“Mientras España disfrute del dudoso honor de figurar en el Top-ten de países piratas, está claro que queda mucho camino por andar”

El actual Ejecutivo mantiene que el respeto individual y social de los derechos de los autores y demás titulares es imprescindible para estimular e incentivar su actividad creadora, finalmente beneficiosa para toda la sociedad.

Para luchar contra la piratería el Ministerio de Cultura ha emprendido varias acciones, pero ¿son éstas eficaces para mentalizar a la sociedad española de que la piratería es un delito?

Es encomiable el esfuerzo del Ministerio, pero no creo que obtenga una buena respuesta, y no por fallos de diseño de las campañas, sino porque el problema es muy profundo, de carácter social: se ha perdido la filosofía del esfuerzo. Vivimos un trepidante desparrame consumista que lleva a la gente a pensar que por el mero hecho de nacer tienen Derecho natural a piso propio, coche, vacaciones, ropa de marca, etc., etc., y, por supuesto, tener en propiedad todas las “pelis” y toda la música que les parezca oportuno. El argumento que emplea la mayoría de la gente para piratear es el de “es que las pelis/los CDs son carísimas/os…”. La respuesta parece obvia: exactamente igual que muchas otras cosas, y quien no tiene dinero no las compra…pero una gran parte de la sociedad no lo ve así, y, en la impunidad otorgada por el mundo digital, se apropia de lo que no le pertenece.

Es difícil inculcar a un chico que la piratería es un delito cuando a sus padres les parece bien que “se baje pelis” porque así no les pide a ellos dinero. En cualquier caso, espero que el fenómeno se quede sólo en la sustracción no violenta, porque como el modelo siga degenerando veo a la gente asaltando los concesionarios de coches…

Se han aplicado varios métodos para acabar con la piratería, como por ejemplo, la puesta en marcha de la Campaña de sensibilización sobre la protección de los derechos de la propiedad intelectual. ¿Por qué razón cree que ha funcionado únicamente de una forma parcial?

Un poco por todo lo dicho, y un poco porque hay unas fuertes contracampañas aprovechando la implantación del canon digital que hacen aparecer a la SGAE como una especie de Tío Gilito avaro que escamotea el dinero a toda España. Esto es completamente injusto, para empezar porque existen ocho entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual en España, y es solamente la SGAE la que carga con la mala fama, cuando realmente es una entidad cuyos logros son realmente admirables a muchos niveles, además del puramente recaudatorio, y que ha alcanzado un gran y merecido prestigio a nivel mundial.

Por otra parte, los que estábamos en esto en 1992, recordamos que la implantación inicial del canon de copia privada sobre cintas de audio y vídeo vírgenes y fotocopias/fotocopiadoras fue absolutamente pacífica en la sociedad. Obviamente en este momento existen intereses creados que llevan a determinados medios de comunicación a ir contra el canon, contra la SGAE y, de rebote, contra los titulares de derechos de propiedad intelectual. Politizar esto ha sido un gran error.

La creación de la Comisión Intersectorial que actúa contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual, ¿funciona?, ¿hasta qué punto?

Sinceramente, creo que el Gobierno tuvo la mejor voluntad del mundo, pero no creo que sea un órgano muy operativo, y sin entrar en más detalles, simplemente por la dificultad de coordinar agendas para reunirse.

Firmados ya acuerdos de entendimiento para la prevención del fraude fiscal en materia de propiedad intelectual entre la Agencia Tributaria y Promusicae (Productores de Música de España) y Agedi (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) ¿qué pasos deberían darse ahora? ¿queda todavía mucho camino por recorrer?

Mientras España disfrute del dudoso honor de figurar en el Top-ten de países piratas, está claro que queda mucho camino por andar. No obstante, los acuerdos con la AEAT me parecen un gran paso, porque significa implicar en el proceso a un aliado tan poderoso como la Agencia Tributaria que probablemente sea la maquinaria administrativa con niveles de eficiencia más altos de España.

La legislación española ofrece una serie de mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual, existiendo la posibilidad de acudir a acciones administrativas, acciones civiles y acciones penales, pero ¿es suficiente o existen vacíos legales?

El problema no se está planteando con la Ley sino, curiosamente, con su aplicación.

Los Fiscales y Jueces, en general, están llevando a cabo unas interpretaciones legales tremendamente perjudiciales de los intereses de los titulares de propiedad intelectual y, en algunos casos, contrarias a Derecho. Esto sucede, por ejemplo, con la equiparación del “ánimo de lucro” en el delito contra la propiedad intelectual a “ánimo comercial”, lo que produce inmediatamente la impunidad de múltiples conductas defraudatorias, y no es acorde con la Ley.