Por Patricia Abad Cost, Abogada de Legal & Media Advisers SL

Francia se quiere situar en la cabeza de los países que endurecen su legislación para combatir la “piratería” y el enriquecimiento injusto con el uso y la puesta a disposición de contenidos protegidos por derechos de autor.

Si ya el Gobierno Sarkozy aprobó una ley que permite sancionar y cortar la conexión a los internautas que se descarguen contenidos de manera ilegal (la más dura de toda la Unión Europea) ahora el Gobierno francés planea incluir en los presupuestos del 2011 el establecimiento de un nuevo tributo que pretende gravar por un lado el comercio electrónico con un 0.5%, y con un 1% los beneficios obtenidos por la publicidad online generada en Francia, ambos recaudados y controlados por el Estado Francés.

Esta medida pretende reducir el déficit presupuestario estatal al tiempo que tienden una mano a la industria creativa francesa (musical, audiovisual, literaria, etc.) gravemente afectada por las “malas” prácticas de usuarios y empresas en la denominada revolución digital. Por tanto parece claro el motivo recaudatorio de este tributo, que está destinado a sufragar las pérdidas de la maltrecha industria cultural (como lo hace el canon digital en España compensando a los autores por las copias privadas).

La industria musical ha visto como en los últimos años la venta de soportes de CDs ha caído estrepitosamente y el establecimiento de descargas legales de música sólo ha conseguido paliar en Francia un 19% de esas pérdidas. El Gobierno Francés estima que para proteger a la industria creativa y el acervo cultural nacional, debe invertir unos 40 ó 50 millones de euros anuales, y por ello Internet se configura como el nuevo “target” de donde recaudar dinero.

La tasa que grava la publicidad generada online se articula como un tributo sobre los enlances publicitarios (links), banners, o sponsors directos que ofrecen los buscadores (tanto si tienen su sede en Francia como si no) a los internautas cuando navegan. Google, Yahoo, Microsoft, AOL y Facebook entre otros, serían los sujetos pasivos principales de este impuesto dada su posición predominante en este mercado.

El criterio para establecer la carga impositiva ideado por el Gobierno Sarkozy nace en el momento en que un internauta, sito en territorio francés, accede a esa publicidad (pago por click).

Teniendo en cuenta que los grandes buscadores y la mayoría de las empresas que se verán fuertemente afectadas por este impuesto son norteamericanas y en especial Google (de ahí el nombre de “tasa Google”), el gobierno francés pretende atacar los ingentes beneficios que estas corporaciones obtienen en Francia y cuyos impuestos se pagan en otros países donde tienen sede sus matrices. Google por ejemplo, tiene su sede europea en Irlanda, país de la Unión Europea con una fiscalidad más ventajosa para las empresas radicadas en su territorio.

El gobierno galo va más allá en esta ofensiva y pretende llevar a Google ante los tribunales franceses de competencia para que se pronuncien sobre si el gigante americano abusa de su posesión de dominio en el mercado publicitario online. La legislación antitrust europea, permite a una empresa tener una posición predominante en el mercado siempre que dicha posición predominante no se considere abusiva creando un monopolio o quasi-monopolio que pueda manipular los precios de mercado y eliminar a sus competidores.

Las dudas sobre la legitimidad y eficacia de este nuevo sistema impositivo son varias y se sitúan a varios niveles.

Desde el punto de vista técnico, parece muy difícil que un Gobierno pueda controlar y saber a cuantos enlaces publicitarios han accedido sus nacionales, ya que la creación de los mecanismos informáticos que lo permitan serían excesivamente costosos (si no imposibles). En el caso de que éstos fueran creados y fueran razonablemente asequibles para el gobierno francés, quedaría una gran duda de cálculo matemático a la hora de distribuir y determinar el coste económico o valor de cada enlace “clickeado” por un internauta francés.

Desde el punto de vista empresarial, no solo las grandes corporaciones norteamericanas serán las afectadas. En los últimos años empresas de nueva creación francesas se lanzan al mercado de Internet como proveedores en defensa de contenidos de origen y lengua francesa, y habrá que ver cómo soportan la nueva carga fiscal que se les pretende imponer, ya que su principal, y casi única, fuente de ingresos son los generados por la publicidad de sus portales web.

Otra cuestión a analizar es ver cómo puede afectar el pago de la tasa a la actividad que desarrollan los buscadores mayoritarios en Francia, que incluso podrían llevar a plantearse dejar de prestar sus servicios, si el coste que les supone prestar los mismos se dispara, centrándose en otros mercados más favorables económicamente a sus intereses.

Un problema añadido con el que se se podría encontrar la Administración francesa sería de índole administrativa. El Gobierno francés tendría que requerir al pago de una tasa francesa a miles de empresas esparcidas en todo el mundo sin domicilio de notificación en el país, con lo que en la práctica se podría hacer casi inviable la exacción de dichos importes o que el coste del procedimiento de cobro fuese superior en algunos casos al importe a recaudar.

Con opiniones a favor y en contra de estas medidas, quizá cabe una reflexión sobre las propias estrategias empresariales erráticas de la industria cultural que no han sabido adaptarse a la era de la tecnología digital; y quizá sería conveniente inventar o reinventar sus modelos de negocio, más que alimentarse de nuevas ayudas, subsidios y fondos estatales para subsistir.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.