Ésta es una de las principales propuestas del colectivo, que celebró su XIX Congreso Anual en Valladolid, centrado en la crisis económica y en la lucha contra el fraude fiscal.

Para los inspectores de Hacienda, las dos únicas vías para reducir el déficit del Estado, cercano al 10% del PIB, no pueden ser únicamente la subida de impuestos o la reducción del gasto público, sino que es preciso poner «todo el empeño» para que los que no pagan sus impuestos lo hagan, lo que tendría un impacto recaudatorio «muy superior» a cualquier subida de impuestos.

Cifran en 70.000 millones de euros anuales la economía sumergida en España, teniendo en cuenta que, según ciertos informes, el fraude fiscal en el país se sitúa entre el 20 y el 25% del PIB y que la presión fiscal media supera el 30% del PIB. De acuerdo con estos datos, y sabiendo que el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria es de cuatro años, los inspectores cifran en aproximadamente 280.000 millones de euros las cuotas tributarias que se dejan de ingresar en cuatro ejercicios.

«La magnitud de estas cifras choca con el importe de 11.000 millones de euros como efecto recaudatorio de la subida de impuestos que pretende aprobar el Gobierno, con la particularidad de que el importe de la subida aprobada va a recaer sobre los que ya están pagando», reza el documento del colectivo de inspectores.

Indican que como resultado de las actuaciones realizadas en los años 2005 a 2008 con el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, la deuda recuperada se ha cuantificado en unos 28.000 millones de euros que, comparada con el fraude existente (280.000 millones en cuatro años), no llega al 10%.

La presidenta del colectivo de inspectores, Isabel Martínez, su portavoz, Francisco de la Torre, y el inspector José María Peláez defendieron, en el transcurso del congreso, la necesidad de poner en marcha un plan especial de atuación tributaria que, con un horizonte de cuatro años (2010-2013), suponga un incremento de los medios humanos y materiales en la lucha contra el fraude, así como la aprobación de medidas normativas y organizativas.

Proponen que el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) lleve a cabo un estudio en 2010 sobre el índice de fraude fiscal en España y, al final del plan, repita el mismo estudio para determinar el resultado del mismo.

Entre las medidas concretas que plantea el plan, además de incrementar en 600 el número de inspectores de Hacienda, en 3.000 el número de técnicos y en 2.000 el número de agentes tributarios y administrativos, apuesta por que se permita a los inspectores de Hacienda comprobar los requisitos de las Sicavs. Deben estar integradas por 100 partícipes para poder disfrutar de la tributación al 1% y que, según los datos del colectivo, la inmensa mayoría no cumple o lo hace de forma ficticia, al contar con inversores sólo de carácter nominal. Ahora esta función recae en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.