Green acusa a los diarios de publicar historias falsas sobre sus negocios y un editorial que lo involucró en una estafa bancaria en California. Los dos diarios fueron hasta hace un par de años rivales enconados, pero la crisis económica los obligó a unir esfuerzos y desde entonces suelen publicar investigaciones conjuntas y comparten informaciones de sus redactores.

Las dos historias más polémicas fueran, la de una oscura visita que el multimillonario realizó a Cuba en 2007 y una aparente parranda que compartió, junto al ex boxeador Mike Tyson, abordo de su yate en el Mediterráneo, junto a jovencitas ligeras de ropas donde, según los dos diarios, el ex deportista consumió grandes cantidades de drogas.

Green siempre dijo que las acusaciones eran falsas, y en la documentación entregada en un tribunal federal de Miami el miércoles, estima que fueron la causa de su derrota electoral, en una campaña en la cual invirtió unos 500 millones de su propio dinero.

Como es habitual en estos casos, portavoces de los dos diarios no quisieron comentar la demanda.

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Declara que la competencia para el enjuiciamiento de los hechos objeto de la causa corresponde a la Audiencia Provincial a través de una de sus secciones, debiendo así adecuarse su tramitación a las normas del proceso ordinario.

En este auto de 12 folios, que puede ser recurrido en el plazo de diez días ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado resuelve de esta forma la cuestión previa planteada por los letrados de Miguel Carcaño, de su hermano y de María García, que habían argumentado la “inadecuación del procedimiento” y que la competencia para el enjuiciamiento de los hechos correspondía a un tribunal colegiado de la Audiencia Provincial.

El magistrado recuerda que, en su relato de los hechos, la acusación particular ejercida por los padre de Marta del Castillo “imputa a quienes considera autores de las agresiones sexuales y muerte de la víctima -Miguel Carcaño y el menor de edad conocido como el ‘Cuco’- haberle dado muerte para impedir que pudieran ser descubiertos los hechos que acababan de llevar a cabo, esto es, las agresiones sexuales”.

Respecto al Ministerio Público, explica que, en su escrito de acusación, “no se pronuncia expresamente al modo de la anterior acusación respecto de aquella relación entre las previas agresiones sexuales y el inmediato asesinato de la víctima”, aunque, no obstante lo anterior, “su relato fáctico cobra sentido lógico desde la perspectiva expresamente manifestada” por la acusación particular, “habida cuenta de que al describir la conducta” de Miguel y del menor de edad “las secuencias expresadas abogan por una actividad general de ocultación de las violaciones”.

Señala además que la Fiscalía, previamente, “ya mantuvo expresamente esa relación funcional o instrumental de la muerte violenta de la víctima de las violaciones para evitar el descubrimiento de estos últimos delitos”.

Asevera el magistrado que las calificaciones de las partes “no suscitan ninguna duda acerca de cuál era el objetivo principal de los autores de los hechos”, señalando que entre el auto de la Sección Primera emitido el 7 de octubre de 2009 que ratificaba que el juicio fuera por jurado y el auto emitido al día de hoy se han realizado dos acuerdos por la Sala Segunda del Supremo que defienden que la competencia del jurado se entenderá al delito conexo siempre que se haya cometido teniendo como objetivo principal perpetrar un delito que sea de la competencia del Tribunal del Jurado.

Apunta que, “aplicando al supuesto de autos la doctrina jurisprudencial enunciada, siendo los delitos fin las agresiones sexuales, que no son competencia del Tribunal del Jurado, y no apreciándose la concurrencia de datos que permitan apreciar la posibilidad de un enjuiciamiento separado de tales delitos, la competencia para tal enjuiciamiento corresponde a la Audiencia Provincial”.

“Es obligación de este magistrado decidir como decide por exigencias de la Ley y de la interpretación que de ella hace el Tribunal Supremo, en evitación, por añadidura, de eventuales futuras anulaciones del proceso”, prosigue el magistrado, quien ha dictado este auto en pleno mes de agosto, previa habilitación del mismo, “para evitar retrasos” y dado que el principal acusado se mantiene en prisión preventiva y de que se trata de un proceso ante el Tribunal del Jurado.

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El PPCV se ha pronunciado así en un comunicado en relación a la información publicada este miércoles en la edición digital de ‘El País’, en la que se afirma que la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía ha acreditado con un nuevo informe la financiación ilegal del PP valenciano.

Al respecto, la formación ‘popular’ ha señalado que el informe elaborado por la UDEF no aborda su financiación y ha destacado que “sería la primera vez que, sin disponer una documentación esencial como es la contabilidad de un partido, se pueda resolver que es irregular”.

Además, ha indicado que se trata de “un informe falso porque no aborda la financiación del PP, un informe parcial, tergiversado y antiguo” que, en opinión de los ‘populares’ valencianos, “sólo busca influir en la decisión de los jueces que deliberan en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que en este momento tienen que responder al recurso de apelación presentado por este partido”.

El PPCV ha subrayado que “este informe no es nuevo, ya que es la ampliación de un informe elaborado en julio de 2009 que fue desmontado en su totalidad” y que “forma parte de una actuación” a la que les “tiene acostumbrados el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba”.

El PPCV indica al término del comunicado que “se reserva su derecho a actuar contra quienes impunemente intentar atacar el honor de este partido” o contra quienes “se hagan eco del mismo sin dejar claro que se trata de una nueva manipulación política”.

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Teme que se pueda superar esta cifra teniendo en cuenta el empeoramiento de las previsiones económicas estimado para el último trimestre del año, que influirá de forma negativa en la tendencia actual de creación de empleo.

La organización argumenta su petición con los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, donde el número de desempleados registrados en el mes de agosto se ha incrementado en 61.083 personas, lo que representa un aumento del 1,5% respecto al mes anterior.

Recuerdan que la tasa de desempleo española es líder en Europa (20,3%), aunque a favor destacan la mejora de los datos en comparación con los de 2008 y 2009.

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Respecto a los precios, los expertos del BCE revisaron ligeramente al alza sus anteriores expectativas y ahora auguran que el dato de inflación armonizada oscilará en 2010 entre el 1,5% y el 1,7%, mientras que en 2011 se situará entre el 1,2% y el 2,2%.

Trichet reiteró en la tradicional rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, que decidió mantener por decimoséptimo mes consecutivo los tipos de interés en el 1%, que el actual nivel de los tipos resulta “apropiado”, lo que apunta a que la institución emisora no se plantea modificar su actual política monetaria, en sintonía con el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de EEUU.

“Hemos comenzado a observar un repunte, pero no cantamos victoria”, dijo Trichet, quien auguró que el crecimiento del PIB en el segundo semestre del año será “más débil” que en la primera mitad del año, aunque “mejor de lo previsto” por lo que afirmó que “no se baraja” la posibilidad de una doble recesión.

El presidente del BCE anunció que la entidad mantendrá las habituales operaciones de refinanciación a tipo fijo y adjudicación plena de liquidez “por tanto tiempo como sea necesario y al menos enero de 2011″.

Trichet confirmó que el BCE celebrará las operaciones a tres meses previstas para octubre, noviembre y diciembre a tipo fijo y con adjudicación plena.

El BCE decidió celebrar tres operaciones adicionales los próximos días 30 de septiembre, 11 de noviembre y 23 de diciembre coincidiendo con los vencimientos de las subastas a seis y doce meses.

El banquero francés subrayó que estas medidas “técnicas” no deber ser vistas como indicios de por dónde puede ir la política monetaria de la institución, sino que forman parte de un proceso continuo de normalización.

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Garrigues ha obtenido la máxima puntuación que otorga el ranking (220 puntos) y lidera la lista de de las empresas en España que más invierten en la formación de sus empleados, seguido por Telefónica y LG.

Los aspectos más valorados por Actualidad Económica del despacho han sido, en este sentido, contar con máster propio, la inversión en formación en el extranjero, y la evolución de la firma en el último año.

La clasificación general de las mejores empresas para trabajar en España la encabeza Telefónica, seguida de Banesto y Kimberly-Clark.

Esta clasificación se basa en la recopilación y análisis de la información de empresas participantes, obtenida a partir de un cuestionario con más de ochenta preguntas que suman 1.000 puntos en total.

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2 - En la actualidad, está regulado por la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, modificada por la L.O 3/2004, de 28 de diciembre.

3 - Está formado por el Presidente, el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión de Estudios y las Secciones.

a - El Presidente es nombrado libremente por Real Decreto del Consejo de Ministros entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado

b - El Pleno lo forman el Presidente, los Consejeros natos (los ex Presidentes del Gobierno de España, los Directores o Presidentes de la Real Academia Española, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Real Academia de la Historia, Consejo Económico y Social, el Fiscal General del Estado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Gobernador del Banco de España, el Director del Sevicio Jurídico del Estado y los Presidentes de la Comisión General de Codificación y de la Abogacía), los Consejeros permanentes (nombrados libremente por Decreto entre los que hayan sido Ministros, Presidente o Consejeros de Gobiernos de las Comunidades Autónomas, Consejeros de Estado, Letrados del propio Consejo, profesores numerarios y funcionarios de nivel universitario con quince años de ejercicio, Oficiales generales del Cuerpo Jurídico Militar y ex Gobernadores del Banco de España, con el límite en número que no debe superar al de secciones) y los Consejeros electos en número no superior a diez y por un periodo de cuatro años, además del Secretario General del Consejo.

c - La Comisión Permanente está integrada por el Presidente, los Consejeros permanentes y el Secretario general.

d - La Comisión de Estudios está integrada por el Presidente, dos Consejeros permanentes, dos natos y dos electivos, designados por el Pleno, y el Secretario general.

4 - La función del Consejo de Estado es exclusivamente consultiva, y se limita a dar su opinión fundada sobre el objeto de la consulta o a proponer otra solución más adecuada. En el ejercicio de esta función, debe velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Además, ha de procurar la armonía del sistema, el rigor de la técnica normativa y el buen hacer de la Administración, para reducir al mínimo la conflictividad con los ciudadanos.

5 - Tres de sus Consejeros permanentes son designados cada año para formar parte del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

6 - La función principal del Consejo de Estado es la de emitir dictámenes a petición de la autoridad consultante. El dictamen es un documento en el que el Consejo de Estado expresa su criterio sobre las cuestiones que le han sido consultadas.

7 - Las consultas son preceptivas o facultativas. Son preceptivas las consultas en que así lo establezca la Ley Orgánica del Consejo de Estado u otra norma con rango de ley. Son facultativas todas las demás; es decir, cuando no lo establezca una norma con rango de ley (art. 2.2. parráfo primero Ley Orgánica) y (art. 25.1 Ley Orgánica).

8 - La relación de consultas preceptivas se contiene en la Ley Orgánica (art. 21 Ley Orgánica) y (art. 22 Ley Orgánica) y en otras normas de rango legal. Dicha relación se recoge y hace pública de forma periódica (Resolución del Presidente de 21 de junio de 2005). Las consultas se reciben en la Sección competente (art. 17.2 Ley Orgánica) y Resolución del Presidente de 26 de abril de 2004.

9 - El proyecto de dictamen, que prepara uno de los Letrados adscritos a la Sección, se debate en la misma y se aprueba, en su caso, por el Consejero Presidente. De ahí se eleva para su aprobación a la Comisión Permanente y posteriormente al Pleno, de ser competencia del mismo.

10 - El dictamen del Consejo de Estado es el último trámite, que concluye la tramitación del expediente (art. 2.2 párrafo tercero Ley Orgánica). Tras de aquel, solo cabe la resolución por parte de la autoridad consultante. La resolución debe indicar si es conforme con el dictamen del Consejo de Estado o si se aparta de él (art. 2.2 párrafo quinto Ley Orgánica). En el caso de consultas preceptivas, si la autoridad consultante es un miembro del Gobierno y desea apartarse del dictamen, la resolución debe ser adoptada por el Consejo de Ministros (art. 2.2 párrafo cuarto Ley Orgánica). Por otra parte, el Consejo de Estado puede elaborar estudios, informes o memorias a petición del Presidente del Gobierno o de un Ministro (art. 2.3 párrafo primero Ley Orgánica). Asimismo, está facultado para elevar al Gobierno mociones sobre cualquier asunto que la práctica y experiencia de sus funciones le sugieran (art. 20.1 Ley Orgánica).

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Entre los datos más representativos, destaca el hecho de que 1 de cada 3 adolescentes confirman que han contactado con desconocidos a través de Internet, mayoritariamente en redes sociales.

Sin embargo, un 30% dicen estar preocupados por este mismo hecho, ya que lo califican de actitud de riesgo.

En cuanto a distribución regional, los jóvenes catalanes son los que se confiesan más atrevidos a la hora de contactar con desconocidos; los valencianos, los más precavidos.

Tanto padres como hijos perciben el contactar con gente desconocida como la principal amenaza de la Red para los jóvenes, seguido por el ser afectado por virus y por sufrir pérdidas de información de algún tipo.

Las chicas son un poco más atrevidas, a la hora de aceptar contactos no conocidos (aunque la diferencia es sólo de un punto porcentual, 67% de los varones, frente al 68% de las mujeres).

El 99% de los jóvenes encuestados, con edades comprendidas entre 10 y 20 años, afirman utilizar alguna de las redes sociales más populares.

Por su parte, sólo el 47% de los padres tienen conocimiento de que sus hijos formen parte de estos sitios de encuentro en la Red, pero en muchos casos desconocen a cuál pertenecen o cuáles son sus perfiles.

La sensación de seguridad es generalizada, tanto para padres (el 72% afirma saber cómo estar protegido) como para niños (el 83% afirma sentirse seguro en la Red). Sólo el 44% afirma haber sido enseñado sobre cómo utilizar Internet de forma segura, lo que contrasta con las afirmaciones de los padres, que el 79% afirma haber hablado de seguridad con sus hijos.

La media de conexión a Internet de los menores es de 3 veces a la semana. Principalmente, utilizan redes sociales, aunque también le sigue de cerca el buscar información para hacer los deberes, chatear, leer información y chequear el e-mail.

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“Acabamos de cruzar una etapa esencial: hemos llegado a un consenso político sobre la creación de una supervisión financiera europea”, declaró el comisario europeo de Servicios financieros, Michel Barnier, tras el acuerdo.

“Esta nueva arquitectura de supervisión es una etapa esencial en nuestro esfuerzo para sacar conclusiones de la crisis”, agregó.

La reciente crisis “fue un fracaso de la supervisión en los años anteriores”, dijo Barnier.

“Tenemos necesidad de una torre de control y pantallas de radar” para evitar otro fracaso, lo que este acuerdo facilitaría.

Discusiones intensas se reiniciaron a principios de julio para tratar de llegar a un compromiso sobre ese proyecto, que prevé en especial nuevas autoridades supranacionales encargadas de vigilar a los bancos, las aseguradoras y los mercados.

Hasta ahora, esa misión de vigilancia era esencialmente competencia nacional en la UE.

El parlamento europeo y los Estados de la UE fracasaron en lograr un acuerdo antes de la pausa de vacaciones, y por eso reiniciaron las discusiones esta semana.

El acuerdo tendrá ahora que ser validado por los ministros europeos de Finanzas, en una reunión en Bruselas el martes, luego por el Parlamento europeo, al que será presentado a fines de septiembre.

Tal calendario es considerado necesario para aplicar la reforma en enero de 2011, como está previsto por la Comisión y los Estados.

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Los servicios legales y otros departamentos del Ejecutivo comunitario han redactado un informe “preliminar y jurídico” sobre las polémicas expulsiones e incluido las versiones de las delegaciones francesa y rumanas que ayer martes se reunieron con la vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding.

El análisis se centra en “dos asuntos jurídicos europeos” concretos, aclarar si se han vulnerado el derecho a la libertad de circulación de los ciudadanos de la UE y la Carta de Derechos Fundamentales, explicó en rueda de prensa Newman.

La vicepresidenta Reding y los comisarios de Asuntos Sociales, László Andor, y de Interior, Cecilia Malmsröm, son los encargados por petición del presidente, Jose Manuel Durao Barroso, de informar al resto del colegio sobre el caso.

El objetivo es aportar los datos preliminares para estudiar “con una visión objetiva” si Francia ha respetado las leyes europeas. Fuentes comunitarias apuntaron en los últimos días que si Bruselas constata que se vulneraron los derechos comunitarios de los afectados podría decidir abrir un procedimiento.

Con todo, el portavoz de Reding insistió en el carácter “preliminar” del informe y explicó que a finales de esta semana tendrá lugar otra reunión con representantes del Gobierno galo, esta vez a “nivel técnico”, para continuar las conversaciones.

Otra portavoz comunitaria recalcó que la reunión de comisarios, primera tras el parón veraniego y a puerta cerrada, es de carácter informal y por tanto “no habrá decisiones ni en éste ni en otros asuntos” de la agenda. Se trata de un seminario de dos días, por lo que las discusiones sobre este caso se pueden prolongar hasta el jueves.

Tras reunirse con varios comisarios, el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, defendió la política francesa de expulsiones y subrayó que Francia ha respetado “escrupulosamente” las normas comunitarias, pero advirtió de que la libertad de movimiento “no puede ser incondicional”.

El secretario de Estado para Asuntos Europeos rumano, Bogdan Aurescu, pidió a Bruselas que estudie si las deportaciones han sido “verdaderamente voluntarias” y acusó a El Elíseo de maquillar las cifras de criminalidad de los deportados para “impresionar a la opinión pública”.

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