (en definitiva, por la regulación administrativa), la crisis hubiera sido catastrófica. Sin unas Administraciones Públicas potentes, dotadas de su mejor capital humano –incomparable en su dedicación, preparación técnica e independencia profesional, dentro del Grupo A, con el del sector privado–, suficientemente motivado, no podría el sector privado, por sí mismo, salir de la crisis.” Ahora la Abogacía del Estado mientras estudia la propuesta de convertirse en una Agencia Jurídica Estatal plantea una colaboración incondicional con el Ministro Caamaño en el proceso de modernización de nuestra justicia.

La Asociación de Abogados del Estado se crea en 1977, como señala el artículo 4º de sus Estatutos, “para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado”. Es evidente que destaca la circunstancia de que exista una única asociación profesional que integre a Abogados del Estado. Esta característica es consecuencia directa, en primer lugar, del carácter absolutamente profesional de la Asociación de Abogados del Estado. Pero, además, también ha contribuido a ello de una forma notable la prudencia y moderación con que en todo momento han actuado quienes la dirigían y quienes la han sostenido con su colaboración personal. Prudencia en ningún caso reñida con la precisa vehemencia con la que se deben atender intereses tan elevados como son los que sirve.

La existencia de una sola Asociación de Abogados del Estado, –que integra, además, a un altísimo porcentaje de éstos, siendo extraño que un abogado no esté asociado– se fundamenta además en el hecho de que forman parte de pleno derecho de ésta –única del Grupo A donde se da esta característica– también los compañeros jubilados y excedentes). Ello refuerza mucho las posibilidades de éxito de las reivindicaciones que plantea, pues demuestra la ausencia de objetivos no profesionales y, sobre todo, pone de manifiesto que, a pesar del individualismo que en muchos casos, para bien o para mal, idenfitica al letrado se presenta, una coincidencia, incluso intergeneracional, en relación con los aspectos básicos de la Abogacía del Estado: de su razón de ser, de su funcionamiento, de su futuro, del ejercicio de la profesión y, en definitiva, del elemento de servicio público que con tanto orgullo desempeñamos.

Esta Asociación tiene como meta siempre como meta la de aunar el logro de los intereses profesionales del colectivo en activo, la promoción del espíritu corporativo entre los Abogados del Estado en distintas situaciones, la defensa del prestigio y calidad de nuestro trabajo y el apoyo decidido y constante a la tarea de defensa de los intereses públicos y generales que la Administración a la que servimos anhela y defiende.

¿Podría explicarnos cuál es el funcionamiento de su institución y cómo se estructura a nivel de Comunidades Autónomas?

Somos un despacho de Abogados que actúa de una manera jerarquizada, en virtud de nuestro principio básico vertebrador, que es el de “unidad de doctrina”. Con él, se pretende que asuntos homogéneos sean tratados de la misma manera, con el mismo criterio, en las distintas partes del territorio nacional por las distintas Abogacías del Estado.

A tal fin, se emiten Circulares e Instrucciones a las Abogacías del Estado desde el órgano central, tanto el Director como las Subdirecciones (las de cometido más general, de lo Consultivo y de lo Contencioso).

En las Comunidades Autónomas, existe un Abogado del Estado-Jefe de la Comunidad Autónoma, con importantes funciones de coordinación de los Abogados del estado-Jefes de las provincias y un amplio margen de autorganización en materia de dotación de bienes materiales y recursos humanos. Igualmente, con amplio poder de decisión, en el marco de esa unidad de doctrina, en los que denominamos asuntos supraprovinciales.

¿Qué balance puede hacernos de estos primeros dos años al frente de esta Asociación?

Muy positivo. Para mi constituye un honor inmenso poder representar a un colectivo tan ilustre como al que pertenezco. Hemos hecho –el plural no es mayestático, me refiero siempre al Consejo Directivo de la Asociación– muchas cosas estos últimos dos años y muchas más quedan por hacer.

Lo más notorio para mí ha sido establecer un cauce de diálogo permanente con la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con reuniones periódicas entre el Director y la Asociación. Y a ello se ha unido el reconocimiento de un status a la Asociación en la toma de decisiones que afectan al colectivo, de modo que la Dirección nos da trámite de alegaciones en los proyectos normativos que van a regir nuestras condiciones de trabajo, así como participación directa en todos los proyectos importantes. Acepte o no, en todo o en parte, nuestros criterios, siempre somos consultados, lo que establece una interlocución provechosa para ambos y un clima de respeto mutuo y cooperación.

Hemos celebrado Convenios de Cooperación con la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) para la impartición de clases prácticas en esta prestigiosa institución. Con la dirección de La Ley para la publicación de los artículos jurídicos que los Abogados del Estado escriben para nuestra Revista. Ésta sigue adelante, con brillantez, gracias a la labor del Consejo Editorial.

Hemos conseguido, por fin, la subvención del Ministerio de Justicia, situándonos a la altura de las Asociaciones de Jueces, Fiscales y Secretarios de Justicia, aunque su importe sea menor.

Hemos mantenido magníficas relaciones con los Ministros que estos dos años han servido el cargo, contando con su apoyo y confianza plena en la encomiable tarea jurídica que realiza la Abogacía del Estado.

Desde el punto de vista interno, se ha fomentado la participación del asociado en la vida asociativa y el Consejo Directivo ha trabajado enormemente en la realización de estudios y trabajos de interés para todos. He intentado en todo momento huir del presidencialismo y la toma de decisiones se realiza de manera colegiada por el Consejo, desestimándose algunas de las cosas que yo mismo propongo, todo ello en un ambiente de gran cordialidad y amistad.

¿Cuáles son las principales preocupaciones del Abogado del Estado en la actualidad? ¿Cómo le está afectando la crisis económica?

Desde el punto de vista del trabajo, se han incrementado enormemente los procesos concursales y el asesoramiento laboral de las entidades a las que asistimos.

Desde el punto de vista funcionarial, nos encontramos en las mismas condiciones que el resto de funcionarios del grupo A1 de la Administración en cuanto a regulación presupuestaria de nuestros salarios, que han quedado congelados.

Todos los funcionarios en general creo yo que en general aceptan esta congelación, sin quejarse demasiado, como consecuencia de su vocación de servicio público.

Aprovecho para decir que me parecen francamente indecentes aquellas opiniones que, desde distintos sectores, abogan por la rebaja del sueldo de los funcionarios, cuando resulta que la crisis la han provocado otros y nosotros seguimos trabajando en nuestros puestos al objeto de ayudar a poder salir de la misma. Cuando con dinero público –de los impuestos de todos los que pagamos impuestos, se entiende– se ha ido a ayudar generosamente a empresas que, en pura teoría liberal, deberían haberse hundido por la dinámica natural del mercado. Si no es por los Organismos reguladores del mercado en España y Europa (en definitiva, por la regulación administrativa), la crisis hubiera sido catastrófica. Sin unas Administraciones Públicas potentes, dotadas de su mejor capital humano –incomparable en su dedicación, preparación técnica e independencia profesional, dentro del Grupo A, con el del sector privado–, suficientemente motivado, no podría el sector privado, por sí mismo, salir de la crisis.

Lo único bueno que debe traer esta situación es que hacia el futuro se tenga como incontestable que, sin regulación, no hay economía que resista. Que el mercado sin regulación tiende periódicamente a la autodestrucción, como consecuencia de unos pocos sinvergüenzas sin escrúpulos que nos hacen caer a todos, cegados por la avaricia.

¿De qué forma articula su entidad su vertiente internacional; qué similitudes existen entre los abogados del Estado españoles y los de otros países afines?

En Europa, Abogacías del Estado muy semejantes a la nuestra son las de Italia y Austria, con quien mantenemos fluidas relaciones, tanto desde la Asociación, como desde la Dirección.

La Dirección ha organizado provechosas reuniones con países sudamericanos, con Abogacías del Estado jóvenes, recién creadas, que quieren aprovechar nuestra experiencia (que este año, supone la de 129 años). Hemos recibido a Abogados del Estado de Uruguay y Costa Rica y se han lanzado proyectos de cooperación mediante viajes, estancias y conferencias en otros países de América del Sur. También se han organizado viajes de cooperación a los Estados Unidos.

Como Asociación, tenemos lazos estrechos con la Asociación de Abogados del Estado de Brasil.

Igualmente la Dirección ha acogido y la Asociación ha recibido a Abogados del Estado de los países del Este. Letonia, Albania y Bulgaria han sido tres de los que nos han visitado.

Recientemente hemos recibido un contacto de la Asociación de Abogados del Estado de Turquía que querían interesarse por nuestras condiciones de trabajo a la hora de tramitar su Ley reguladora. E igualmente de los argentinos.

De todas formas, bien es conocido la poca participación del abogado en sus instituciones. ¿Cómo trabaja su Asociación en este sentido con sus asociados?

Eso no pasa en el Cuerpo de Abogados del Estado. El Abogado colegiado es un profesional liberal que se organiza por su cuenta y huye del asociacionismo. Nosotros somos, de un lado, una organización administrativa sólida y, de otro, un Cuerpo de funcionarios. La Asociación representa a ese colectivo, al Cuerpo, donde se integran no sólo los compañeros en servicio activo, sino también excedentes y jubilados.

El sentimiento de pertenencia a ese colectivo prima en el Abogado del Estado por encima del individualismo natural de las personas y cuando ha habido problemas o, al contrario, cuando ha habido algo importante que celebrar, hemos reaccionado como colectivo de manera inmediata, sin fisuras apreciables, por encima de simpatías o antipatías personales.

Todos hemos aprobado la misma oposición y nos consideramos, por encima de eventuales jerarquías administrativas, compañeros. Esa es nuestra fuerza y lo que nos mantiene unidos, superando absolutamente las naturales discrepancias que puedan existir entre unos y otros sobre temas concretos.

Con la llegada del nuevo ministro, Francisco Caamaño, ¿cree que se podrá abordar con solvencia la reivindicación histórica de su Cuerpo de una mejora retributiva que ayude a apagar las fugas de compañeros al sector privado?

Resulta obvio decir que no es el momento de pretender subidas retributivas. Francisco Caamaño nos ha transmitido su pleno reconocimiento por el buen hacer de la Abogacía del Estado, nos ha dejado su puerta abierta para cualquier cuestión que queramos plantearle y nos ha manifestado su completo apoyo en las reivindicaciones que se puedan, con sentido común y cordura, plantear en el futuro.

¿Qué opinión tiene su Asociación sobre el proyecto del Ministerio de una Agencia Jurídica Estatal, cuál sería el papel de los propios Abogados del Estado?

No cambian las funciones, sino la organización. Se haría más flexible y se adaptaría a la concepción que muchos tenemos sobre que la Abogacía del Estado esto es un despacho de abogados con un cliente público y no una oficina donde priman los procedimientos burocráticos sobre la consecución de resultados.

La Asociación no se ha manifestado aún sobre el proyecto de Agencia, porque debe ser cuando este se ponga efectivamente en marcha cuando se deberán abordar los aspectos concretos de su regulación.

Desde luego, todo lo que nos aproxime a una organización de despacho, a mí, pero hablo de mi opinión, no de la de la Asociación, me gusta mucho. Por supuesto, según y cómo.

¿Cuál puede ser el papel de los abogados del Estado en la modernización de la Justicia?

De colaboración total y absoluta, como hasta ahora. He de decirle que en los últimos años la propia Abogacía del Estado se ha modernizado enormemente en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, su organización y sus procedimientos internos.

Ya, por ejemplo, en muchas Abogacías se reciben las notificaciones judiciales, vía telemática, a través del sistema LEXNET, que me parece un avance sin precedentes en la historia de la Justicia.

La Abogacía del Estado asumirá siempre los retos que le plantee el progreso de las instituciones, respondiendo, como siempre, con lealtad plena al Estado.

En cualquier caso, los principales protagonistas de esta revolución son sin duda los Juzgados y Tribunales, algunos en condiciones materiales muy precarias. Harán falta medios materiales, pero sobre todo hará falta mucha formación y que se destierren las prácticas inveteradas que impiden la agilidad en la tramitación de los procesos.

Por último, denos sus claves para mejorar nuestra justicia como servicio público.

Si tuviera esas claves, el Ministro sería yo. En serio, no hay claves. Ningún problema complejo se resuelve mediante claves, por mucho que algunos se empeñen en la simplificación. La reducción a líneas básicas de éstos y la omisión de los matices hace que los problemas no se resuelvan nunca y que simplemente se parcheen.

Las cosas se resuelven mediante métodos científicos, sin soluciones universales ni dogmáticas, sino esencialmente prácticas. Hay que saber observar, analizar, contar con las opiniones de todo el mundo, hacer pequeños experimentos, equivocarse y tener mucha, mucha paciencia. La política, desgraciadamente, suele pretender resultados inmediatos.