La OMC, presidida por el doctor Juan José Rodríguez Sendín, rechaza que se utilice el argumento de que la nueva ley les dotará de una mayor seguridad jurídica a la hora de realizar una interrupción voluntaria del embarazo, porque «ni los médicos y menos aún el nasciturus estarán mejor protegidos que con la ley anterior».
El organismo exige unas «mínimas garantías» en el nuevo proyecto de la salud sexual y reproductiva, entre ellas, establecer un sistema que «impida irregularidades» en los informes médicos que avalan que el embarazo supone un peligro para la salud psíquica o física.
«Deberían restablecerse en los hospitales públicos y en cualquier centro en que se realicen abortos las comisiones técnico-éticas que establezcan la legalidad o no de la interrupción voluntaria del embarazo», esgrimen los médicos.
En esta línea, precisan que una decisión «tan importante y de consecuencias irreversibles», cual es un aborto, no puede ser adoptada por un sólo facultativo como propone el nuevo texto legal.
Piden además que se elabore un protocolo de consentimiento informado que ofrezca las debidas garantías de validez y respeto a la opinión y autonomía de la mujer, con «información de la naturaleza de la intervención y sus riesgos».
La OMC considera que se debería dar un «periodo suficiente de reflexión» a las mujeres e informarlas de «las ayudas sociales públicas y privadas» a las que podrán acogerse en el caso de que decidan continuar con la gestación.
«De acuerdo con el código de ética y deontología médica, la profesión médica está al servicio de la vida humana», señala la OMC.
