Nadie puede dudar a estas alturas la trayectoria notable de Marcos Peña como negociador en estos últimos cuarenta años de las relaciones laborales en nuestro país. Profesional que de alguna forma ha estado presente en la negociación de más de un centenar de convenios colectivos, se mostró en su intervención muy partidario del desarrollo de estos elementos extrajudiciales que en materia laboral no son tan nuevos:”Por encima de las reformas, lo importante son los negociadores, su talante y que estén dispuestos a llegar a un acuerdo”, comentó a un auditórium repleto de asesores jurídicos de empresas, ávidos por conocer el desarrollo de estos métodos extrajudiciales.

Peña se lamento profundamente que en un momento en el que vivimos,  de demasiada inmediatez, donde parece que muchas decisiones se toman siguiendo las decisiones de los mercados financieros, parece como se no se le dé importancia a la vertiente negociadora. “Es preocupante esta inmediatez porque puede llegar a romper la cultura de la mediación y del pacto que hay en las relaciones laborales, donde cada parte procura entender lo que quiere el otro”. Desde su punto de vista acuerdos como el que lograron empresarios y sindicatos el pasaro mes de enero o aquel otro sobre el Convenio general de la Construcción son dos buenas muestras que la cultura del acuerdo está bien vista pero poco valorada.

Reforma y arbitraje

Desde su punto de vista hay que dejar claro que tanto  sindicatos como patronal realizan habitualmente un papel clave como mediadores en cualquier proceso de negociación colectiva y que la última reforma laboral, impulsada desde el Gobierno de Mariano Rajoy, se pretende presionar a las partes para que se sienten en la mesa y negocien.

A este respecto dejó claro que en situaciones referidas a las modificaciones de las condiciones de trabajo; descuelgue salarial o ultraactividad de los convenios son varios de los nichos de mercado del arbitraje obligatorio que señala esta nueva normativa laboral.”No me parece mal la salida que ha dado el legislador a estos temas y no creo que tenga ningún atisbo de anticonstitucionalidad”, comentó Peña.  Desde su punto de vista es evidente que las reformas están bien y serán efectivas a medio plazo pero “·las personas son claves para impulsarlas”. Y recordó que ya en 1995 hubo un precedente de arbitraje obligatorio cuando en 1995 se modificaron las ordenanzas laborales vigentes aquel año.

Marcos Peña recordó en su intervención que  falta en nuestro país una cultura arbitral, tal y como existe en los países anglosajones. “Hasta ahora se ha relacionado al arbitraje como algo excepcional; ahí están los laudos de AENA; Renfe o SEPLA, cuando la verdad es que no resulta sencillo delimitar el objeto del arbitraje aunque en apariencia parezca sencillo”.

Para Martin Borrego, director general del SIMA, uno de los asistentes que tomó la palabra en este debate, hay que resaltar un dato importante, “en un periodo como éste de tanta crispación se ha incrementado un 11% los acuerdos logrados via arbitral frente a los cuatro primeros meses del año pasado.” Otros datos que arrojo en este debate es que solo el 26% de los conflictos acaban en la via judicial mientras que el 52% de los casos acaban con acuerdos entre las partes. “Y lo que es más importante que alrededor del 91% de los acuerdos que se alcanzan se cumplen”, indicó

Respecto a una hipotética comparativa entre el arbitraje mercantil y el laboral, el presidente del CES tiró de ironía para definir qué relación existe entre ambas prácticas. “Es evidente que en el arbitraje mercantil el laudo del árbitro zanja el conflicto. Por desgracia, un laudo laboral no supone que ese problema se solucione, quizás se modifique en el futuro pero no acaba de concluir”. Desde su punto de vista la negociación existe dos requisitos importantes; el primero, comunicar al otro lo que está pasando, lo que implica hacer un esfuerzo de comunicación importante. Y sobre el segundo elemento, es preferible decir siempre la verdad antes que cualquier regateo para llegar al pacto que se busca.”

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Los objetivos principales de las Jornadas son facilitar la identificación de oportunidades de internacionalización para los despachos españoles e incentivar la cooperación en el sector jurídico. El acto organizado por el CGAE, el ICEX y la Embajada española permitirá identificar potenciales socios en México. Con esta finalidad, los participantes dispondrán de una cuidada agenda de entrevistas programadas según el interés de cada bufete donde habrá encuentros bilaterales y reuniones para fomentar su networking.

Jornada informativa en Madrid

Como acto previo a estas Jornadas, el miércoles 6 de junio se celebrará en Madrid una Sesión de Capacitación sobre la misión para ofrecer una visión general sobre las posibilidades que ofrece México D.F. para el mercado legal. Esta reunión contará con la presencia de especialistas en la materia y con representantes de despachos que ya están desarrollando su actividad en la capital mexicana. También se ofrecerán pautas generales sobre cómo realizar con éxito la presentación del propio bufete ante los potenciales socios.

 La mañana de la sesión informativa y de capacitación se dedicará exclusivamente a los bufetes inscritos en la actividad; mientras que por la tarde estará abierta a todos los despachos interesados en el mercado legal latinoamericano.

México se ha convertido en uno de los mayores estados y con mayor crecimiento económico de Latinoamérica, agrupando a 114 millones de habitantes. Por su estratégica situación geográfica, su apuesta por la seguridad jurídica y sus vínculos económicos con Estados Unidos, México se ha ganado la confianza entre inversores y empresarios para convertirse en los últimos tiempos en la puerta económica de Latinoamérica. También se ha consolidado como uno de los más importantes centros financieros de la zona y sede de gran parte de las multinacionales que operan en Latinoamérica.

Estas Jornadas continúan el camino empezado por el CGAE en noviembre de 2010 con el encuentro empresarial en Turquía y, posteriormente en Miami, en noviembre de 2011, que lograron cosechar excelentes resultados y que han permitido el establecimiento de relaciones bilaterales de despachos españoles con socios turcos y norteamericanos que entraron en contacto gracias a esta iniciativa.

El coste de la inscripción asciende a 1.500 euros por persona, incluido el billete de avión, alojamiento y almuerzos de trabajo, organización de jornadas técnicas y entrevistas con posibles socios, personal técnico de apoyo y acompañamiento permanente de la misión. Este importe ya incluye la ayuda que el ICEX concede a esta actividad, el 50% de su coste para una única persona por despacho inscrito. El número de plazas es de 15 y el plazo límite de inscripción es el 23 de mayo.

La información sucesiva sobre inscripciones, programa definitivo, agenda de trabajo y encuentros con empresas y despachos norteamericanos se irá poniendo a disposición de los interesados enhttp://www.abogados.es/ y http://www.cgae.es/.

            Asimismo, se está organizando una nueva sesión de Jornadas de Internacionalización para el mes de noviembre de este año en Marruecos.

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 Estos son algunos de los datos aportados  durante celebración del I Foro de Mediación y Arbitraje  Resolución de conflictos mercantiles fuera de los tribunales” que concluyó ayer. A pesar del colapso de la Justicia, apenas un 1% de los empresarios de las Islas acuden a estas vías para resolver sus disputas, tal y como comentó la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Ángeles Palmero, durante la apertura del foro.

Organizado por la Cámara con el respaldo del Gobierno de Canarias, la Asociación Europea de Arbitraje y el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, la inauguración de esta jornada también contó con la presencia del viceconsejero de Justicia y del director general de Promoción Económica del Ejecutivo regional, Pedro Herrera Puente y Laureano Pérez Rodríguez, respectivamente, y el vicedecano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Parodi Pascua.

En el Foro, que contó con la asistencia de 200 empresarios y profesionales pudieron, también escuchar las exposiciones del secretario general de la citada asociación, Javier Íscar de Hoyos y el socio director del Centro Europeo para la Resolución Eficaz de Conflictos, Paulino Fajardo  y de Rafael García del Poyo considerado, hoy por hoy, uno de los mejores árbitros  españoles en materias de Derecho de la Propiedad Intelectual y de las Nuevas Tecnologías.

Crisis y justicia

Durante su intervención, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio comentó que “en muchas ocasiones, la situación económica está impidiendo que los empresarios puedan hacer frente a sus compromisos con proveedores y  clientes, un panorama al que se suma, además,  la fuerte restricción crediticia que está ahogando a muchos negocios”. Añadió, además, que “es lógico que cuando el dinero no fluye, los conflictos entre empresas se disparen”.

Esta situación empuja a los promotores de negocio a acudir a los tribunales ante “el desconocimiento que tienen de vías alternativas el Arbitraje y la Mediación”, según destaca Paulino Fajardo, abogado y miembro destacado de la institución europea más importante en el ámbito de la mediación internacional como es el Centro Europeo para la Resolución Eficaz de Conflictos.

Entre las ventajas que expuso durante su conferencia,  Fajardo (en la foto)  destacó que la mediación evita la erosión de la relación entre empresas, ya que no hay imposición, sino acuerdo voluntario y pactado entre las partes. Asimismo, llamó la atención sobre la confidencialidad del proceso, frente al carácter público de las resoluciones de los juzgados y el control de las decisiones que tienen los empresarios en todo el proceso de negociación y de la decisión que se adopte.

Fomento de la negociación y el acuerdo

Las Cortes Generales del Estado acaban de aprobar un Real Decreto de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, que se enmarca en el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012. Este decreto no solo representa un importante impulso normativo para aliviar de carga de trabajo a juzgados y tribunales, sino también “una oportunidad para resolver de una forma rápida y económica los conflictos entre las pymes, que antes se demoraban años en los juzgados y condicionaban sus cuentas de resultados, cuando no derivaban en el propio cierre del negocio”, según explicó el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias.

Asimismo, Pedro Herrera Puente señaló la importante apuesta que en estos momentos está realizando el área de justicia del Gobierno de Canarias por difundir el conocimiento de estos sistemas no sólo en el ámbito de lo mercantil, sino también en otras áreas como el ámbito socioeducativo y el penal.

Precisamente, la reforma de la propia administración de justicia va a favorecer la implantación de la mediación y el arbitraje, ya que en estos momentos “hay plateado un incremento generalizado de las tasas en segundo instancia de entre 50 y 700 euros, la reducción  hasta 190  de los  ahora 431 partidos judiciales y una disminución cercana al 7% del presupuesto en Justicia”, tal y como explicó la responsable de los Servicios Jurídicos de la Cámara, Noemí Brito.

El Pleito: Autofinanciación a los morosos

Por otra parte, el secretario General de la Asociación Europea de Arbitraje, Javier Íscar de Hoyos, fue el encargado de abordar en su conferencia las ventajas y el funcionamiento general de este sistema de resolución de disputas empresariales. En este sentido, explicó el ahorro de costes y de tiempo que supone el uso de estos sistemas poco conocidos y aplicados por los empresarios canarios.

Íscar de Hoyos explicó que el arbitraje lejos de estar dirigido exclusivamente a resolver los conflictos entre grandes corporaciones y de carácter internacional, es una fórmula dirigida al  “al amplísimo espectro empresarial, sin importar el tamaño de la empresa ni la cuantía del problema, porque para una PYME su problema de 10.000 o 150.000 euros es igual de importante que para una gran empresa un problema de 60 millones de euros”.

Abogó por incluir una cláusula arbitral en los contratos mercantiles “ya que hace de medicina preventiva y reduce los conflictos. El posible incumplidor sabe que no tiene de aliada la demora judicial”. Asimismo, indicó que “el pleito judicial está siendo intencionada e injustificadamente utilizado como una forma de autofinanciación del moroso, y las pymes quieren cobran sus bienes o servicios, no financiar al incumplidor”.

 En esta línea, el secretario General de la Asociación Europea de Arbitraje (ver foto)  dijo que este sistema minimiza las consecuencias económicas de una controversia al solucionarse mediante un laudo en un plazo medio de cuatro meses, comparado con los 19 meses de media que supone acudir al juzgado.

En cuanto a las pymes y autónomos, destacan el sector de la construcción, los arbitrajes para solucionar los problemas derivados de contratos de software, nuevas tecnologías, reclamaciones de cantidad por defectos en un producto o servicio deficiente, temas de transporte y servicios, etc.

Los conflictos entre las empresas en el ámbito de las tecnologías de la información cobraron también una especial importancia en este foro con la intervención de Rafael García del Poyo considerado, hoy por hoy, uno de los mejores árbitros  españoles en materias de Derecho de la Propiedad Intelectual y de las Nuevas Tecnologías. De hecho, forma parte de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, así como de  Comisión Jurídica de la Asociación Española de Comercio Electrónico

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Su experiencia contrastada  en el mundo del arbitraje le ha servido para formar parte del Consejo Arbitral del Alquiler de la Comunidad de Madrid, un organismo de nuevo cuño que pretende emplear el arbitraje en los conflictos que se generen en los arrendamientos. “Hemos dado salida a más de ciento setenta demandas de arbitraje, la mayor parte de ellas son deshaucios por falta de pago,  desde nuestra constitución hace tres años en un plazo no superior a cuarenta días”, explica Juan Ramón Montero, su vicepresidente y profesional que lleva el dia a día de esta entidad. El Plan Alquila ha hecho que más de 40.000 contrato acudan a la via arbitral para resolver sus controversias. “Desde hace unas semanas, tras una modificación legislativa realizada en  uno de los últimos Consejos de Gobierno de marzo del 2012 , este método extrajudicial queda abierto para cualquier propietario que quiera utilizar el arbitraje. Con esa iniciativa se pretende que los pisos no se queden vacíos y se alquilen”.

Para aquellos que quieran conocer el funcionamiento del arbitraje en el mundo de los arrendamientos este Consejo Arbitral organiza el próximo lunes dia 21 de mayo una jornada para profundizar en estos temas. Invitados; profesionales como Juan Fernández-Armesto, uno de nuestros árbitros más conocidos; interesante también la ponencia que ofrecerá  la titular del Juzgado de Primera Instancia nº 101 de Madrid,  Begoña Pérez Sanz sobre las ejecuciones de laudos, sabiendo que es el único juzgado que existe en estos momentos con estas competencias. Y el debate, en el que además del propio Montero estarán presentes D. Isabel Gozalo Hernando, árbitro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y  José Manuel García Collantes, árbitro del Colegio Notarial de Madrid que harán una breve exposición de sus experiencias en el desarrollo de los arbitrajes. “Este tipo de actividades son fundamentales para que se cree la cultura del arbitraje que necesita nuestro país”, añade Montero. “Los abogados deben tener confianza en el arbitraje, pues son ellos los que al final incluyen en los contratos las cláusulas de sumisión”.

 Confiesa sin rubor su vinculación al mundo del arbitraje desde 1980, fecha en la que acudió a un Congreso de la UIBA, entidad a la que sigue perteneciendo nuestro entrevistado, porque se presentaba una iniciativa que definiera un espacio iberoamericano en el mundo arbitral.  En aquel momento la ley vigente de 1953 había inviable el desarrollo arbitral tal y como lo conocemos ahora. “Es evidente que la ley de 1988 supone un cambio radical importante” explica Montero que ya daba sus primeros pasos en la SEA (Sociedad Española de Arbitraje), una entidad creada por abogados para impulsar la cultura arbitral y que sigue siendo una referencia en el panorama actual en el que nos movemos. Al mismo tiempo nuestro entrevistado también es referencia visible del Club Español del Arbitraje (CEA) y de la Corte de Arbitraje de la Franquicia así como Secretario General del Comité Arbitral del COE

Es evidente que pocos profesionales daban el perfil para gestionar esta nueva iniciativa arbitral. “Creo que estamos ante una iniciativa pionera en su campo de actuación. Se trata de un organismo que gestione el arbitraje en los arrendamientos de alquiler”. Sabemos que Manuel Jiménez de Parga,  expresidente del Tribunal Constitucional no tuvo dudas a la hora de elegir a Juan Ramón Montero como su mano de derecha, de cara a que diera forma y estructura a esta institución. “Esta es una entidad que con el apoyo de otras instituciones de primera fila como el Colegio de Notarios de Madrid, ICAM, Colegio de Registradores o entidades como SEA y Arbin ponen a disposición de las partes un grupo de árbitros especializados en la materia para gestionar los arbitrajes que surjan”. Este Consejo Arbitral recoge la solicitud y comprueba que es arbitrable y luego deriva a cada una de las instituciones colaboradoras ese supuesto para que se gestione por via extrajudicial”. Conversamos con Montero en presencia de Beatriz Moreno, letrada de esta entidad, quien nos ha ayudado a encontrar un hueco en la agenda a nuestro protagonista.

 Sr Montero ¿Qué opina de las últimass medidas aprobadas desde el Gobierno  para dinamizar el alquiler en nuestro país?

Resultan acertadas todas aquellas medidas que fomenten y faciliten la difusión del alquiler, que debe ser el medio habitual, para los jóvenes y las personas que aun se encuentran en etapas de asentamiento profesional y laboral, como el modo más cercano para resolver la necesidad de de acceder a una vivienda.

Es especialmente significativo que España sea el país con más vivienda en propiedad de toda la UE, lo que ha contribuido significativamente a la crisis inmobiliaria al imponer como una necesidad su adquisición a través de políticas financieras y comerciales engañosas en que se pretendía convertir en una necesidad o un derecho aquella adquisición.

Resulta por tanto oportunas y positivas estas medidas, en particular la reducción de los plazos de alquiler y la flexibilización de los contratos, en la que es de felicitar que expresamente se refiere la libertad de las partes para llegar a todos aquellos acuerdos que, razonablemente, no deban formar parte de un régimen impuesto directamente por la Ley, lo que como vemos es una concepción muy cercana a la autonomía de la voluntad y libertad de disposición en que se asienta el arbitraje.

No resulta tan fácil de apreciar la oportunidad de la diferenciación de tratamiento en que se proponen las diferentes consecuencias de la inscripción registral del arrendamiento, que más parece una medida de control y necesidad fiscal, lo que podría complicar encarecer y retraer el mercado de alquiler.

¿Van a afectar de forma notable estos cambios al Consejo Arbitral de Alquiler que usted forma parte?

Las medidas de agilización referidas, deben facilitar la solución arbitral, que quedara menos constreñida en restricciones legales, lo que unido a las recientes decisiones que permiten la solución arbitral en todos los arrendamientos, independientemente de que se correspondan o no con un plan público de fomento del alquiler, hacen previsible una intensificación de la solución arbitral y en su razón de la actividad del consejo.

Aunque esta previsión puede compensarse con  las medidas propuestas para la agilización de los procedimientos de desahucio, la realidad es que no es solo la reducción de la intervención judicial la que motiva a la alternativa arbitral sino la inseguridad, que algunas resoluciones contradictorias poco fundadas o contrarias a derecho ocasionan en la vía judicial, por lo que, las distinciones de trato en razón de la inscripción, la resolución sumarial sin conocer de la realidad o causa del impago o el atajo de los plazos que no se correspondan con un conocimiento respetuoso serio y profundo de cada conflicto, pueden originar una razón mas de elección del sistema arbitral.

En cualquier caso la indudable oportunidad y acierto de estas medidas darán lugar a un incremento de la opción de la vivienda en alquiler y por tanto contribuirá a los fines en que el Consejo nació y que se han acreditado en el notable éxito que ha logrado en la Comunidad de Madrid esta iniciativa pionera de la Consejería de la Vivienda.

Desde este Consejo Arbitral como se ha visto la última reforma de la ley de arbitraje, la del 2003…

Creo que han dado un impulso a nuestra actividad, al permitir que, además de los abogados, profesionales que normalmente resuelven esos conflictos, se cuente con otros profesionales capacitados para ser árbitros; es el caso de los notarios y registradores de la propiedad que forman parte de nuestro panel de árbitros.

Hay que hablar siempre de arbitraje de derecho, entonces…

Es fundamental plantearlo desde esta perspectiva que usted señala.  El arbitraje de derecho debe preservar los preceptos que la ley establece para ambas partes.

En nuestro caso es el Reglamento del Consejo del Alquiler el que se aplica a los procedimientos arbitrales deja claro que se enerva el deshaucio cuando se consignan las cantidades que se debían y que los profesionales que son árbitros deben tener una formación jurídica importante.

¿Va a posicionarse este Consejo Arbitral en la actividad de mediación, ya regulada en nuestro país desde hace unas semanas?

El futuro es impredecible y no podemos adelantar nada (se sonríe).  En estos momentos no se contempla ninguna actividad en este terreno desde el Consejo. Creo que de alguna forma ya la estamos llevando a cabo con un éxito importante.

De ese total de 42.000 viviendas sujetas al Plan Alquila muchas de ellas han resuelto sus conflictos a través de la mediación.

Desde la propia Consejería de la Vivienda ,entidad a la que estamos adscritos, se actúa antes de ir al arbitraje desde la mediación. Caso de que no se llegue a ningún acuerdo, si esos contratos llevan nuestra cláusula de arbitraje nos habilitan para entrar via extrajudicial.

¿Qué valoración nos puede hacer sobre estos movimientos creados en lugares como País Vasco y Valencia sobre mediación hipotecaria?

Hay que valorar todas estas iniciativas por la oportunidad del momento en el que se realizan. Ante las situaciones que generan las ejecuciones hipotecarias es evidente que hay que buscar alternativas a estos procesos complejos y muchas veces dramáticos.

Hay que darse cuenta que guste o no a los jueces, éstos tienen que hacer ejecutar las sentencias y hacer que se cumpla la ley, incluso en extremos complejos.

Habrá que dar tiempo a estas nuevas medidas y ver en qué contexto se desarrollan. En el caso de la mediacion hipotecaria no será sencillo el trabajo del mediador de cara a acercar los intereses de cada uno de las partes.

Estoy convencido que iniciativas de este tipo pueden dar el impulso que necesita la mediación en nuestro país. Una actividad ya muy conocida de los abogados pues estamos habituados a emplearla en muchos de nuestros asuntos.  Ha sido una gran noticia la aprobación del RD 5/2012 que ya regula de forma estatal la mediación en nuestro país

Ahora que habla de mediación, ¿Sería necesaria alguna otra medida legislativa por parte del Gobierno para su impulso definitivo?

Más que medidas legislativas es importante involucrar a todas aquellas profesiones vinculadas con el mundo del derecho para que busquen soluciones no agresivas para sus clientes.  Es el caso de la abogacía, donde muchas veces los despachos de ambas partes se ponen de acuerdo para buscar una solución.

Que los abogados tengan una participación importante en los temas de mediación está en relación directa también en la implicación de Colegios de Abogados y Consejo de la Abogacía en esta cuestión.  Al final un litigio no es bueno para nadie, en contra de todo lo que el mundo cree

Usted comparte entonces el criterio que la expansión del arbitraje depende de cómo de convencido esté el propio abogado…

A la hora de contestar esa pregunta permítame que le hable de una situación que vivimos hace unos años. Corría el año 89 y en ese momento me reuní con el que era por aquel entonces decano del ICAM, Antonio Pedrol Rius, en aquel momento ya se la propuso crear una Corte Arbitral en el propio Colegio aprovechando que se había aprobado la Ley de Arbitraje de 1988

Redactamos el Reglamento de la Corte Arbitral y la entidad se puso a andar con mucho recelo. Se pensaba que la generalización del arbitraje podría ir en su contra. Es fundamental por todo ello que los abogados tengan confianza en el arbitraje. Al final la redacción del contrato y la inclusión de esa cláusula de arbitraje o mediación es un letrado.

Desde este planteamiento es fundamental que el Ministerio de Justicia incida en esta tesitura y coordine otras actividades en estos profesionales. Cuanto más se conciencie al abogado, mayores serán los éxitos en los métodos extrajudiciales.

 Sin embargo, el arbitraje en el campo de los arrendamientos si tiene una cierta expansión, a veces fuera de la ley…

Este es un tema complejo pero que esta ahí. Todo parte siempre de la institución arbitral; ya lo dice la ley que deben ser corporaciones de derecho público o entidades sin ánimo de lucro. Hay que ver por ello al arbitraje como un bien social, alternativa a la administración de justicia.

Desde nuestro Consejo nos preocupa que existan instituciones arbitrales que asuman papeles de ejecutores y que no sean imparciales del origen del conflicto. Este tipo de prácticas pueden dar lugar a confusiones y menoscaban el buen nombre del arbitraje Hay que darse cuenta que someterse a un arbitraje por parte de las partes es libre y voluntaria y absolutamente gratuita. No tiene ningún sentido pagar por él.

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Los Premios Justicia y Discapacidad, en su edición 2012, han correspondido a las siguientes personas y organismos:

Premio a la trayectoria personal: María Luisa Ruiz-Jarabo.

• Premio a la actuación empresarial: Asociación de Telefónica para la Atención de las personas con discapacidad (ATAM).
• Premio a una institución: Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.
• Premio a un medio de comunicación social: Agencia Europa Press Social.

Premio a la trayectoria personal: María Luisa Ruiz- Jarabo

La premiada, tetrapléjica desde 1997 a causa de un accidente de esquí, es una persona que, desde el anonimato, ha sabido capitalizar su discapacidad para mejorar la vida de los demás.

María Luisa Ruiz-Jarabo ha sido impulsora de la “Fundación Investigación en Regeneración del Sistema Nervioso”, dedicada a aunar los esfuerzos de todos los colectivos de lesionados medulares como ella para impulsar la investigación de esta enfermedad.

Además, es presidenta de Solcom, asociación creada en 2010 para la defensa jurídica de personas que son discriminadas por su diversidad funcional (discapacidad) o que sufren la vulneración de derechos reconocidos en la legislación.

Desde hace más de diez años, esta empresaria dedica su mes de vacaciones como voluntaria en Camboya.

 Premio a la actuación empresarial: ATAM

La Asociación del Grupo Telefónica para la Atención de las personas con discapacidad (ATAM) fue fundada hace 39 años como proyecto solidario compartido entre Telefónica y sus empleados, para responder de forma global a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.

Esta asociación cuenta con 57.000 socios, entre empleados, ex empleados y jubilados de la compañía. Más de 13.000 personas se benefician de los servicios y programas de la Asociación.

ATAM se configura como un sistema de protección social, complementario a los sistemas públicos.

Premio a una institución: Comisión de la Discapacidad del Congreso de los Diputados

En mayo de 2004 quedó constituida en el Congreso de los Diputados la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Ante esta comisión han comparecido representantes gubernamentales con competencias en materia de discapacidad, el movimiento asociativo y otras entidades que trabajan en este ámbito.

La comisión ha supuesto un salto cualitativo al incluir a la discapacidad en la agenda parlamentaria de una forma normalizada. Supone una vía de participación en la vida pública de las personas con discapacidad, puesto que en ella se debaten e impulsan numerosas leyes que permiten mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad reforzando sus derechos.

Esta comisión está presidida actualmente por la diputada Lourdes Méndez Monasterio, tiene como vicepresidentas a Amparo Ferrando Sendra y María del Puerto Gallego Arriola y cuenta entre sus miembros al experto Francisco Vañó Ferrer. La comisión cuenta en esta legislatura con un total con 23 representantes del PP, 13 del PSOE, dos de CiU, dos de IU, uno del PNV, otro de UPyD y dos más del Grupo Mixto.

 Premio a un medio de comunicación social: Europa Press Social

La Web ‘EPSocial’ (www.europapress.es/epsocial) inició su andadura en marzo de 2007 con el lema “EPSocial, el diario social digital de Europa Press”.

Este medio de comunicación aporta transparencia y difusión mediática del llamado Tercer Sector. EpSocial da cobertura a la información relacionada con los asuntos sociales en relación a la Política Social, Responsabilidad Social Corporativa, ONG, Fundaciones y Obra Social.

En materia de discapacidad ha difundido las principales reformas en este ámbito, como es la aprobación del Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad o a las actuaciones que llevan a cabo las empresas para integrar a este colectivo. La web EPSocial tiene una media de 95.000 usuarios únicos mensuales y está compuesta por una plantilla de 12 personas. Desde DIARIOJURIDICO felicitar a nuestros compañeros por esta loable tarea de informar sobre aquellas personas con problemas.

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De esta forma, se da el último paso para que corporaciones locales y comunidades autónomas puedan refinanciar sus deudas y poner en marcha el mecanismo que permitirá a los proveedores empezar a cobrar las facturas que les adeudan. En el caso de los ayuntamientos, los pagos podrán realizarse a partir del  próximo 31 de mayo. Para las comunidades autónomas, la fecha de cobro prevista comienza el 30 de junio.

El préstamo sindicado ha sido liderado por las siguientes entidades: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Bankia, Caixabank  e Instituto de Crédito Oficial figuran como directoras coordinadoras; Banco Popular como entidad co-directora principal; y Banesto, Banco de Sabadell, Bankinter, Banco CAM, y CECA como co-directoras. También han participado como financiadoras las entidades que se relacionan en la tabla adjunta. La estructura jurídica del préstamo ha sido diseñada por Cuatrecasas Gonçalves Pereira.

El FFPP se creó el pasado 9 marzo como instrumento para canalizar la financiación sindicada que permite el pago de las deudas de corporaciones locales y autonómicas, en la mayor operación de refinanciación en la historia reciente en España. Desde esa fecha se han negociado los términos de la sindicación, acuerdo que se ha producido de forma particularmente rápida dada la magnitud de la operación. Las facturas se abonarán a los proveedores a través de un intermediario financiero, de forma que el dinero les llegará directamente.

El crédito sindicado tiene el aval del Tesoro Público que, a su vez, contará con la garantía de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de ayuntamientos y comunidades. Esta estructura asegura al Estado la devolución del préstamo por parte de las administraciones territoriales. Para acceder a este mecanismo de refinanciación, tanto corporaciones locales como comunidades autónomas han debido presentar un plan de viabilidad que garantice su solvencia y capacidad de pago futura.

Las entidades otorgan la financiación a cinco años, con dos de carencia. No obstante, los ayuntamientos y las comunidades podrán devolverlo en un plazo de diez años, con dos de carencia, mediante una refinanciación que llevará a cabo el FFPP. Este préstamo se referencia al Euribor a 3 meses al que se le añade un diferencial según las condiciones de mercado previas a la primera disposición del préstamo. Se estima que el coste rondará el 5,9%.

Las corporaciones locales ya han presentado 1.967.000 facturas, por un importe total de 9.750 millones de euros. De esta cifra, los proveedores han solicitado el pago de 1.717.000 facturas, por 9.312 millones de euros. En el caso de las comunidades, por el momento se han presentado 3.960.000 facturas por un valor de 17.700 millones de euros, cifra que puede ampliarse ya que el plazo para la presentación de facturas se cierra el 22 de mayo.

Esta operación conlleva una importante inyección de liquidez a la economía real -equivalente a un 3% del PIB- y aportará un crecimiento a del 0,4% entre 2012 y 2013. Además, se espera que se generen en ese periodo entre 100.000 y 130.000 puestos de trabajo.

Mediante esta operación financiera, el Gobierno remarca su compromiso con la sostenibilidad fiscal, la responsabilidad de las administraciones respecto del conjunto de la economía y la transparencia en las cuentas públicas.

ENTIDADES             QUE  HAN FORMALIZADO EL CRÉDITO SINDICADO

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Para la celebración, se organizan en toda España congresos, jornadas, seminarios, actividades de formación, concursos, juegos en red y muchos otros actos sobre los que se informa en la web oficial del evento.

Además, en este octavo aniversario del “diadeinternet”, las universidades invitan a los alumnos de Secundaria y Bachillerato a visitar virtualmente sus instalaciones y a preguntar sus dudas sobre su futuro académico. La iniciativa anima a que los estudiantes puedan, desde las aulas de sus centros, contactar, ver y preguntar a los directores, profesores y alumnos que, desde la Universidad, participan en la jornada.

En esta semana se han programado más de 300 eventos de todo tipo (fiestas, debates, premios, eventos virtuales…). En esta guía puedes buscar los que mejor encajan contigo para participar en ellos.

El Senado español acogerá la mayor parte de actos en nuestro país. De esta forma la Cámara Alta  española junto con el Comité de Impulso del Día de Internet, formado por más de 47 colectivos sociales, ha convocado a destacados representantes del mundo político, empresarial, mediático, cultural y social para reflexionar sobrecomo Internet puede ayudar emprender, generar empleo y encontrar trabajo a través de la #innovación y seguidamente proceder a la entrega de los Premios de Internet 2012

El premio a la Trayectoria personal es propuesto por la Asociación de Usuarios de Internet y quiere reconocer la importante contribución de Francisco de la Torre al posicionamiento de su ciudad, Málaga, como destino inversor y generador de empleo para las empresas de nuevas tecnologías a través de la iniciativa “Málaga Valley”, por haberla posicionado como la primera ciudad inteligente (smart-ciy) en España, aspecto que redunda en la calidad de vida de sus habitantes y por haber contribuido a crear un ecosistema de innovación, en colaboración con el Parque Tecnológico de Andalucía y la Universidad, generador de un sinfín de iniciativas emprendedoras, todas ellas en torno a las nuevas tecnologías.@pacodelatorrep

El acto se retransmitirá en directo por Internet y en abierto vía satélite y el moderador será Jesús Valbuena(@jesusvalbuena) de la Asociación de Usuarios de Internet

Participación en el debate

Puedes participar a través de Internet o desde tu teléfono móvil vía twitter desde el 1 de Abril hasta el 17 de Mayo día Mundial de Internet a través del “Muro de la #innovacion” . Puedes proponer tus propias reflexiones y propuestas, las más valoradas serán trasladadas al debate.

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Marc Molins Raich.Socio Roca Junyent.Doctor en Derecho. Profesor Asociado ESADE

Como es sabido, la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 ha representado un importante cambio en nuestro Código penal. Justo en el momento en el que los operadores jurídicos están empezando a cuestionar el verdadero alcance y la significación de esta importante reforma, coincidiendo con el cambio de Gobierno, ya han surgido las voces que advierten la inminencia de una nueva modificación del texto legal.

En lo que al ámbito deportivo se refiere, más allá de las antiguas disquisiciones acerca de la punibilidad de algunas lesiones acaecidas durante la práctica deportiva y de los tipos alusivos al tráfico y comercialización de sustancias anabolizantes o dopantes, nuestro Código carecía de referencia alguna hasta que en esta última reforma se incluyó un novedoso artículo que ha extendido la represión punitiva a las componendas dispuestas para alterar el resultado de una competición deportiva creando con ello un verdadero “Derecho penal de las competiciones deportivas”. A nuestro entender, la novedosa e indeseable invasión de un espacio regulado exhaustivamente en la Ley del Deporte y en el Reglamento de Disciplina Deportiva, se ha realizado de una forma harto mejorable puesto que la actual regulación sugiere unas lagunas de punibilidad poco compatibles con la vocación del precepto.

Dejando de lado la crítica que merece la inconsistencia y la inestabilidad de un Código penal que ha precisado hasta 29 reformas desde que fuera promulgado en noviembre de 1995, lo cierto es que la oportunidad de esta novedad en particular carece aún más -si cabe- de una verdadera razón de ser. Si obviásemos que la propuesta legislativa que culminó con la introducción de este precepto coincidió –o no tanto-, con la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos y con la correlativa necesidad de justificar un plan programático contra la corrupción en el deporte, difícilmente alcanzaríamos a comprender cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron al legislador penal a incluir el cuarto párrafo en el artículo 286bis del Código penal en el que textualmente se dice lo siguiente: “Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales”.

Al hilo del precepto transcrito, tratar de definir cuál es el bien jurídico que pretende proteger nuestro legislador por medio de este epígrafe no es tarea fácil. Dejando de lado que el objeto de protección de la norma no puede ser el entusiasmo social que genera la práctica competitiva de algunos deportes profesionales, la inclusión de este apartado en el Capítulo XI del Código penal alusivo a “los mercados y consumidores”, sugiere que el objeto de protección reside efectivamente en el interés público en que las competiciones deportivas no se vean amañadas o indebidamente adulteradas, y ello no tanto por el elemento social y deportivo que subyace en las mismas, sino atendido el ingente volumen de dinero que de un tiempo a esta parte ha aflorado a través de los derechos de televisión y de las de las apuestas deportivas que se pueden realizar por Internet y por otros medios de contrastada legalidad.

En lo que a la descripción de los sujetos activos se refiere, nuestro legislador orgánico ha optado por realizar una descripción exhaustiva de las personas que en abstracto podrían cometer este delito. Tras una copiosa discusión en sede parlamentaria, finalmente se optó por tratar de enumerar exhaustivamente a los posibles candidatos a la comisión del delito clasificándolos en dos grandes grupos: los que se encargan de la gestión de eventos, clubes o entidades y, en segundo lugar, a los verdaderos protagonistas del evento deportivo.

Entre los primeros hallamos a los “directivos”, “empleados”, “administradores” o “colaboradores de entidades deportivas” que realicen la acción típica. Por medio de la inclusión de esta última mención a los meros “colaboradores”, parece que el legislador pretende ampliar el círculo de los intranei tratando de evitar cualquier laguna de punibilidad en lo que a la autoría se refiere. La duda surge, casi inmediatamente, cuando valoramos la posibilidad de que este delito lo comentan “aficionados” o “socios” de las entidades deportivas debiendo concluir que sin perjuicio de su eventual imputación por la vía de la participación (por inducción o por cooperación necesaria en los casos en los que el designio corruptor haya nacido de un tercero punible), su conducta permanecerá en el ámbito de la atipicidad y consecuente impunidad.

A nuestro entender, la solución escogida por el legislador no es la óptima. Como es sabido en la denostada vocación por describir taxativamente a los sujetos activos de un determinado delito suelen generarse lagunas de punibilidad en relación con las personas que pudiendo lesionar el bien jurídico protegido, no se hallan expresamente contempladas en la literalidad del precepto.

Piénsese por ejemplo en el caso de una persona ajena a la entidad deportiva (un constructor interesado en los aprovechamientos urbanísticos derivados de la pérdida de categoría de un equipo de fútbol o un apostante organizado) que con la finalidad última de “alterar de manera deliberada el resultado de una prueba”, mediase en la misma con sobornos y gratificaciones, lesionando el bien jurídico protegido sin más posibilidad de punición que la estrictamente derivada de la participación en el delito de un tercero con las dificultades que esto presenta.

Entre el segundo grupo de sujetos activos descritos por el legislador hallamos, como no podía ser de otro modo, a los verdaderos protagonistas del evento deportivo y por ende, del delito sancionado, a la sazón, los “deportistas”, “árbitros” o “jueces”. Sin perjuicio de las dudas que también surgen cuando nos planteamos si en esta dicción caben los órganos disciplinarios integrados en las Federaciones Deportivas privadas, cumple indicar que por medio de la inclusión de este segundo grupo de sujetos activos, el legislador abarca de una forma cabal aunque no sin fisuras al conjunto de los actores en un escenario tan complejo como el de un evento deportivo susceptible de ser corrompido.

Un punto y aparte merece el análisis de las conductas típicas descritas por el legislador en el precepto que ahora nos ocupa. De acuerdo con la literalidad del precepto, los comportamientos sancionadas se establece por remisión a los contemplados en el primer epígrafe del artículo 286 bis, presentando éste una vertiente objetiva, concretada en el hecho de “prometer”, “ofrecer” o “conceder” un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados y una componente subjetiva que limita la punición de las conductas anteriormente descritas a “aquellas que tengan por objeto predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva”.

Como bien ha señalado ya la mejor doctrina, la descripción de las conductas típicas por la que opta nuestro legislador orgánico no está exenta de problemas interpretativos y en el peor de los casos, de lagunas de punición.

Partiendo de la insoslayable premisa de que los predicados rectores del tipo son de actividad y no de resultado, de forma que el mero ofrecimiento consumaría el delito aunque éste no se llegase a agotar por la negativa del deportista a aceptar la dádiva, el problema surge al constatar que las conductas descritas son de corte eminentemente activo que exige la participación efectiva y exterior del sujeto activo “ofertante” así como la del “ofertado” o persona llamada a adecuar su conducta al servicio del fin espurio.

La primera objeción que surge al hilo de esta configuración típica es la laguna de punibilidad que necesariamente se genera en los supuestos en los que no se verifique la dualidad de personas ofertantes y ofertadas descrita por el legislador. Piénsese, por ejemplo, en el juez-árbitro o en el deportista que condiciona el resultado de un evento deportivo de forma dolosa confiando en la recompensa que él mismo se habría procurado al apostar –normalmente a través de Internet- por uno de los contendientes del evento al que él le asegura la victoria como consecuencia de un arbitraje o intervención torticera. Desde la perspectiva que impone el principio de taxatividad de la norma penal, esta conducta quedaría huérfana de punición aunque la lesión del bien jurídico concurre sin paliativos.

También genera alguna duda de técnica legislativa la lógica causal que describe el legislador en este precepto. Según se desprende de la literalidad del tipo penal, lo que se sanciona es el concierto entre dos o más personas para alterar un determinado evento deportivo. Desde esta perspectiva también parece que surge una laguna de punibilidad en los casos en los que esta relación causa-efecto no se produce por cuanto es el propio sujeto activo quien, a sabiendas del enorme beneficio que le puede haber provocado a alguien su comportamiento malicioso, exige a posteriori una gratificación por su comportamiento antijurídico y culpable.

Finalmente merece un punto y aparte el sucinto análisis de la eventual relevancia jurídico penal que pudiera tener en nuestros días el pago de las tan mentadas “primas a terceros”. A nuestro entender, la propia literalidad del precepto excluye la posibilidad de considerar la relevancia penal de esta conducta.

Partiendo de la premisa de que las primas a terceros sirven para estimular el rendimiento de un equipo o de un deportista individual y descartando con ello que las mismas puedan tener por objeto la gratificación de un bajo rendimiento premeditado, lo cual sería absolutamente relevante en términos jurídico penales, debemos descartar la tipicidad de estas conductas en la medida en que no verifican el elemento subjetivo o intencional de la conducta que como es sabido, consiste en fomentar el “incumplimiento de las obligaciones” del deportista de forma que lo que se estaría haciendo es precisamente lo contrario a saber, fomentando un mejor cumplimento de las mismas.

Sentando lo anterior cumple terminar este sucinto cometario significando lo siguiente: por medio de la inclusión del apartado cuarto del artículo 286bis, nuestro legislador penal ha dado un paso más en la paulatina invasión por parte del Derecho penal de ámbitos reservados a otras ramas del Derecho que hasta la fecha se regulaban de una forma más acorde con los principios de última ratio y de subsidiariedad que vertebran la jurisdicción penal. La evidente necesidad de regular de una forma contundente las conductas fraudulentas en un ámbito tan sensible como el deporte profesional, en el que los intereses económicos se han multiplicado de forma exponencial en los últimos años, justificaba una aproximación específica y cabal que no generase, como sucede en el caso de la actual regulación, las lagunas y las objeciones técnicas que plantea la actual configuración.

En el ínterin, mientras llegue una eventual reforma de la reforma, sólo cabe confiar en que siga ganando el mejor…

Publicado en: diariojuridico.com

Como recordará el lector de DIARIOJURIDICO, hace tan solo una semana tenía lugar en el Palacio de Parcent de Madrid la cumbre jurídica denominada Conferencia Sectorial donde tanto el Ministro, su equipo de trabajo como los consejeros de justicia de Comunidades Autónomas con competencias transferidas analizaron diversas cuestiones sobre la modernizacion de nuestra justicia. Fue precisamente el proyecto del CGPJ que reduce a la mitad el número actual de partidos judiciales uno de los temas que más polémica generó entre los consejeros.

En respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Socialista Julio Villarrubia, el ministro agradeció todos los informes que sobre este complejo asunto se han realizado o se van a realizar, y recordó que cuando el PSOE estaba en el Gobierno constituyó una comisión de expertos para estudiar la demarcación y planta judicial e, incluso, instó al propio CGPJ a colaborar en la reforma de la ley para adecuar la distribución de los juzgados españoles a las necesidades de la sociedad actual.

“Le veo muy preocupado por el informe del CGPJ y no sé qué hacer para calmar su ansiedad”, señaló Ruiz-Gallardón antes de añadir que la propuesta del órgano de gobierno de los jueces fue firmada por cuatro vocales, tres de los cuales fueron nombrados a propuesta del PSOE.

Será este informe sobre la Ley de Planta y, sus posibles repercusiones,  precisamente el protagonista de la conferencia de Gabriela Bravo, portavoz y vocal del CGPJ, imparta hoy a primera hora de la mañana en el foro de ACIJUR, (Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos), entidad ahora presidida tras los últimos cambios internos por la periodista Patricia Rosety, compañera experta en temas de justicia y tribunales de la CADENA COPE

Por criterios de renta

En cuanto a las tasas judiciales, por las que fue preguntado por el diputado socialista Pablo Martín Peré, el ministro explicó que las tasas judiciales atienden a criterios de renta y no a una distinción entre personas físicas y jurídicas. Tras recordar a su interlocutor que “la persona a quien ha comprado el periódico” o a quien “compra la leche” son también personas jurídicas, se ha preguntado que por qué ellas deben ser gravadas con el pago de tasas judiciales y no lo debe ser una persona física con recursos.

El ministro hizo hincapié en que las tasas judiciales fueron mantenidas y ampliadas por el PSOE, pero ahora los recursos que se obtengan de ellas se destinarán a financiarla Justiciagratuita para que los que tienen más contribuyan a sufragar el derecho a la tutela judicial efectiva de los que viven en peores condiciones. “Una idea que les tiene que sonar porque hubo un tiempo que la defendían. Hoy la defendemos nosotros”, ha agregado.

Sobre las tasas, otro de los elementos que ha generado crispación, sobre todo en la abogacía española, cabe mencionar los puntos de vista de Carlos Carnicer, presidente del CGAE y del recientemente elegido presidente del CICAC, organismo que regula la abogacía catalana, Pedro L. Yúfera, sobre esta medida a la que estas instituciones y otras relacionadas con la abogacía se oponen de forma frontal por considerar que resquebraja el derecho a la defensa.

Publicado en: diariojuridico.com

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