Desde hace más de treinta años su firma, Casajuana Abogados, se ha especializado como despacho de abogado en el asesoramiento general de la empresa y principalmente en las áreas de Propiedad Industrial, Derecho de la competencia, Derecho de Sociedades, contratación mercantil, inversiones extranjeras y Derecho laboral. Desde hace unos años la firma, consciente de la globalidad del mercado jurídico, ha puesto en marcha la red de bufetes NETIURE en España y Portugal y LAWLINK desde el punto de vista europeo. Para su socio fundador, José Luis Casajuana y presidente del Foro Juristas de Empresa, resulta evidente la colaboración entre el abogado de empresa y el externo sin que por ello surjan fricciones notables debido a la complejidad empresarial actual.
¿Podría explicarnos cuál es el alcance de la red NETIURE que su firma impulsa en las principales ciudades españolas?
Nuestra red pretende articular bufetes en España y Portugal para prestar al cliente un servicio integrado, de calidad y con una atención personalizada en donde le sea necesario. Para conseguir ese objetivo hemos cuidado de incluir equipos de abogados con experiencia, preparación, profesionalidad y lealtad. Nuestro reto es satisfacer las exigencias de los clientes en la mejor manera y a un coste competitivo.
Desde su punto de vista, ¿cuál es la mejor fórmula para crecer de cara a la expansión de un despacho de abogados, best friends o incorporarse a la red?
Mi preferencia es una red integrada que cubra un determinado ámbito geográfico. De esa forma se alcanza un grado mayor de conocimiento entre los miembros; con ellos se suele coincidir en múltiples encuentros a lo largo del tiempo. Las colaboraciones puntuales con otros profesionales, al margen de una estructura establecida, la veo más indicada para lugares a los que aún no se haya extendido la red a la que se pertenezca.
¿Cómo afronta su firma la internacionalización de los mercados? ¿Cuáles son en estos momentos los nuevos mercados para la abogacía española?
Todos los miembros de NETIURE formamos parte de una agrupación europea de interés económico LAWLINK que cuenta con despachos de abogados en los principales países europeos. Para las necesidades de trabajo fuera de Europa recurrimos a la colaboración puntual con gabinetes contrastados.
Los abogados tenemos que acudir allí donde llegan quienes nos contratan. Los nuevos mercados con los que más se está incrementando el tráfico económico y jurídico son los del este de Europa y las economías emergentes de Asia y América.
Usted que es presidente del Foro de Juristas de Empresa, ¿cómo cree que coexisten el fenómeno asesor externo con el del abogado de la empresa?
Los departamentos jurídicos internos suelen tener un conocimiento exhaustivo de los campos del Derecho en los que se desarrolla la actividad de su empresa. Para el resto de necesidades lo lógico es contratar los servicios de un bufete que cuente con la especialidad requerida. Esta doble vertiente de asesoramiento o defensa no suele comportar ninguna fricción sino todo lo contrario. Los responsables de las secciones jurídicas de las compañías suelen coordinar con acierto y fluidez esa imprescindible cooperación con los abogados externos.
¿Cómo ve el fenómeno de la excesiva regulación de la actividad empresarial? ¿Vislumbra una solución a corto plazo sobre esta cuestión?
La reglamentación creciente en toda la actividad económica y empresarial es consecuencia del papel garante asumido por el Estado hacia el mercado, los consumidores, el medioambiente, etc. No sería realista creer que esa tendencia reglamentista fuera a invertirse notablemente a corto plazo en los países europeos de nuestro entorno. Menos aún podemos esperar una menor cautela y control en una situación como la que estamos viviendo. Si se exige a los gobiernos nacionales que cuiden del bienestar de sus ciudadanos, saliendo al paso por ejemplo de la crisis financiera actual, es lógico que funcionen los organismos reguladores con eficiencia. La seguridad jurídica exige, en ese contexto, el establecimiento de normas que reglamenten la actividad empresarial.
¿Cuál es su opinión sobre la Ley Concursal? ¿A su juicio han sido efectivos los juzgados de lo mercantil?
La vigente Ley Concursal de 2.003 ha supuesto la modernización de nuestro ordenamiento. Mi opinión al respecto es altamente favorable. La creación de los Juzgados de lo Mercantil era una necesidad inaplazable en España. Podemos tener diferencias en cuanto a las materias que merecen incluirse dentro de su competencia, pero no existen discrepancias sobre el acierto de contar con una Jurisdicción Mercantil especializada. En términos generales la experiencia desde su creación ha sido positiva. La especialización de la magistratura en los temas mercantiles ha permitido mejorar la calidad de las resoluciones. El inconveniente de los Juzgados de lo Mercantil es lo reducido de su número para los ingentes procedimientos que les compete conocer. Esta circunstancia se ha recrudecido con la avalancha de procedimientos concursales de los últimos meses.
¿Qué opinión tiene sobre los juicios rápidos que quiere implantar el CGPJ para temas mercantiles de escasa cuantía?
La celeridad en la administración de justicia es la constante aspiración de quien recurre a la misma. Cualquier medida que se adopte en esa dirección contará con el respaldo generalizado. Otra cosa es cómo lograr la rapidez. Sería censurable que se agilizara la solución de los pequeños litigios en detrimento de la gestión de los asuntos más complejos.
¿De qué forma cree que se podría desarrollar el modelo arbitral en nuestro país para que fuera efectivo?
No es fácil derivar los hábitos españoles hacia un mayor uso de la institución arbitral para solución de conflictos. La vigente Ley de Arbitraje es una buena herramienta para conseguirlo. Para que los operadores económicos y consumidores en general recurran al arbitraje es imprescindible crear instituciones arbitrales que se ganen su confianza. Que les convenzan de su imparcialidad, de su especialización en las distintas materias, rapidez en la emisión de laudos y todo ello a un coste razonable. El prestigio siempre es fruto de una trayectoria satisfactoria.
¿Qué solución puede darnos sobre el problema de la justicia en nuestro país?
Nuestro país necesita una Administración de Justicia ágil, de calidad y efectiva. Se debe continuar con la reforma de nuestras leyes procesales, especialmente la de enjuiciamiento criminal. Ha de incrementarse sensiblemente el número de Juzgados, sobre todo en las ciudades de mayor población. El déficit se nota más en el número de jueces que en el resto de funcionarios; necesitamos más jueces que permitan desdoblar el número de juzgados sin necesidad, quizás, de aumentar demasiado la plantilla actual de oficiales y auxiliares. Convendrá progresar en la especialización de los jueces y magistrados. Existe unanimidad en la implantación de nuevas tecnologías en nuestros tribunales. Se puede mejorar en el cumplimiento de jornadas por los servidores de la Justicia. Y cabe aplicar muchas otras medidas para ganar en calidad; por ejemplo establecer, a disposición de los juzgadores, equipos centralizados de consulta altamente especializados; disposición de servicios de preparación continua, etc…
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