Juan de la Cruz Ferrer«Suspender la privatización sanitaria en Madrid supone un éxito importantísimo de la iniciativa social». Así lo ha asegurado Juan de la Cruz Ferrer, letrado responsable del equipo de abogados que el pasado mes de junio entabló los tres primeros recuros judiciales para paralizar el proceso de privatización de seis hospitales públicos de la región, lo que fue confirmado este lunes por parte del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

«Lo que ha afirmado con contundencia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es que nuestro modelo de sanidad pública ha acreditado unos niveles de eficiencia en los resultados sobre la salud y en la gestión de los recursos que impiden cambiar ese modelo basándose en meras improvisaciones o en afirmaciones médicas y económicas que no estén verdaderamente acreditadas», señala De la Cruz.

La asociación de médicos Afem, la más activa en la marea blanca de protestas contra la privatización sanitaria, contrató al bufete López Rodó & Cruz Ferrer con el dinero procedente de una colecta de febrero de 2013 entre los sanitarios madrileños, que hicieron un día de «no huelga» para destinar el dinero de esa jornada a «la defensa de la sanidad pública». El bufete puso en marcha, entonces, varios recursos: uno presentado ante el Tribunal Constitucional y otros presentados ante los Juzgados de lo Contencioso y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid frente a las bases de la convocatoria del contrato que se publicaron antes del verano. Además, los abogados presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Competencia y una querella penal por las irregularidades supuestamente cometidas por la cúpula sanitaria madrileña en la primera ola de privatizaciones.

De la Cruz asegura que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido este proceso «por entender que los perjuicios para el interés público que se han acreditado en los recursos son superiores a los potenciales beneficios que ha defendido la Comunidad de Madrid». Y añade: «El Tribunal Superior no sólo se refiere a los perjuicios derivados del cambio de modelo de gestión pública de la asistencia sanitaria especializada en los seis hospitales, que podrían derivarse para los pacientes y para todo el personal sanitario; sino que también se refiere expresamente a los perjuicios para la propia Hacienda de la Comunidad de Madrid, que era la única justificación de todo el proceso, puesto que los cuantiosísimos adelantos de pagos que la Comunidad hubiera debido efectuar mensualmente a las concesionarias, de acuerdo con unos contratos extraordinariamente confusos, para nada quedaban garantizados por los avales que se les exigieron y que fueron reducidos en un 90%».

En opinión del abogado, esta decisión judicial supone «un éxito importantísimo de la iniciativa social. Hace justo un año, en enero de 2013, y con el respaldo de miles de ciudadanos, médicos de Afem y abogados de López Rodó & Cruz Ferrer, pusimos en marcha un equipo interdisciplinar de médicos y abogados que comenzamos a trabajar para demostrar, primero ante la opinión pública y después ante los tribunales, que el modelo de privatización propuesto por la Comunidad de Madrid carecía de datos y pruebas que permitieran afirmar sus beneficios no sólo médicos, sino también económicos; además de vulnerar nuestro sistema legal. Este trabajo se materializó en los informes Afem-López Rodo & Cruz Ferrer» que, según el abogado han aportado una «sólida fundamentación» a los recursos presentados ante los Tribunales.

 

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