El letrado se desempeñaba como director del Departamento de Propiedad Intelectual e Industrial y Nuevas Tecnologías de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

El ingreso de Rodríguez responde a la necesidad estratégica del bufete de reforzar ese área y ampliar su presencia en la litigación de patentes en el sector farmacéutico y tecnológico a las necesidades del sector de los medios de comunicación y entretenimiento.

“Veré multiplicada y aprovechada exponencialmente mi experiencia, junto con unos socios a los que conozco muy bien y con cuyos valores y forma de entender la profesión me identifico plenamente”, afirmó Rodríguez, según un parte de prensa del despacho.

Bird & Bird ha sido reconocido por Chambers Global como Firma Global en Propiedad Industrial del Año (Global IP Law Firm of the Year). Su Área de Propiedad Industrial fue elegida como European Law Firm of the Year.

Y agregó que en la actualidad “hay mucha oferta y muy poca demanda”.

Sandoval indicó que algunas grandes redes inmobiliarias ya han aplicado rebajas de este porcentaje para dar salida a sus existencias de pisos.

El empresario estimó que “para aquellos que tengan disposición para comprar, ahora es un buen momento, ya que “hay un parque brutal de viviendas que no está colocado” y los vendedores han tomado conciencia de la situación que atraviesa el mercado inmobiliario.

UCI, que se considera líder en la comercialización de préstamos hipotecarios a través de los profesionales del sector inmobiliario, cuenta con 69 agencias en España, siete en Portugal y tres en Grecia, en las que un equipo de profesionales que ofrecen soluciones de financiación.

Esto sucede porque, hasta entonces, es la empresa la que se hace cargo del pago de las prestaciones.

La situación llevó a un aumento de control de la Seguridad Social sobre las bajas de larga duración.

Sin embargo, las personas que, de forma fraudulenta faltan al trabajo, en vez de dilatar durante meses su baja, solicitan muchos permisos consecutivos pero de corta duración.

El Ministerio quiere atajar este absentismo injustificado con el desarrollo de un programa que permita a los médicos comprobar si esa misma baja se le ha concedido de forma encadenada a ese trabajador.

Scheinin subrayó que en España sólo la Audiencia Nacional se encarga de los casos de terrorismo y dijo que la función del Tribunal Supremo tradicionalmente se limita a cuestiones de derecho.

Por eso, señaló que los mecanismos existentes de revisión por un tribunal superior, a los que tiene derecho toda persona condenada por un delito, en el caso español “adolecen de una deficiencia estructural”.

El relator del Consejo de Derechos Humanos de la ONU “solicita al Gobierno español que considere la posibilidad de incluir los crímenes de terrorismo en la jurisdicción de tribunales ordinarios, en lugar de un tribunal único especializado”.

Scheinin dijo que no es partidario de “abolir la Audiencia Nacional, sino de transferir algunos delitos de terrorismo a los tribunales ordinarios con base territorial”.

En su opinión, es necesario que en España “haya un debate sobre los delitos que debe tratar un tribunal a nivel nacional” como es la Audiencia.

España apoya, según explicó Solbes, que la denominada directiva sobre la fiscalidad del ahorro extienda su ámbito de aplicación para cubrir no sólo a las personas físicas sino también a las jurídicas y a todos los instrumentos financieros y no sólo a las cuentas de ahorro.

Los ministros de Economía de la UE reclamaron de nuevo este miércoles a la Comisión que presente antes del 30 de septiembre un informe detallado sobre el funcionamiento de esta norma.

El comisario de Fiscalidad, Laszlo Kovacs, se comprometió a hacerlo y anunció que dos semanas más tarde pondrá sobre la mesa propuestas de reforma de la directiva.

La directiva sobre la fiscalidad del ahorro, en vigor desde julio de 2005, se aplica a todos los Estados miembros, a 5 países europeos que no forman parte de la UE (Suiza, Liechtenstein, San Marino, Mónaco y Andorra) y a 10 territorios dependientes que son antiguas colonias de Reino Unido y Países Bajos.

La directiva obliga a los bancos de estas 42 jurisdicciones a enviar información sobre los intereses que se pagan a las cuentas bancarias de no residentes a las autoridades fiscales del país de procedencia.

No obstante, contempla una alternativa para los países que quieran preservar el secreto bancario que consiste en aplicar una retención en origen de hasta el 35% y enviar una parte al país de referencia. Luxemburgo, Austria, Bélgica y el resto de países de fuera de la UE que participan en el acuerdo se acogen a esta segunda posibilidad.

El Ejecutivo aragonés emplaza a la Generalitat de Cataluña a no aplicar el Decreto por no continuar la situación de emergencia hídrica. La DGA pide al Gobierno de España que retire el Decreto de forma inmediata.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, indicó en rueda de prensa que el artículo recurrido autoriza la compra-venta de derechos de uso de agua a los usuarios de la cuenca del Ebro sin que se haya solicitado un informe preceptivo al Gobierno de Aragón. Así lo ordena el Estatuto de Autonomía de Aragón, lo que convertiría el Decreto, ya convertido en Ley, en inconstitucional. El resto del Decreto no será recurrido.

Según Biel, el artículo 3 del Decreto “es la piedra angular en lo que a los derechos de Aragón se refiere”, ya que “es el que permite una transferencia de aguas de la cuenca del Ebro a Barcelona, que afecta a Aragón”.

El recurso de inconstitucionalidad se puede presentar hasta el próximo 22 de julio y el plazo de resolución, dijo el portavoz del Ejecutivo aragonés, es de cuatro o cinco años.

Biel dijo que cuando se presenta un recurso de inconstitucionalidad no basta con las razones “políticas o sentimentales”, sino que es necesario realizar argumentaciones jurídicas, basadas en el Derecho. “No basta con oponerse, hay que argumentar”, aseveró.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de Aragón requiere, políticamente, al Gobierno de la Generalitat de Cataluña que reconozca, formalmente, que se ha superado la situación de emergencia.

Maragall explicó que trabajará para crear “ámbitos de convivencia”, siempre que no se generen “perjuicios en el aula”.

“Esto se consigue más con la creación de un clima de respeto y convivencia, con respeto a los derechos individuales, que imponiendo”, aseguró.

En este sentido, recordó que existe una “normativa general que regula y ampara este derecho” de llevar símbolos religiosos. “Y no la contradeciremos”, dijo Maragall, que reiteró que no es intención de Govern “limitar los derechos individuales en este sentido”.

Maragall agregó, tras la comisión parlamentaria, que no hay una “reglamentación general que dé espacio para poder regular lo que debería estar permitido” hacer o llevar en las aulas, en relación a las creencias religiosas.

Además, consideró que la posible normativa conllevaría “criterios negativos”, que prohibirían ciertas actitudes. Al respecto, aseguró que la Generalitat no “osa decidir qué comportamientos, usos y hábitos son aceptables”.

Asimismo, respecto a la situación actual sobre esta materia en las aulas, el conseller resaltó que la experiencia diaria es “positiva” y se dan “magníficos resultados en el terreno del derecho y el respeto a la convivencia”.

El Profesor O’Leary es uno de los economistas y analistas del sector financiero más reputado de Irlanda. Formó parte del National Economic and Social Council antes de convertirse en Chief Economist de Davey Stockbrokers en Dublín hasta el 2001. Sus textos se han publicado con éxito en el ámbito de la economía irlandesa y es columnista económico del Irish Times.

La Spanish Irish Business Network, que cuenta con el patrocinio de Gómez-Acebo & Pombo, pretende crear una red de contactos estratégicos, además de organizar actos diversos para fomentar y fortalecer enlaces comerciales entre España e Irlanda.

Para Peter Gunning, Embajador de Irlanda en España, “esta red es una importantísima vía de negocios entre los dos países y constituye un recurso clave para empresas irlandesas interesadas en abrirse camino en el mercado español.

Según Ralph Smith, abogado de Gómez-Acebo & Pombo y miembro activo de la Spanish Irish Business Network, “este evento es una estupenda contribución al Network y cosntituye un impulso importante para el desarrollo de las relaciones comerciales entre España e Irlanda”.

Para esta labor, Génesis cuenta con el apoyo y la certificación de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), que pone a disposición de los clientes más concienciados ecológicamente dos proyectos a los que irá dirigida la recaudación en euros que se acumule con este sistema de compensación de emisiones: la reforestación con 24.000 árboles de una zona de 2.000 hectáreas en la península de Nicoya (Costa Rica), -donde ya se han capturado más de 37.600 toneladas de CO2-, y la rehabilitación y ampliación de una central hidráulica en Sumatra (Indonesia).

Antes de lanzar esta póliza, el grupo realizó pruebas piloto con unos 1.000 conductores, sobre todo para conocer su perfil y comprobar si esta iniciativa iba a resultar interesante para ellos. De ella, se dedujo que los hombres están por delante de las mujeres en cuanto a preocupación ambiental se refiere, y por edad, rondan los 55 los que están dispuestos a aportar más cantidad de dinero a ello, hasta 25 euros extra para este fin.

Los más jóvenes confiesan que sólo estarían interesados en ella si ese coste extra no les supone más de 5 euros, aproximadamente.

En cuanto a la antigüedad del vehículo o la potencia, los asegurados que tienen coches de más de 8 años están mas sensibilizados con el medio ambiente, según indicaron sus respuestas afirmativas, mientras que los que poseen vehículos de entre 60 y 150 CV con precios superiores a los 15.000 euros también se mostraron más receptivos, el índice de respuesta crece en estratos de poder adquisitivo medio-alto. Asimismo, son más receptivos los conductores de zonas urbanas que los de lugares rurales.

Por el momento, esta póliza sólo se podrá contratar vía ‘on line’, aunque no se descarta, según Huerta, que esto sea posible también a través del callcenter de la aseguradora e incluso, más adelante, a través de los propios agentes de la compañía. Según sus palabras, esta póliza tiene las mismas ventajas y prestaciones que una tradicional, “con el valor emocional añadido de que se colabora en la protección del medio ambiente”.

El primer ministro luxemburgués y presidente de turno del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha arremetido en diversas ocasiones contra las remuneraciones “sin límite” de los altos ejecutivos empresariales, que contrastan con la exigencia de “moderación salarial” que se dirige a los trabajadores.

“Podemos llamar la atención sobre el tema, podemos hacer referencia a que deben aplicarse buenas prácticas, podemos insistir en que el comportamiento del gobierno corporativo sea prudente, pero es cierto que son decisiones que se toman en el ámbito de las empresas”, explicó Solbes.

“Nos pasa también con otros sueldos y salarios. Que también podemos dar recomendaciones para que vayan en la buena dirección, pero al final están en el ámbito de la empresa”, resaltó.

El vicepresidente económico descartó asimismo dar un tratamiento “fiscal” diferenciado a los sueldos de los directivos. “Ya existe una política fiscal específica en la que los ingresos mayores tienen una progresividad mayor. Pero dar un tratamiento diferenciado por el hecho de que sean sueldos u otro tipo de cosas es difícil de hacer”, constató.