Recientemente ha tenido lugar en Gijon la XIII Asamblea de la Asociación Francisco de Vitoria, segunda asociación judicial del país que ha pasado revista a los temas capitales de este colectivo en particular y del actual momento que vive nuestra justicia en particular. Asuntos como la nueva oficina judicial, la modernización informática del aparato judicial y las reformas urgentes que requiere la judicatura fueron algunos de los temas que se abordaron en estos tres días de trabajo.
Lorenzo del Rio, Presidente de la Audiencia Provinciai de Cádiz desde 1998 es el actual portavoz de esta entidad. Profesor de Derecho Penal, Coordinador del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial, ha sido ponente en innumerables actividades relacionadas con los temas civiles y penales. Ha sido Vocal de diversas Comisiones creadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Reforma de la Oficina Judicial, Informática Procesal, Cooperación y Coordinación. En la actualidad forma parte del grupo de Consultores Internacionales, que colaboran con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)en la formación de Jueces Hispanoamericanos.
¿Podría explicarnos cómo valora los esfuerzos del nuevo CGPJ por modernizar la justicia española?
El CGPJ lleva un mes escaso de funcionamiento y es prematuro realizar una valoración. No obstante, ha exteriorizado la voluntad de abordar los problemas de la justicia y liderar el proceso de reformas sobre la nueva oficina judicial, la modernización informática, y adecuación de la carga de trabajo y planta judicial, reformas urgentes y que no admiten más demoras.
Leyendo las conclusiones del Congreso que acaban de tener nos gustaría saber dónde esta la clave para que el CGPJ sea un órgano creíble y no politizado?
La clave está en repetirse la misma situación del pasado, reveladora cuotas que reproducen la cartografía del Congreso y del Senado (sobre la base de dos sectores político-judiciales bien definidos), cuando, por el contrario, “las pautas de comportamiento partidistas, legítimas en otros ámbitos, han de quedar en el umbral de la lucha por el poder en el seno del tercer Poder del Estado”.
Habría que devolver a los Jueces el derecho a elegir los 12 vocales de procedencia judicial.
Mientras no se haga tal reforma legal, se requiere un ejercicio de responsabilidad de los que tienen la misión de elegir y de los propios designados. Los primeros, optando por mayor pluralidad y personas cuyo nombramiento constituya un hito más en una vida dedicada al derecho, no un trampolín con el que impulsar una carrera profesional. Los segundos, actuando con sentido institucional e independencia de criterio, adoptando los acuerdos que esperarían del CGPJ de encontrarse en el otro lado de la barrera.
Otro de los puntos de estos acuerdos habla del reconocimiento del derecho de huelga de cara a lograr las reivindicaciones de su cuerpo? ¿Cree que será necesario? Hay algún antecedente en Europa sobre este asunto?
La huelga no es un fin en si misma, sino el último medio o recurso para reivindicaciones esenciales, que repercuten no ya en los Jueces, sino especialmente en una tutela judicial efectiva, aspecto básico para los ciudadanos.
No conozco precedentes de huelga, pero sí de convocatorias masivas de jueces para alertar de riesgos en la justicia, por ejemplo en Portugal y recientemente en Francia.
¿Por qué cree que aún la mitad de los jueces españoles no pertenecen a ninguna asociación?
Por la imagen de politización que durante años transmiten las dos asociaciones más conocidas en términos mediáticos -APM y JpD-, asociadas incluso por la prensa a los dos partidos mayoritarios, sin olvidar el carácter individualista de esta profesión, aunque, paradójicamente, se transmita la idea contraria de corporativismo.
¿Donde esta la clave a la hora de crear una judicatura cohesionada como demanda su institución?
En la unidad de acción de las asociaciones, ya que una judicatura cohesionada y no escindida es ejemplo a seguir, al tiempo que favorece la independencia efectiva de sus miembros. Asimismo, en la desvinculación de las asociaciones de las tensiones partidistas, limitándose a la defensa de la función jurisdiccional en todos sus ámbitos y aspectos.
¿En qué momento se encuentran las relaciones del poder judicial con la abogacía? ¿Cree que seria necesario crear un código ético que regulase la actividad de ambos?
Las relaciones son correctas y respetuosas, aunque se produzcan fricciones en determinados momentos o espacios, por comportamientos inadecuados de uno u otro lado. Siempre es positiva una autorregulación ética de las profesiones, exista o no un Código Ético normativizado.
¿Que opinión le merece el cuarto turno que posibilita que los abogados puedan incorporarse a la carrera judicial?
Como complemento del sistema principal de acceso por oposición, es un sistema útil y bien valorado, que abre una vía de acceso especializada a personas que, por su experiencia y conocimientos prácticos, puede aportar mucho a la judicatura.
Por último, qué imagen cree que tiene la opinión pública de la judicatura española en estos momentos?
La imagen de la Justicia se deteriorado en los últimos años y su situación no es satisfactoria. Pero, la realidad es mejor que su imagen: una mayoría de quienes acuden a los tribunales valoran favorablemente nuestro sistema judicial. Lo mismo sucede con muchos profesionales, que aprecian la independencia, honestidad y preparación de nuestros jueces.
Desgraciadamente, la justicia del siglo XXI sigue siendo una prioridad pública y exige dos condiciones: disponer de un buen gobierno de los jueces y solucionar las carencias, desidias y los retrasos judiciales.
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