Advierte con total sinceridad que los niveles de pobreza que ostenta nuestra sociedad en la actualidad son únicos y que “no había vivido situaciones de este tipo en mis veinticuatro años de ejercicio profesional”. Desde Terrasa, ciudad en la que ejerce y de la que es Decano de su Colegio de  Abogados, Miquel Samper,  creó un modelo de colaboración, llamado luego Oficina de Intermediación Hipotecaria, que convenció al propio Carlos Carnicer, presidente del CGAE. “Ahora, tienes que poner en marcha esta iniciativa en la mayor parte de ciudades españolas,” recuerda que le dijo su presidente. Y, la verdad, que la actividad sigue su curso de forma progresiva por todo el territorio nacional.. En menos de ocho meses se han puesto en marcha diecisiete Oficinas de Intermediación en otras tantas capitales de provincia. “Lo fundamental de estos desarrollos es gestionar un estudio de población en riesgo de exclusión social y luego contar con abogados, expertos en derecho bancario y negociación para atender todos los casos que llegan”, afirma Samper. En un alto de sus vacaciones de verano comenta a DIARIOJURIDICO, la situación actual de este problema social tan grave como es el endeudamiento de familias y particulares, abocados a la exclusión social.

 Una de las primeras intervenciones públicas de la flamante Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha sido para felicitar a los Colegios de Abogados por su iniciativa de crear Oficinas de Intermediación Hipotecaria en colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones de diferentes ciudades y provincias españolas. Estas oficinas tienen como objetivo asesorar a las personas que tienen problemas para hacer frente a sus hipotecas y mediar entre ellas y los bancos.

Este fenómeno que arrancó en Terrasa, gracias al buen hacer de nuestro entrevistado y un grupo de colaboradores, el pasado mes de enero, se han sumado ya otras 16 entidades colegiales (Jerez, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Girona, Ourense, Zaragoza, Valencia, Castellón, Antequera, Gijón, Málaga, Teruel y las dos últimas de Manresa y Granollers.

Becerril ha animado al resto de entidades colegiales a sumarse a este proyecto que considera un ejemplo de iniciativa sin coste económico para los ciudadanos pero de gran utilidad para éstos.

Los primeros balances de estas oficinas hablan de un 68% de acuerdos beneficiosos para los deudores y un coste por expediente de 166 euros (que asume la administración) frente a los 6.000 euros que supondría el proceso judicial hipotecario (3.000 euros entre tasas, aranceles, mandamientos registrales y honorarios) y otros 3.000 que es el coste que tiene el expediente judicial para el Estado, todo según cifras ofrecidas por los propios Colegios de Abogados.

Hay que destacar también que uno de los efectos de la crisis económica  es que genera el mayor volumen de quejas que llegan a la oficina del Defensor del Pueblo en los últimos años sobre esta materia. 

 ¿Después de casi ocho meses, cómo valora este movimiento de Oficinas de Intermediación que existen en nuestro país?

Creo que el balance es más que positivo. Hay que darse cuenta que éste es uno de los problemas sociales más graves que afrontamos en este momento, quizás con el propio fenómeno del desempleo.

Gracias a la colaboración entre diferentes Colegios de Abogados y la propia administración local podemos ofrecer a personas y familias en riesgo de exclusión diferentes alternativas; desde la dación en pago, situación que hace solucionar la deuda de esa familia hasta la refinanciación, con periodos de carencia de tres y cuatro años, para otro perfil que pueda lograr superar este momento de crisis

A aquellos ciudadanos que optan por la dación en pago al final se negocia para ellos que puedan acceder al incipiente mercado de alquileres sociales que se está desarrollando en nuestro país.

Respecto a los datos puedo decirle que cerca de un 68% de los asuntos que gestionan cualquiera de las Oficinas de Intermediación Hipotecarias que hay en nuestro país acaban con un acuerdo para ambas partes.

En este sentido,  ¿ha llegado el momento de una reforma legislativa específica para regular el concurso de particulares?

Estoy de acuerdo con esa reforma que es muy necesaria.  Nuestra labor desde estas Oficinas de Intermediación es paliativa y puntual, creo que tenemos cuatro años por delante de intensos trabajos. Pero realmente hay que afrontar el problema social de forma clara por los poderes públicos.

A este respecto una nueva normativa centrada en particulares es fundamental. La regulación concursal tendría que plantearse de forma similar a la del empresario que, si le ha ido mal, puede presentarse al mencionado concurso.

En este sentido le informo que el Parlamento de Catalunya envió una proposición no de ley al Congreso de los Diputados sobre una posible nueva Ley de Segunda Oportunidad, siguiendo los parámetros que se han desarrollado en Alemania. Veremos la recepción que tiene esta propuesta

Da la sensación que este problema del que hablamos le ha pillado de sorpresa a nuestro Gobierno…

Creo que no es tanto el factor sorpresa que usted aduce como el momento actual que vivimos, donde el Ejecutivo prioriza sobre temas macroeconómicos sin haberse preocupado en exceso de este problema social que tienen miles de ciudadanos españoles.

En las conversaciones que mantuvimos con ellos, a principios de años, cuando empezamos a arrancar esta iniciativa, esa fue la sensación que tuvimos, tras charlar con diputados y miembros del actual Gobierno

Al final de lo que se trata es de no perder el foco y tener una visión global de la política, sobre todo de cara a este tipo de asuntos tan graves socialmente

¿Dónde esta la clave para que una Oficina de Intermediación Hipotecaria funcione?

Se trata sobre todo de encontrar, en primer lugar, voluntad de hacer las cosas y de colaboración entre el Colegio de Abogados y el ayuntamiento o diputación de la zona afectada.

Hablamos de iniciativas flexibles que se pueden poner en marcha con cierta facilidad. Pero necesitan de ese acuerdo entre ambas instituciones. Luego, a continuación es fundamental realizar un estudio a fondo de la población en riesgo de exclusión de esa zona.

Y, con posterioridad, ya en marcha el servicio, contar con abogados expertos en derecho bancario y en negociación para que puedan lograr cerrar el mayor número de acuerdos posibles

¿De que forma ha ido evolucionado el papel de los bancos en estos procesos?

Lo cierto es que el cambio de su postura está siendo bastante notable. Ahora sus planteamientos son más flexibles, al ver que cuentan con stocks de pisos vacíos a los que no dan salida de ninguna de las maneras.

En este contexto, la figura del alquiler social, hace años impensable, empieza a tomar cuerpo en determinadas situaciones.

Creo que es una de las fórmulas a las que hay que tender visto el momento que vivimos. A esta respecto puedo señalar el acuerdo suscrito entre la Generalitat de Catalunya y  La Caixa sobre este asunto en concreto.

¿Qué valoración puede hacer de movimientos ciudadanos, tipo Plataforma Afectados por la Hipoteca y sus actuaciones?

Es evidente que su trabajo es digno de tener en cuenta sobre todo en cuanto a impulsar la concienciación del problema del que estamos hablando. Ahí han hecho y hacen una gran labor.

Otra cuestión es su forma de resolver los asuntos. Creo que como abogado y decano que soy, debo rechazar cualquier acción violenta y buscar la negociación en todos los conflictos que surjan con la vivienda como telón de fondo.

Desde su perspectiva de jurista y experto en negociación ¿Se vislumbra una solución a corto y medio plazo en el tema de los deshaucios?

Hay que darse cuenta que el problema en cuestión es cada vez más grave. Es fundamental que ese deudor que pierde su casa; junto con esa propia Administración que sabe que hay gente que vive en la calle y en malas condiciones y la propia banca que ve como sus activos inmobiliarios se devalúan, encuentren un marco para negociar.

La solución a este conflictos social de primera magnitud que tenemos debe venir por la via del pacto y del acuerdo. Y, como le he mencionado antes, también hará falta un cambio normativo importante que ayude a gestionar los problemas de endeudamientos de familias y particulares.

Si a estas iniciativas le unimos una salida progresiva de esta crisis global que vivimos, no me cabe la menor duda que el problema podrá solucionarse de forma progresiva.

Pero también debemos salir de la crisis actual y darnos cuenta que el papel que estas Oficinas puede realizar es coyuntural, pero que se necesitan  más medidas de choque para frenar esta ola de deshaucios y endeudamientos de particulares.

 

 

 

 

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