La o?cina del Defensor del Pueblo que dirige María Luisa  Cava de Llano, ha hecho público un informe monográ? co  que busca dar una respuesta a la situación de miles de ciudadanos que como consecuencia de la crisis económica, el  desplome de los precios inmobiliarios y el desempleo, no  pueden afrontar el pago de sus hipotecas.

El estudio “Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo” aborda  los con? ictos que re? ejan las  quejas presentadas ante la  Institución, expone las actuaciones realizadas en estas  materias y presenta 20 recomendaciones para que los  poderes públicos las tomen  en consideración a la hora  de buscar soluciones a un problema cuya última consecuencia es la pobreza y la  exclusión social.

Según datos del Banco de España, el endeudamiento de  las familias en relación con la renta disponible ha sido  creciente hasta la crisis de  2008. El 90% del endeudamiento familiar procede de  la ? nanciación de inversiones en activos inmobiliarios,  es decir, de las hipotecas.

Tal y como explica el informe, el crédito hipotecario es  la principal fuente de ganancias de la banca española,  que diseña y comercializa  los productos a través de  campañas publicitarias y predispone el contenido de las  escrituras hipotecarias. Es  por ello que la banca debería siempre evaluar la capacidad  de endeudamiento del cliente y abstenerse de ofrecer préstamos por encima de la capacidad de reembolso.

Sin embargo, desde hace más de una década las entidades  de crédito han otorgado de forma imprudente el crédito  hipotecario y han puesto en marcha prácticas que, a juicio  de la Institución, han facilitado el sobreendeudamiento de  las familias.

Extender los bene? cios también al cliente

Así las cosas, la crisis del sistema ha propiciado que algunas entidades de crédito se hayan bene? ciado de unas  medidas excepcionales consistentes en ayudas públicas,  que han desbordado las previsiones legales, pero que se  admiten como un mal necesario para que no se produzca un colapso. Por ello, el  informe apunta que, a ? n de  equilibrar el sistema, y para  hacerlo más justo, reparando los excesos y restaurando la equidad, la situación  actual requiere extender  los bene? cios que ya recibe  la banca, al otro lado de la  relación, esto es, al cliente  sobreendeudado.

Y es que nos encontramos  ante una situación excepcional que merece respuestas excepcionales, aunque sea  con carácter temporal, hasta que remonte la coyuntura  económica. Porque, al igual  que la inyección de liquidez  a las entidades de crédito  está justi? cada en nombre  del interés general afectado, también en la crisis de  los particulares hipotecados  está en juego la con? anza en  nuestro sistema ? nanciero.

La o? cina del Defensor del  Pueblo recuerda, además, que la regulación del mercado  hipotecario debe respetar el derecho a una vivienda digna  El informe reclama medidas  excepcionales para los  hipotecados, al igual que se  han otorgado ayudas públicas excepcionales al sector  ? nanciero y al ejercicio de los derechos constitucionales vinculados.

Por tanto, la protección de estos derechos debe ser tenida  en cuenta al interpretar las normas sobre concesión y ejecución de las hipotecas.  De esta forma, una de las principales conclusiones de este  informe es la necesidad de reforzar la protección al hipotecado para evitar que se vuelvan a repetir situaciones como  la actual y para que se atenúen los efectos más nocivos  que se están dando en la actualidad. Para ello, se ofrecen  en las recomendaciones dos tipos de medidas: preventivas,  a través de, por ejemplo, la información precontractual, o  curativas, entre las que destacan las que tienen carácter  concursal.

En cualquier caso, la Institución es consciente de que  toda solución requiere el  compromiso y la aceptación  de los operadores del sector  ? nanciero. Por ello, recomienda un acuerdo político  asumido por el sector bancario, como la Asociación Española de Bancos (AEB) y la Confederación Española de  Cajas de Ahorro (CECA) que incluya en los casos necesarios, entre otras medidas, una moratoria en el pago de  las hipotecas y la ? exibilización de las cuotas, así como la  posibilidad de establecer un sistema de pago con carencia  de amortización del capital que haga la cuota asumible.

Se trataría de una reestructuración de la deuda que gene raría más negocio para la banca, pues podría cobrar más  y durante más tiempo. Además, existen precedentes en  los que ante situaciones menos graves se ha alcanzado  un acuerdo político asumido por la industria bancaria con  buenos resultados, como las tasas de intercambio ? jadas  unilateralmente por las redes de tarjetas que eran desproporcionadas.

A nadie bene? cia y a todos perjudica mantener en la marginación y en la exclusión social y ? nanciera a familias enteras que nunca podrán pagar sus deudas pendientes.

Asimismo, el informe señala otro grupo de posibles soluciones que podrían acompañar a la moratoria, que pasarían por la supresión de tasas, costas, moderación de  cláusulas penales, o la paralización del devengo de intereses durante el proceso, que coadyuven a superar las di-? cultades para atender los créditos pendientes de pago.

Del mismo modo, se podría permitir el pago del capital  antes que los intereses, lo que conllevaría la reducción de  la deuda que genera obligaciones accesorias.

Dación en pago

Por otra parte, el informe aborda también el problema que  existe hoy para aceptar la dación en pago en las hipotecas  y quedar liberado de la deuda, que radica en que los bienes dados en garantía de los préstamos hipotecarios no  cuentan con el valor su? ciente para cubrir el importe de  la deuda garantizada, debido a la caída del mercado y la  pérdida de valor de los inmuebles.

No obstante, y del mismo modo que cuando el mercado  inmobiliario estaba al alza se reguló la hipoteca inversa,  por la que las personas mayores de 65 años cedían su vivienda a los bancos a cambio de una renta o de una indemnización, no debería de haber problema para buscar  hoy soluciones para quienes se encuentran sin recursos y  no pueden hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias  y, aunque pierdan su vivienda, van a seguir debiendo dinero al banco.

Puedes revisar este informe aqui, http://defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/contenido_1327485609380.html

 

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