Hemos sabido estos días de la finalización  del proceso de arbitraje planteado por  Iberdrola contra el Estado de Guatemala, debido a su inconformidad con una medida de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) con la cual se le redujeron los márgenes de ganancia a su subsidiaria, la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (Eegsa).

La resolución del panel arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), instancia que opera bajo los auspicios del Banco Mundial, es tajante en cuanto a imponer a la parte demandante (Iberdrola) la obligación de cubrir los gastos en que incurrió el Gobierno de Guatemala para su defensa. O sea que lejos de recibir los $188 millones reclamados, deberá pagar $5.3 millones.

Según algunos expertos consultados por DIARIOJURIDICO,  hay que destacar el gran trabajo jurídico que han hecho los servicios legales del país guatemalteco. El mensaje es alentador, pues sabido es que en esa entidad, cuya sede está en Washington, resulta bastante difícil que se le dé la razón a los Estados.

Esto confirma, como lo repitió hasta la saciedad el entonces presidente de la CNEE, Carlos Colom Bickford, que la decisión de bajar la tarifa del Valor Agregado a la Distribución (VAD); es decir, lo que cobran las compañías por llevar la energía eléctrica hasta las residencias de los consumidores, ha sido conforme a Derecho

Hasta ahora es muy difícil entender porqué Iberdrola se empeño en proseguir con el proceso, siendo que en una operación de venta de la Eegsa a la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) todavía obtuvo algunos dividendos. Es más, la compañía sudamericana aceptó seguir trabajando con la tarifa establecida por la CNEE sin queja alguna.

Es importante resaltar que la resolución destaca que en ningún momento se le denegó la justicia a la corporación española, la cual era propietaria de la Eegsa junto con Electricidad de Portugal y la estadounidense Teco Energy. Esta última todavía mantiene un reclamo similar en el Ciadi, cuyo destino ahora parece predecible.

Con la culminación de este caso, esta naciona centroamericana  avanza en el saneamiento de sus relaciones con los consorcios transnacionales. Antes había sido el de la Railroad Development Corporation (RDC), casa matriz de Ferrovías de Guatemala, que quería $65 millones por supuestos daños financieros. Aunque la resolución habla de pagarles algunos millones (se habla de entre $10 millones y $14 millones) es un caso que todavía está pendiente de resolverse en su totalidad.

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