El Consejo General del Notariado considera que el borrador del anteproyecto de reforma de los registros públicos modificará «de raíz» el sistema de seguridad jurídica preventiva español «pese a ser uno de los mejores del mundo y haber demostrado su eficacia».
Según explican los representantes de los notarios a través de una nota de prensa, «con la excusa de encargar la llevanza del registro civil a los registradores se pretende sustituir el actual modelo de seguridad jurídica preventiva por otro que será perjudicial para la sociedad y un caso aislado en la Unión Europea», tal y como se lo han transmitido al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
El Presidente del Consejo, José Manuel García Collantes, asegura que la Dirección General de Registros y del Notariado se ha negado a incorporar las propuestas del Notariado al borrador del anteproyecto, «manteniendo el texto prácticamente igual». Collantes afirma que el anteproyecto fue elaborado «al margen del colectivo notarial» y que «carece de estudios sobre su viabilidad económica» a pesar de que el Consejo denunció ante el Ministro de Justicia esta situación, quien ordenó la creación de una comisión mixta de notarios y registradores para reformar el texto, según explica el Consejo.
En cambio, el Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández, ha asegurado hoy que el Ministerio de Justicia «ha aceptado más de 80 sugerencias» provenientes del Consejo y que, gracias a este proyecto de ley, a los notarios «se les atribuyen muy importantes funciones como la autorización de separaciones y divorcios, y la tramitación de los expedientes de concesión de nacionalidad». En un desayuno organizado por Acijur, Rodríguez Hernández ha zanjado la cuestión, que ha calificado de «pelea de colegio» asegurando que «si se entiende que la llevanza del registro por los registradores es un ataque al notariado es no entender la ley».
En virtud del texto, los registradores pasarán a llevar, además de los registros de la Propiedad y Mercantil, el Registro Civil, el de Fundaciones, el de Últimas Voluntades y el de Seguros.
Un «lastre» para el crecimiento económico
Para los notarios, el incremento de los asuntos que será necesario inscribir supondrá «un lastre» para el tráfico jurídico y para el desarrollo económico. Según explica el Consejo, el borrador del anteproyecto de reforma de los registros públicos plantea una situación «de máximos» por la que será obligatorio inscribir «casi todo», desde el cambio de domicilio a cualquier poder e incluso el testamento y los seguros. «Esto incrementará los costes para los ciudadanos (por un poder se pagaría cuatro veces más) y los plazos para llevar a cabo cualquier operación jurídica, además de suponer una importante pérdida de privacidad», aseguran.
Para el Notariado resulta «incompresible» que en 2011 se aprobara una ley de reforma del Registro Civil, con consenso de todos los grupos parlamentarios y con una vacatio legis de tres años, y que antes de su entrada en vigor «se pretenda cambiarla íntegramente».
El Notariado considera este anteproyecto no aborda los dos aspectos que si serían susceptibles de mejora:
– La posibilidad de acceso directo al contenido de los libros registrales en el momento de firmarse la escritura pública, para asegurar la titularidad y la situación de cargas en tiempo real (según prevén dos leyes, la 24/2001 y la 24/2005 que están pendientes de desarrollar).
– La conexión entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, para garantizar a los ciudadanos que los datos de ambos sobre una misma finca coinciden, algo que hoy en día no siempre es así y que genera inseguridad jurídica.
