Por Pilar Ferrer, Directora Ejecutiva de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)

El Gobierno aprobó el pasado febrero el Plan de Pago a Proveedores para abonar facturas pendientes de Ayuntamientos y CC.AA. Fue una medida necesaria y novedosa que generó expectativas y aplausos entre los analistas. La ejecución del plan fue todo un éxito en cuanto a rapidez, organización y oportunidad. Los proveedores de Ayuntamientos y CC.AA. cobraron deudas en algunos casos muy antiguas y el sentimiento de satisfacción fue general entre los afectados.

Sin embargo, podemos señalar también algunas sombras. En primer lugar, los pagos se han producido de manera puntual, singularmente, sin continuidad, por lo que nuevamente las Administraciones Públicas comienzan a acumular facturas impagadas correspondientes a 2012.  Los plazos vuelven a alargarse por encima de lo que se puede considerar razonable.

En segundo lugar, aunque no menos importante, no se consiguió asegurar el cobro de las subcontratas, esto es, de los proveedores de los proveedores. Ya lo hicimos notar en su día. La medida sólo sería realmente efectiva si el dinero llega hasta el último eslabón de la cadena productiva, y no lo ha hecho en todos los casos. Aun hoy hay subcontratas que continúan a la espera de cobrar por parte de aquellos que sí han recibido el dinero de las Administraciones. Una pena. No todos se han visto beneficiados de un plan que es de todos y todos pagan.

La situación en el sector privado tampoco ha mejorado en los últimos meses. Los plazos de pagos entre empresas mantienen una tendencia a alargarse.

Todo esto redunda en el empeoramiento de nuestra competitividad y el deterioro de la ya muy delicada situación de liquidez de las empresas. Y en otras cosas: cierres de empresas, pérdida de empleo…nada bueno.

Una vez reconocido el enorme esfuerzo realizado por el Gobierno con el Plan de Pago a Proveedores, hay que evitar volver atrás y recaer en situaciones similares. El Gobierno tiene una magnífica circunstancia que debe aprovechar: la inminente  transposición de la Directiva 2011/7/UE, de medidas de lucha contra la morosidad, que tiene que estar operativa en marzo de 2013. Es una oportunidad de oro para atajar el problema incluyendo en la Ley medidas coercitivas que permitan reducir de manera eficiente los plazos de pago y que agilicen los procedimientos de reclamación.

No pedimos nada nuevo. Tenemos el marco jurídico. Ahora, hay que asegurar su cumplimiento. Nuestro ordenamiento está lleno de ejemplos. Una gran mayoría  de las leyes serían ineficaces si no hubiera sanción asociada a su incumplimiento. El caso de la morosidad no es distinto. Y es que su eficacia es vital para la supervivencia de una gran cantidad de nuestras empresas.