El informe llevará el título “El impacto de la urbanización extensiva sobre los derechos individuales de los ciudadanos europeos, sobre el medio ambiente y la aplicación de la legislación europea, basado en las peticiones”.
El presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, del partido conservador Unión por la Europa de las Naciones, instó personalmente la elaboración del nuevo informe.
En una carta remitida a la Junta de Portavoces del Parlamento Europeo, Libicki apunta que la Comisión de Peticiones ha constatado “los problemas con que han tropezado varios miles de ciudadanos europeos que han elegido comprar propiedades en España” y cómo persiste su preocupación “en torno a la correcta aplicación de la legislación de la Unión Europea en varias regiones españolas”. Libicki destaca que los problemas afectan tanto a ciudadanos españoles como a no españoles.
El presidente de la Comisión de Peticiones alude, en primer lugar, a varios aspectos que podrían lesionar derechos consagrados por la legislación europea. En primer lugar, violaciones del derecho a la propiedad “legítimamente adquirida, consagrado en la Convención Europea de Derechos Humanos y en el Artículo 6 del Tratado de la Unión, relativo al derecho a establecerse”.
En segundo lugar, alude a posibles violaciones de la norma europea de contratación pública en el desarrollo de grandes proyectos de urbanización en la Comunidad Valenciana, un asunto que, recuerda Libicki, la Comisión Europea ya ha denunciado ante el Tribunal de Estrasburgo.
La tercera colisión con la normativa europea que cita Libicki se refiere a los problemas ambientales que genera el “efecto acumulativo” de los grandes proyectos de urbanización en “las regiones costeras de Valencia, Murcia, Andalucía y Cataluña”.
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