Esta liquidación supone que las arcas de la capital deberán ingresar al Estado un total de 128 millones de euros en los próximos cinco años, es decir, 25,6 millones de euros por ejercicio, una cifra que se eleva hasta los 1.515 millones al sumar todas las corporaciones locales.

El Ayuntamiento de Madrid se le reclaman 117 millones de euros por el Fondo Complementario de Financiación, una transferencia incondicionada del Estado a las entidades locales, y otros once por la Cesta de Tributos, consistente en la participación de las corporaciones locales en los tributos estatales (IRPF, IVA e Impuestos especiales).

Según ha avanzado el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el recurso se basa en el principio de lealtad institucional y en el derecho de suficiencia financiera de las haciendas locales, reconocida por la Constitución española.

El Ejecutivo municipal alega que las ayudas aprobadas por el Gobierno de la Nación como el ‘cheque bebé’ o la deducción de 400 euros se han realizado «vía IRPF y no vía gasto», por lo que «suponen una merma directa de la financiación» a las corporaciones locales, cuyos intereses públicos no han sido tenidos en cuenta.

«Por eso, a la hora de calcular la liquidación, el Estado debería haber descontado el efecto de sus propias decisiones fiscales. Al no hacerlo, parte de los beneficios fiscales los financian los ayuntamientos, sin capacidad de decisión y sin recibir compensación», ha apuntado Cobo.

Según el concejal, la lealtad institucional es un derecho «no establecido en la Ley de Haciendas Locales pero que existe como regla general de relación entre las diferentes administraciones públicas», que obliga a «tener en cuenta la totalidad de los intereses públicos implicados y, en especial, aquéllos cuya gestión está encomendada a las haciendas locales».

«Es decir, a la hora de calcular la liquidación definitiva de 2008, el Estado debía haber descontando el efecto causado por sus propias decisiones fiscales. Al no hacerlo, parte de los beneficios fiscales concedidos han sido financiados por la Hacienda Local sin que ésta lo hubiera decidido», ha matizado.

Con respecto al otro principio, el de suficiencia financiera, ha dicho que «el artículo 142 de la Constitución y diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional señalan que el Estado debe garantizar a la hacienda local los recursos suficientes para el desempeño de sus funciones, especialmente en tiempos de crisis».

De prosperar el recurso, el Ayuntamiento pasará de adeudar 128 millones de euros al Estado a reclamar 178 millones, por lo que las arcas municipales recibirían una inyección de, al menos, 48 millones. Esta cifra se elevaría hasta los 543 millones de euros si todos los ayuntamientos de España presentaran recursos similares y fueran todos atendidos.

«La crisis económica y los beneficios fiscales, a través del IRPF, decididos por el Gobierno de la Nación han provocado una caída tan importante de los ingresos estatales que ha conllevado una caída también de la evolución de la financiación local cifrada en un 75 por ciento», ha apuntado Cobo.

Ha puntualizado que el crecimiento de los ingresos del Estado entre el trienio 2004-2007 fue del 36,5 por ciento, mientras en el cuatrienio 2004-2008 cayó al 13 por ciento. «Como resultado de esa mengua de ingresos del Estado, la financiación local definitiva de 2008 es inferior a la que se percibió ese año vía entregas a cuenta. Ahora el Estado pretende que se le devuelva la diferencia en un plazo de cinco años», ha lamentado.

A renglón seguido, el vicealcalde ha pedido al Ejecutivo central que se «responsabilice de las consecuencias de las medidas fiscales que adopte», que en este caso concreto han supuesto una merma de 12.560 millones para las arcas públicas, según datos del Ministerio de Economía citados por Cobo.

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