La necesaria reforma del lenguaje jurídico: el derecho a comprender del ciudadano

Han sido incontables las reformas legislativas, al igual que los  medios materiales y humanos incorporados para agilizar su actividad. Sin embargo, algo aún faltaba en este puzzle que es la justicia española y que no acaba de despegar como otras  partes de la administración española. Diferentes grupos de expertos en colaboración con la Comisión de Modernización de Lenguaje, entidad presidida por Juan Carlos Campo, secretario de Estado de justicia, han trabajado durante un año en dar recomendaciones para mejorar el lenguaje jurídico. “Al final de lo que se trata,” como explicó en la presentación del Informe a los medios de comunicación, Francisco Caamaño, Ministro de Justicia, “es  de ser tan sencillo como era Gaudí que trabajaba de forma muy simple y definía el arte con dos trazos. Así debe ser el lenguaje del derecho”

(Foto de la Comisión: ‘Ministerio de Justicia/Jesús Manchado’.)

El informe elaborado por citada Comisión, constituida el pasado 18 de febrero del 2010 dentro del Plan de Modernizacion de la Justicia  2009-201,  ofrece recomendaciones tanto a profesionales del derecho; instituciones jurídicas y medios de comunicación sobre  los problemas lingüísticos básicos que las comunicaciones escritas, las vistas y comparecencias ocasionan a los ciudadanos y también a los profesionales del Derecho     :”El derecho tiene que hablar como lo hace la gente, subrayó Caamaño. “Ha llegado el momento que los propios profesionales del Derecho nos ayuden a cambiar la situación. Si el ciudadano no entiende lo que hacemos tampoco sabrá valorar los cambios que se efectúan en la justicia”

Francisco Caamaño, presentará en el próximo Consejo de Ministros el documento donde figuran numerosas recomendaciones dirigidas a los profesionales del Derecho y a las instituciones. Entre ellas, además, destaca la propuesta de crear una institución que vele por el buen uso de este lenguaje. Durante el tiempo que duran los trabajos se han encargado siete estudios, dos de los cuales han sido elaborados por los miembros de la comisión y el resto por grupos de investigación de la Universidad de Barcelona, Valencia, Salamanca y Pontificia de Comillas. Además se ha contado con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo general de la Abogacía y más de 30 profesionales de la Administración de Justicia, entre jueces, fiscales o secretarios judiciales.

Comisión plural

Esta Comisión, adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia, ha estado presidida por su titular, Juan Carlos Campo; el vicepresidente  Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española de la Lengua, y actúan como vocales las siguientes personas: Gabriela Bravo Sanestanislao, portavoz del Consejo General del Poder Judicial; Carlos Carnicer Díez, presidente del Consejo General de la Abogacía; Salvador Gutiérrez Ordóñez, miembro de la Real Academia Española; Gabriela Cañas Pita, periodista de “El País”; Alex Grijelmo García, presidente de la Agencia Efe; Jesús María García Calderón, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; María Peral Parrado, periodista de “El Mundo”, y Mercedes Bengoechea Bartolomé, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares.

Para Juan Carlos Campo, secretario de Estado de Justicia y Presidente de esta entidad,  “ la conclusión principal es que no se puede entender una reforma amplia  de la Administración de Justicia sin que el ciudadano entienda el derecho. “ A este respecto se refirió  a la necesidad de que todos los operadores jurídicos hicieran un esfuerzo por escribir de otra forma, evitando párrafos largos y oraciones subordinadas donde subjuntivo y el gerundio predominan. “Hemos abierto un camino; ya hay un punto de arranque con estas conclusiones para seguir adelante” ,comentó Campo quien dejo esbozada la idea de continuar los trabajos a través de una entidad que englobase a todas las partes implicadas.

“Que la relación entre la administración y el ciudadano es evidente como lo corrobora la relación de webs que mejorar la comunicación y la propia ventanilla única electrónica, “señala Salvador Gutiérrez miembro de la Real Academia de la Lengua y de esta Comisión, “pero  era necesario dar un paso más porque la asignatura pendiente sigue siendo el vocabulario repleto de terminología legal. “ Desde su punto de vista uno de los problemas advertidos en este estudio es la trasposición casi directa de las directivas comunitarias lo que acarrea innumerables problemas en la legislación española. “El mal uso del lenguaje jurídico genera al ciudadano inseguridad jurídica y mucho malestar social. Es fundamental que la sociedad perciba la transparencia en la justicia y que el propio profesional de la justicia no se encierre en ninguna torre de Cristal”

 

Por una justicia más accesible

Por su parte, Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, considera muy enriquecedora esta experiencia de haber podido trabajar codo con codo con otros juristas, periodistas y lingüistas en poder pautas para mejorar el lenguaje jurídico. Con ello se garantiza el  derecho a una justicia más transparente y accesible  :”Ha sido una experiencia muy fructífera este cambio de opiniones entre profesionales de esta forma el análisis que hemos hecho has sido bastante más completo. Al final de lo que se trata es garantizar, al que es protagonista de la administración de justicia, el propio ciudadano que nos comprenda”.

Desde el propio CGPJ se entiende es básico implicarse en este tipo de iniciativas con lo cual la transparencia de las instituciones va a estar garantizada en el futuro.  Se trata de interiorizar la situación e informar al ciudadano de otra forma, no exenta de rigor. “Estamos ya desarrollando en los ámbitos de formación; sobre todo en el campo de la formación continuada diversas iniciativas formativas que sirvan para que los propios jueces interioricen lo que se recoge en el informe. Además la propia Escuela Judicial ya imparte diferentes seminarios sobre estos temas”:

Para Bravo, sería injusto reducir el problema a las sentencias de los jueces, algunas farragosas. “estamos hablando de una cuestión que afecta a toda la administración de justicia y a sus protagonistas; secretarios judiciales;  Ministerio Fiscal; letrados etc. Se trata de evitar el vicio de hablar para nosotros mismos. Es fundamental abrir nuestro lenguaje para que el ciudadano nos entienda. En este caso la responsabilidad de mejorar este lenguaje jurídico debe ser compartida por todos los operadores jurídicos”.

Varios de los miembros de esta Comisión de Modernización coincidieron en señalar en seguir el ejemplo de la medicina a nivel divulgador. En este sentido se recalcó la importancia de lso medios de comunicación como canal entre médicos e interlocutores, papel que también debería cumplir en la ecuación Administración de Justicia y ciudadanos..  “Los propios especialistas saben explicar de forma sencilla a su paciente la dolencia que le aqueja sabiendo traducir esos tecnicismos médicos a un lenguaje común y accesible.”explica Bravo

La abogacía, implicada

Carlos Carnicer, presidente del CGAE, ha sido otro de los miembros de esta Comisión que ha trabajado durante algo más de un año en sentar las bases de algunas recomendaciones para mejorar el lenguaje jurídico, “pese a los puntos de vista diferente que hemos tenido sobre ciertas cuestiones hemos sabido trabajar buscando un punto de referencia sobre este tema de lenguaje jurídico.

Desde la entidad mas representativa de los abogados se ve esta cuestión con una solución a medio plazo, “hay que coordinar de forma paulatina dos acciones; una centrada en el  trabajo con los profesionales del derecho de forma específica para que colaboran en estos temas e intenten despegarse de algunos vicios lingüisticos que asumen desde hace años  y otro que se va a impulsar desde las Universidades o Escuelas de Práctica Jurídica para que los futuros abogados, fiscales o jueces tengan claro que deben esforzarse por contar las cosas de otra forma más comprensible.”

En opinión de Carnicer, aún el significado de muchas palabras técnicas no es comprensible por el propio ciudadano “Palabras como exhorto, providencia o auto aún no son entendidas realmente en su significado. Es evidente que el trabajo del abogado, muy cercano a su cliente será el de utilizar términos más sencillos”. Coincide con Bravo, también en la necesidad de una acción conjunta entre todas las instituciones jurídicas para que trabajen de forma simultánea en estos temas tan concretos.  Que como anunció Juan Carlos Campo, secretario de Estado y presidente de esta Comisión se esté pensando en configurar una entidad multidisciplinar que vele por el cumplimiento de estos temas es algo “muy positivo. Nos permitirá coordinar la labor en esta materia en toda España y a la vez ser mucho más eficaz en este asunto.

Políticas Publicas Comparadas

Diversas entidades han colaborado en la recopilación de estas conclusiones que presentó el Ministro Caamaño hace unos días. Desde la Universidad Pontificia de Comillas, el grupo  Derecho y Lenguaje  viene trabajando en diferentes estudios desde el 2006  está dirigido por la profesora de Derecho Procesal  Cristina Carretero. La relación con la Comisión para la Modernización del Lenguaje  generó que acometiese el trabajo científico de analizar las políticas públicas comparadas en esta materia. Han sido seis meses de intensos trabajos donde se analizaron las prácticas de países de los cinco continentes: “Los países anglosajones  están muy sensibilizados sobre estos temas”, comenta. “Ellos han creado el Clarity Internacional, asociación de carácter internacional para impulsar estas buenas prácticas en el lenguaje.”

Otro caso específico es Alemania donde advirtieron que era necesario que las leyes se hicieran bien y fueran inteligibles. De esa forma se creó una entidad que colabora con el Bundestag alemán a la redacción de las leyes. “Esta ha sido una de las propuestas que trasladamos a la Comisión, poder crear una entidad que con apoyo de otras instituciones con la RAE y el CGPJ ayudaran a una mejor comprensión de las leyes”. Para nuestra interlocutora no sería descabellado que en el futuro en la UE se crease una institución que se encargara de  vigilar la correcta  implementación de la normativa europea

Cuando abordamos el tema de los vicios o problemas que hay a la hora de comunicar desde el derecho todos los entrevistados señalan en el mismo problema de no saber transmitir con sencillez los tecnicismos del lenguaje jurídico. “Es curioso pero cuando le pides a un estudiante universitario que explique cualquier cuestión acaba repitiendo o imitando la misma forma de lenguaje de otros profesionales con mayor experiencia, comenta Carretero. Desde su punto de vista el cambio a otro modelo linguistico más comprensible debe empezar en la Universidad, Escuelas de práctica jurídica y en los propios Master de Acceso “En este contexto también hay que incluir a los medios de comunicación. Las empresas periodísticas deben hacer un esfuerzo por formar a sus profesionales porque a veces tampoco saben interpretar una sentencia.”

Si quieres conocer los trabajos de los grupos de expertos:


-- Descargar La necesaria reforma del lenguaje jurídico: el derecho a comprender del ciudadano como PDF --



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Comments

  1. mensaje para Sra Gabriela Bravo
    Quisiera informarla de nuestra red de juristas que se dedica a la modernizacion de la redaccion juridica desde 25 anos. CLARITY y la otra asociacion que se llama PLAIN. Gracias

  2. Alicia Beltrán Sancho says:

    No estoy de acuerdo en simplificar el lenguaje jurídico, el ciudadano cuenta con la profesionalidad de su abogado. El trabajo de los juristas es un valor a conservar. Sí sería loable exigir de las instancias judiciales y administrativas un mayor rigor en la redacción de escritos y en la organización de la estructura de los mismos.

  3. Maria de Jinámar(las paLmas) says:

    una justicia justa es aquella ,que usa pabras llanas y que el ciudadno pueda entender,pero usted ni con eso van

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