La Ley de Acceso a la Abogacia, un proceso normativo lento y plagado de incertidumbres

El martes por la tarde saltaba la noticia: una enmienda transaccional presentada por el Partido Popular, que recibió el apoyo del resto de grupos parlamentarios exime a los licenciados en derecho de realizar el máster de acceso a la abogacía. Esta es la última – y parece que definitiva – decisión del ejecutivo respecto a una reforma normativa que comenzó en 2006 y que ha estado plagada de interrogantes. Los expertos consultados por DIARIO JURÍDICO coinciden en señalar que era necesario tomar una decisión respecto a los licenciados en derecho, que a estas alturas del curso todavía no sabían si el curso que viene debían hacer prácticas en un despacho o si por el contrario ya se podían colegiar. Esto ha tenido consecuencias también en las universidades y despachos de abogados, que han estado a la espera de los vaivenes políticos. Precisamente por eso, no dudan en calificar este proceso normativo como lento, plagado de incertidumbres y con falta de planificación.

Con este reportaje echamos la vista atrás para hablar de los inicios de esta norma, de los inconvenientes que ha sufrido en el camino y del futuro que le espera a la abogacía española. Con el análisis y la opinión de profesionales destacados como Pedro L.Yúfera, decano del ICAB y presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Xavier Felip, Director del Máster de ESADE, Federico de Montalvo, Director del Máster de ICADE, Romà Vilanova, Director de Recursos Humanos de Roca Junyent y Juan San Andrés, Director de Recursos Humanos de Gomez-Acebo & Pombo.

El proceso normativo

Mejorar la capacitación profesional de los abogados y armonizar la formación profesional específica con la homologación de Europa ha sido una reclamación del sector de la abogacía en nuestro país durante muchos años. “Los propósitos que se perseguían con esta norma eran acertados”, asegura Juan San Andrés, “éramos el único país de Europa que no tenía un proceso de profesionalización bien estructurado que pudiera crear profesionales con garantías de éxito”. Xavier Felip coincide en que “es positivo pedir un plus de formación a los licenciados porque hasta ahora la formación que recibían era más genérica en derecho, y ser abogado requiere ciertas especificidades”. Para Federico de Montalvo “fue una decisión oportuna la de querer prestigiar a la profesión de abogado a través de una exigencia de requisitos”, pero todos añaden, a continuación, que una cosa es el próposito y otra bien distina la manera cómo se ha llevado a cabo.

Pedro L.Yúfera (foto primera afirma que “partimos de una ley que no tuvo en cuenta la diferencia entre licenciatura y grado, y de esta manera el problema existió desde el principio”. Y es que la ley 34/2006 conocida como la ley de acceso a la abogacía, se aprobó al mismo tiempo que Europa preparaba el conocido como Plan Bolonia, un proceso de convergencia entre las distintas universidades europeas que, a nivel español, sustituyó las licenciaturas por los grados.

La ley 34/2006 estableció una moratoria de 5 años. Según Xavier Felip (foto segunda)  “así se pensó que todos los estudiantes de licenciatura podían estar tranquilos porque la reforma no les afectaría, pero luego se vió que no todos ellos habían acabado la licenciatura, que los estudiantes de doble licenciatura no la podían acabar a tiempo, y en definitiva se dieron una serie de situaciones que podían parecer injustas”. El 31 de octubre de 2011, y tras una vacatio legis de 5 años, entra en vigor la citada ley.

Para desarrollarla, el Consejo de Ministros aprobó el 3 de junio un Real Decreto por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Acceso a las Profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Sin concretar del todo el futuro de los licenciados, la ley decía que esta modificación afectaba a todo los licenciados en derecho a partir de la entrada en vigor de la ley menos aquellos que ya estuvieran colegiados. Además, se reconoce un período de dos años para aquellos licenciados que estuvieran estudiando, a los cuales tampoco se aplicaría la ley y por consiguiente, no deberían hacer el máster.
En medio de esta situación, se producen las elecciones generales y el Partido Popular llega al gobierno. “Al cabo de una semana de aceptar el cargo”, explica Xavier Felip, “el ministro de justicia empieza a hacer declaraciones complicadas, con desmentidos posteriores”. Hasta que el gobierno añade una Disposición a la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles que sólo excluye parcialmente a aquellos licenciados que acababan la carrera este curso 2012. Se dice que deberán cursar 300 horas de prácticas externas y los de los siguientes años, presentarse también a un examen cuya condiciones se debían explicar en un futuro.
En este escenario había tres grupos de estudiantes: los estudiantes de grado que debían cursar el máster, los estudiantes de licenciatura que acababan este año que debían hacer 300 horas de prácticas externas y los licenciados que acababan más adelante, que debían realizar prácticas externas y un examen, que iba a ser distinto que el que realizarán los estudiantes de grado.

Eximidos los licenciados

El Congreso convalidó este Decreto ley pero optó por tramitarla como ley ordinaria, con lo cual se abría el trámite para que los grupos parlamentarios presentaran enmiendas. Es en este escenario cuando el Partido Popular presenta la emmienda que finalmente excluye a los licenciados de hacer el máster y también el período de prácticas.

Des del Colegio de Abogados de Barcelona valoran esta decisión como lógica. “El problema es que no lo hayan rectificado en todos estos años, y que hayan esperado al final para tomar una decisión. Pero es la solución más lógica ante la imprevisión que ha imperado en este proceso”, dice el decano Pedro L.Yúfera. Las críticas llegan también desde los despachos. Según Juan San Andrés, de Gomez Acebo & Pombo “ha sido un problema tanta tardanza. Porque no podíamos ofrecer ningún tipo de trabajo concreto. Ahora evidentemente valoramos positivamente que exista una decisión, porque al menos ya sabemos qué podemos ofrecer a los nuevos licenciados y ya no estamos a la espera de saber si deben realizar prácticas”. Romà Vilanova (foto penúltima) considera que “nosotros nos habíamos organizando con la idea de que los nuevos licenciados deberían realizar prácticas en el despacho, y ahora debemos replantearlo todo”.
Desde la universidades ven positivo que la situación se resuelva. Desde ICADE, Federico de Montalvo,  (foto tercera) considera que “era algo esperable ya que la situación en la que nos encontrábamos era difícilmente asumible al estar a pocos meses de iniciar bien el Máster bien el Curso puente para los licenciados sin tener este último claramente definido. La mejor opción era excluir a los licenciados”.

La noticia evidentemente fue bien recibida por la Asociación de Afectados por la Ley de Acceso a la abogacía, que en su portal web escribían “Felicidades, lo hemos conseguido”. La presidenta nacional de Nuevas Generaciones, Beatriz Jurado, destacó que “se ha hecho justicia con miles de licenciados en Derecho”.

El acceso a la abogacía

A partir de ahora los graduados, cuando finalicen sus estudios, deberán cursar un máster o curso de formación. Como explica Xavier Felip “este período de formación después de la universidad lo pueden organizar las universidades públicas o privadas en solitario, las escuelas de práctica jurídica creadas por colegios de abogados y homologadas por el CGAE en solitario o bien las universidades conjuntamente con las escuelas de los colegios. En cualquier caso los estudiantes deberán superar un curso de noventa créditos ECTS, que se divide en 60 créditos de teoria y 30 de práctica en despachos de abogados, empresas o instituciones públicas. Al final de este período se deberá superar una prueba escrita, única en todo el Estado, y quien la supere obtendrá el título de abogado.

Las universidades

Tanto Xavier Felip como Federico de Montalvo coinciden en que el máster será una buena herramienta para que los estudiantes aprendan, no sólo derecho, sino a ser un buen abogado. La facultad de ESADE es de las pocas que tiene ya una promoción de graduados que comienza el máster el año que viene. Según explica Felip “Los alumnos deberán escoger itinerarios desde el principio porque se van a especializar.

Además, todos van a recibir formación comuna en litgación en los cuatro órdenes jurisdiccionales”. Aquí está previsto dividir a los estudiantes en grupos, y que durante todo el curso trabajen como un despacho, resolviendo casos. El profesor, un abogado profesional, hará la figura de socio y supervisará los casos. También desde ICADE tienen ya un proyecto diseñado que implica también la especialización. De Montalvo insiste mucho en la importancia de aprender a litigar “más allá de los conocimientos que tengan en derecho y de la especialidad que escojan, va a ser muy importante que todos aprendan a litigar”. Coinciden también en señalar que el examen final, por los modelos ue han visto hasta el momento, no entraña especial dificultad, y aspiran a la aprobación del 100% de sus alumnos.

Los despachos

En todo este proceso, universidades y despachos han tenido que trabajar de la mano. Tanto desde Roca Junyent como Gomez Acebo & Pombo, aseguran que han hablado con muchas universidades para cerran convenios y coinciden que esta va a ser una buena oportunidad para los estudiantes pero también para las firmas. Juan San Andrés, (ultima foto) de Gomez-Acebo & Pombo, asegura que “Ahora el período de prácticas es más largo con estudiantes más profesionales que ya han terminado la carrera. Y para nosotros es una oportunidad para ver a quién vamos a fichar, porque las expectativas que tenemos ahora mismo es que alrededor de un 80 por ciento de estos chicos se pueden quedar al final con nosotros”.

En la misma línea, Romà Vilanova explica que desde Roca Junyent “ahora las prácticas estarán más organizadas y lo articularemos de manera que cada estudiante estará vinculado a un equipo profesional. Y para mi es una gran oportunidad para ver quién tiene madera para esto y quién encaja en el perfil de nuestra firma. Y puedo asegurar que cuando veo a alguien con talento no lo dejo escapar”.

Ambos bufetes coinciden en que lo mejor es que sean ellos mismos, desde la firma, quienes hagan la selección de los estudiantes que realizarán allí las prácticas, aunque San Andrés explica que “con las universidades públicas es más difícil porque por ley no nos pueden dejar seleccionar directamente a nosotros. Entonces lo que hacemos es definir unos requisitos objetivos y ellos se encargan de que el estudiante los cumpla. Con las privadas el proceso va a ser el mismo que el que usamos para seleccionar a un trabajador”.

El futuro de la abogacía

Para Federico de Montalvo, “somos una profesión conservadora, no nos gusta cambiar. Y esto nos obliga a repensar lo que es ser abogado y qué modelo queremos. Y esto sin duda es interesante”. Además, De Montalvo compara la ley de acceso con el MIR en la medicina “el tutor va a tener un papel muy importante, y esto al abogado le va a formar mucho”.

Xavier Felip considera que el máster afectará en una mejora de la calidad del ejercicio profesional, porque enseñará al abogado cualidades específicas que no pueden aprenderse en la carrera de derecho. En la opinión de Romà Vilanova, hay un aspecto importante a tener en cuenta, que es que ahora se debe realizar un máster que tiene un precio determinado que a lo mejor no todo el mundo puede asumir. “No sólo debes poder permitirte el precio del máster, sino que además debes poder pemitirte un año más de estudios. Precisamente por eso creo que es fundamental que este cambio normativo venga acompañado de un buen sistema de becas para que no queden excluidos futuros buenos profesionales”.

Además, con esta reforma, se abre un interrogante, que es saber hasta qué punto les afectará a los licenciados competir con gente que ha realizado estudios posteriores. Para Vilanova, ambas situaciones no son comparables porque “no salen al mercado laboral en el mismo momento. Este año salen licenciados, y no será hasta el año que viene que se incorporarán los graduados”.

De Montalvo, en cambio, cree que habrá que estar a la expectativa “porque nos vamos a encontrar con perfiles con formación distinta. A lo mejor esto sirve para que surja con más fuerza la figura del paralegal”.


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