Según Rallo, podría existir este tipo de ficheros siempre que:
> Fueran regulados por ley de la manera “menos agresiva posible”.
> No todo el mundo podría acceder a ellos en cualquier momento, sino que se debería estudiar previamente “las motivaciones” de los ciudadanos en cada caso.
> Esta petición, surgida desde diversos sectores a raíz del reciente caso ‘Mari Luz’, tiene “finalidades sociales” enmarcadas en la demanda de una mayor seguridad.
> Por otra parte, la AEPD investigará de oficio las acciones ilegales que se cometan en los sectores de la publicidad y la grabación de imágenes en el ámbito privado durante este año.
> La agencia desarrollará en ambos casos dos planes de acción para evaluar “riesgos” y realizar “recomendaciones”, aunque también podría haber mayores ‘castigos’. En este sentido, la Agencia contempla sanciones que van desde los 600 hasta los 600.000 euros, así como ordenar el cierre de una página web, entre otras medidas.
Aumento de quejas
El motivo de estas actuaciones se enmarca en un aumento de las quejas de los ciudadanos en estos dos sectores. Por un lado, el director informó de que se habían producido un total de 200 denuncias en el sector de la videovigilancia desde diciembre de 2006. Respecto a la publicidad recibida sin el consentimiento de los españoles, Rallo afirmó que se trata de un sector con una importante incidencia desde hace varios años.
Rallo consideró estos datos “preocupantes”, aunque destacó un importante avance en algunos casos. Así, afirmó que, frente a las 700 entidades que declaraban tener cámaras en enero de 2007, se ha producido un aumento hasta llegar a las 7.000 de marzo de este año.
El director incidió en la importancia de que las compañías del sector privado realicen una “correcta” instalación de las cámaras (”siempre con fines de seguridad”) y subrayó la necesidad de contar con carteles distintivos avisando de la grabación de imágenes.
Respecto a la publicidad recibida sin consentimiento, aseguró que se valorará principalmente las actuaciones de las teleoperadoras de comunicación. Además, resaltó que los ciudadanos deberán tener cuidado con las clausulas en las que se cede de forma “tácita” esos datos personales, a veces sin ser conscientes de ello.
Preocupación de los españoles
El director también valoró los últimos datos del CIS relativos al barómetro del mes de febrero, en los que se apuntaba a una preocupación por la protección de datos (un 70 por ciento de los encuestados).
En este apartado, Rallo destacó las cifras que revelaban un consumo alto de descargas de archivos a través de la Red (casi un 50 por ciento). Así, afirmó que la agencia ha abierto 20 procedimientos investigadores debido al uso indebido de intercambio de archivos, ya que, en ocasiones, esta actividad saca a la luz datos “especialmente protegidos” relativos a la salud o a creencias religiosas.
Todo este tema de protección de datos es una solemne melonada. Como abogado de una empresa informática relativamente grande veo imposible cumplir con la normativa española ya que esta está redactada e interpretada olvidando totalmente la realidad.
Esto no es Walt Disney, es España y estamos en crisis !
Las leyes deben ser razonables. ¿ A que listo se le ocurre que sea obligatorio poner un cartel debajo de todas las cámaras de vigilancia ? Parece un chiste.
Gerardo. Abogado apenado.