Entrevista con Juan Carlos Estevez, presidente del Consejo General de Procuradores

Se encuentra al inicio de su tercer mandato como presidente de los procuradores españoles y a lo largo de esta conversación mantiene la ilusión y la clarividencia de cualquier profesional. Juan Carlos Estévez es desde el pasado mes de julio del 2001 la cabeza visible de la procura en asuntos nacionales y transnacionales. Una profesión de las más antiguas que se remonta a nuestro Derecho Romano y que gestiona cuarenta millones de notificaciones anuales. Esta entrevista tiene lugar cuando está a punto de marcharse a Paris a acudir a las Jornadas anuales de los Huissier de Justice, organización que abarca a más de sesenta países de todo el mundo. “Es evidente que este año 2009 ha sido duro para nuestra profesión. La procura se abre a nuevas competencias y se muestra colaboradora con el Ministro de Justicia y su plan de modernización. “señala su presidente. Desde su perspectiva es loable indicar el talante conciliador del Ministro que ha sabido lograr el apoyo de todos los grupos políticos para su reforma amén de todas las profesiones jurídicas existentes. En las dos últimas legislaturas “nadie ha logrado lo que ha conseguido Caamaño y hay que elogiarlo. Además ha trabajado de forma eficaz porque ha sabido desarrollar de manera rápida y con el apoyo del CGPJ el Plan de Modernización de la Justicia que se aprobará en unos meses”.

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa nació en La Estrada (Pontevedra) el 12 de abril de 1947. Está casado y es padre de dos hijos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia de Comillas). Ejerce como procurador desde 1971, habiendo desempeñado el cargo Secretario General del Consejo General de Procuradores desde 1983, para el que ha sido elegido y reelegido, ininterrumpidamente, por unanimidad, hasta el momento de presentar su dimisión al mismo.

El 9 de abril de 1999 presentó la citada dimisión, para ser candidato a las elecciones de Decano del Colegio de Madrid. El 6 de mayo de 1999 fue elegido Decano, puesto que ha desempeñado hasta el 27 de marzo de 2007. El 27 de julio de 2001 fue elegido Presidente del Consejo General de Procuradores de España, cargo en el que ha sido reelegido nuevamente. Es también Presidente del Comité de Postulantes Europeos desde el 6 de septiembre de 2008, organismo en el que con anterioridad había desempeñado el cargo de Vicepresidente. Es, además, Vocal Nato de la Mutualidad de Previsión Social de los Procuradores. Desempeña también el cargo de Secretario General de la Unión Profesional desde el 31 de octubre de 2001.

Profesor en la escuela de Práctica Jurídica, ha sido ponente y miembro de la Comisión organizadora en los diferentes Congresos Internacionales de Postulantes de Justicia ante los Órganos Jurisdiccionales de la Unión Europea. También ha participado como ponente y conferenciante en multitud de Jornadas, Seminarios y Simposiums relacionados con diversos temas de interés jurídico o legislativo. Es autor de múltiples artículos publicados en revistas especializadas en temas jurídicos, particularmente sobre temas relacionados con la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en lo relativo a sus novedades procésales, el procedimiento de apremio o ejecuciones hipotecarias, entre otras cuestiones monográficas. Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort

Ha iniciado este año su tercer mandato como presidente de los Procuradores, ¿cómo está evolucionando la profesión en estos años?

Nuestra profesión no ha cambiado esencialmente a lo largo de estos años. Es evidente que nos vamos adaptando a los nuevos tiempos y a la legislación. Cuando entre como presidente del Consejo General acababa de aprobarse la Ley de Enjuiciamiento Civil en julio del 2001 que modificó de forma el ámbito de las profesiones jurídicas existentes. Ahora en unos meses viviremos también momentos importantes desde mayo del año próximo cuando entren en vigor las reformas legislativas que van a impulsar la nueva Oficina Judicial que es fruto del acuerdo de todos los grupos parlamentarios para el desarrollo de este proyecto. Con todo ello, es evidente que podemos hablar de un momento esperanzador para nuestra Justicia. Nos toca ahora a todos los interlocutores del mundo jurídico colaborar para que estas reformas lleguen a buen puerto.

Nuestra profesión tiene antecedentes milenarios. Si hay algo que la define es su adaptación a los cambios sociales y a las necesidades de los tiempos que le ha tocado vivir. No es comparable el trabajo que ha hecho el procurador en el siglo xix por ponerle un ejemplo con el actual.

¿Cuál es el estado de la procura en nuestro país en la actualidad?

Concebida como tal no tiene casi homólogos en el Derecho Comparado Europeo. Quizás la figura el huissier de justice es similar y existe en casi todos los países del mundo, incluido el papel del sheriff en Estados Unidos, no tanto en su figura de guardián del orden como en su role de realizar actos de comunicación similares a los que hacemos nosotros.

Ahora una de nuestras preocupaciones es incrementar nuestra colaboración con la justicia. Esta ampliación de competencias ha hecho que podamos intervenir de forma gradual en la gestión de cobros a través de instrumentos jurídicos, el cobro a través de sociedades tipo cobrador del frac solo es típico de nuestro país. También podemos organizar subastas judiciales como se hacen en varias ciudades españolas tras la última reforma legislativa que da esta facultad a los propios Colegios de Procuradores al igual que ser Almacenes de Depósito de Bienes Embargados.

Como puede ver, somos la única profesión donde los Colegios tienen tanta importancia como sus propios profesionales. No recuerdo otra profesión liberal con este tipo de actividad como nuestras propias instituciones. De todas formas creo que nuestro futuro se encuentra como profesión en especializarnos, tal y como hacen los huissier de justice en los actos de comunicación y ejecución de sentencias.

¿Cómo se adapta los procuradores a las nuevas competencias que se les dan a ustedes?

Es evidente que nos vamos a enfrentar a un nuevo contexto y a nuevas competencias ahora más desarrolladas. A partir del mes de mayo que le mencionaba reforzamos nuestra presencia en todos los actos de comunicación de los procesos civiles que existan. Pensamos que este trabajo nuestro ayudará bastante a agilizar nuestra justicia. También se nos dan más competencias en materia de ejecución de sentencias civiles. Todo esto va a suponer un reto para nuestra profesión pero estoy convencido que saldremos adelante como ya lo hicimos en otros momentos.

Desde este punto de vista intensificaremos la puesta en marcha de cursos de formación para nuestros asociados tanto desde los Colegios hasta incluso desde los propios Consejos Autonómicos. Ofreceremos formación continuada y actualizada de cara a explicarles a los procuradores como van a realizar las nuevas competencias.

Y este año 2009 que ahora concluye, ¿cómo ha sido para su profesión?

Ha sido un año duro. Como ya hemos comentado se ha producido toda la reforma legislativa de la que hemos hablado y que en el mes de mayo veremos sus primeros resultados. En todas estas propuestas hemos colaborado y presentado las enmiendas correspondientes.

Respecto a la profesión en si, hemos luchado en diferentes frentes para que no se viera modificada por la nueva directiva comunitaria de servicios que entrará en vigor a finales de este año. Esta normativa ha llegado a cuestionar el arancel; la incompatibilidad con la abogacía y la territorialidad sin darse cuenta que somos cooperadores necesarios los procuradores de la Administración de Justicia realizando un servicio público por tanto que pocas profesiones realizan en este sentido.

En estos momentos solo el tema de la territorialidad se encuentra pendiente. Logramos mantener la incompatibilidad con la abogacía a través de una enmienda del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que aprobó esta cuestión a través de una ley y que entro en vigor el pasado 5 de noviembre.

En estos momentos estamos discutiendo en el Senado a través de diversas enmiendas sobre el tema de la territorialidad. Perder la territorialidad el procurador puede generar un caos en la justicia importante. Pero es la propia directiva de servicios a través de sus Leyes Paraguas y Onmibus quienes hacen que desaparezcan la territorialidad en todas las profesiones.

Después de aprobarse la incompatibilidad con la abogacía, ¿qué relación mantienen con este colectivo en la actualidad?

Es evidente que hubo un roce importante que ahora se ha normalizado con la aprobación de la ley que antes le comentaba. Mi relación con el presidente de los abogados, Carlos Carnicer, es buena desde hace muchos años. Somos amigos desde antes de que fuéramos presidentes y luego, paradójicamente presidimos ambos Consejos desde el mismo día y casi la misma hora (sonríe)

En todo este debate de la directiva de servicios se ha alzado como contrario la voz de Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, ¿le ha sorprendido su visión de estos temas?

Creo que somos de los países que más lejos ha ido en la transposición de la misma. Desde este punto de vista discrepamos en muchas cuestiones con el propio Berenguer quien tenía una idea diferente de lo que es la procura, como así se ha visto en los periódicos informes que se han publicado sobre este tema desde la propia CNC. El propio Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la incompatibilidad con la abogacía.

En las conversaciones que he mantenido con él creo que no hemos sabido explicarle de forma adecuada lo que es la profesión de la procura y sus diferencias. Siempre es complicado conversar con los economistas en estos temas (bromea). Porque la tendencia es a confundir la abogacía con la procura, cuando son realidades distintas. La propia CNC no ha advertido el servicio público que hacemos los procuradores que funcionamos, sin serlo como una especie de prolongación de la Administración de Justicia. La propia Directiva contempla excepciones en casos de interés general, como es el nuestro, tal y como le estoy comentando.

Estamos seguros que contra la tendencia a la implantación de otras directivas comunitarias, la directiva de servicios se implante en su plazo a finales del próximo mes de diciembre.

¿Cómo ve el futuro de los Colegios Profesionales, al amparo de la citada directiva de servicios?

La citada directiva cuestiona tanto la obligatoriedad de la colegiación como el futuro de los propios Colegios. Históricamente hay que reconocer que los Colegios Profesionales han sido siempre incómodos para el poder político. Ha sido una fuerza molesta que no estaba domesticada. Sin embargo es evidente que reconocen la importancia de su trabajo y transcendencia social. Está reconocida su existencia en la propia Constitución española por lo que el debate debe centrarse en la cuestión antes aludida de la colegiación.

La respuesta a este asunto no es sencilla. Todo depende de la necesidad de determinadas profesiones. Hay profesiones que necesitan la colegiación y otras que no parece tan necesario. En nuestro caso la colegiación si es obligatoria y le voy a explicar porqué. Hay competencias como son las de los Salones de Notificaciones que vienen a través de los propios Colegios.

¿Cómo valora que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, considere a los procuradores como pieza esencial de la reforma de la justicia?

En primer lugar quiero destacar el talante conciliador del Ministro que ha sabido lograr el apoyo de todos los grupos políticos para su reforma amén de todas las profesiones jurídicas existentes. En las dos últimas legislaturas nadie ha logrado lo que ha conseguido Caamaño y hay que elogiarlo. Además ha trabajado de forma eficaz porque ha sabido desarrollar de manera rápida y con el apoyo del CGPJ el Plan de Modernización de la Justicia que se aprobará en unos meses.

Cuando se habla de modernización de la justicia hay que darse cuenta de las Comunidades autónomas con competencias transferidas.

Es cierto este extremo que usted apunta. España es un país complejo para muchas cosas y la justicia es una de ellas. De todas formas estoy convencido que el Ministro habrá tenido contactos con los Consejeros de Justicia respectivos y que éstos le habrán ofrecido la colaboración que necesita este proyecto. Hasta la fecha la coordinación era escasa como se ha visto en el campo tecnológico donde cada Comunidad ha tenido un sistema telemático que ahora va a adaptarse a Lexnet, la gran apuesta del Ministerio

Ahora que habla de la ejecución de sentencias, según los expertos consultados éste es uno de los problemas de nuestra justicia, su lentitud.

Habla de uno de los problemas clave sin lugar a dudas, especialmente en la jurisdicción civil. A lo largo de mis viajes por Europa me doy cuenta que no estamos tan mal a nivel de justicia salvo en los casos civiles. Pero tenemos el gran problema en la ejecución de las sentencias. La verdad creo que la procura tiene mucho que hacer y decir en este contexto de cara a ayudar a solucionar esta cuestión.

¿Desde cuándo se vincula la procura a Lexnet, el programa tecnológico del Ministerio, entonces?

Nuestra profesión es de las pioneras en el impulso de las tecnologías en el campo jurídico. Nosotros hicimos un intento en los años ochenta en este sentido. Quizás no fuera el momento porque no tuvimos mucha aceptación en ese proyecto. En Zaragoza pusimos en marcha una iniciativa de este tipo que quedó abortada cuando en la época de Angel Acebes como Ministro, el propio Ministerio abordó todo el tema tecnológico en la justicia. Como puede comprobar nuestro espíritu colaborador en este tema es notable y seguiremos trabajando en este sentido con la propia Administración. Lexnet tendrá un gran apoyo cuando esté en marcha en los propios procuradores. Ahora en este proyecto colaboran cerca de 5.000 procuradores de toda España. Quizás donde estemos más atrasados sea en Madrid donde no hay un sistema propio ni se ha adherido a Lexnet. Tampoco existe en Navarra, Cantabria, País Vasco y Canarias.

En este contexto de reformas, ¿le sorprende que el presidente del Consejo de la Abogacia públicamente manifieste la necesidad de impulsar los métodos extrajudiciales en nuestra sociedad?

Hablar de las soluciones extrajudiciales es más complejo de lo que parece. En nuestro país se viene intentando desde hace tiempo este tema y los resultados no son los que se esperan.

El propio ciudadano, como hecho cultural, busca a un abogado para solventar un problema que le surja. Incluso en casos que propones buscar una solución extrajudicial el cliente reclama la presencia del juez en su causa .Es un hecho cultural que costará superar desde luego.

Otra cuestión es la mediación que puede funcionar y funciona en la jurisdicción de familia y en la penal a través de diversos experimentos que se están realizando. El ciudadano quiere una sentencia y que está se ejecute como le comentaba con anterioridad. En este momento será clave el papel de la procura en los próximos años no me cabe duda.

El ciudadano apela a los métodos tradicionales de justicia, ¿pero qué imagen tiene del procurador en la actualidad?

Pese a los esfuerzos por ganar visibilidad en la sociedad seguimos siendo bastante desconocidos a nivel de funcionamiento. Este ha sido uno de nuestros defectos históricos que no hemos sabido darnos a conocer. Otra cuestión es el concepto que las otras profesiones tienen de la procura que considero que es muy valorada por el trabajo que realizamos.

Creo que con este afán modernizador del Ministro Caamaño podremos reconducir este conocimiento nuestro a nivel social bastante. Tenga en cuenta que casi toda la producción de los Tribunales españoles pasan por nuestras manos. Alrededor de 40 millones de notificaciones anuales más o menos, de las que algunas vienen ya vía Lexnet. Esta es una de las tareas que realizamos pero tenemos que avanzar en otras tareas de acuerdo con los tiempos que vivimos.

Por último, este año de crisis, ¿cómo ha afectado a la procura en general?

En primer lugar tenemos más trabajo pero hay también más problemas a la hora del cobro de alguno de los asuntos. Y no afecta igual a todos los territorios desde luego. En Levante ha habido especial incidencia en los temas hipotecarios, al ser la comunidad española con mayor índice de segundas viviendas. Es lógico pensar que los apuros de las familias hacen que dejes de pagar esta vivienda de recreo.


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