El Ejecutivo negó que se disponga a recuperar los contratos “blindados” ilegales que se hicieron a determinados cargos de empresas públicas en tiempos de Convergència i Unió, pero sí admitió que ofrecerá mejores garantías a algunos de sus cargos.
Los primeros altos directivos que podrán beneficiarse de los nuevos contratos son los de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, según lo autorizó el Gobierno. Sin embargo, eso no implica que los altos directivos del ente consigan automáticamente las nuevas condiciones. Falta que se las ofrezcan y que las acepten.
Desde ahora los altos cargos podrán cobrar, en caso de despido, una indemnización equivalente a un año de sueldo en lugar del medio año que establecía el anterior decreto. Además, deberán ser avisados de su cese con un mínimo de seis meses de antelación, en lugar de tres.
Con todo, el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, aseguró que no habrá barra libre en los nuevos contratos y que para nada se repetirán situaciones como las de la época de CiU, en que se tuvo que pagar más de 300.000 euros para despedir a altos cargos de Ferrocarrils de la Generalitat que tenían blindados sus contratos.
Castells dijo que “lo normal será indemnizar con 6 meses, los 12 meses serán sólo en casos excepcionales”.
El Ejecutivo se comprometió a que cada contrato que se modifique o que se haga con las nuevas condiciones deba ir acompañado de un acuerdo explícito del Gobierno.
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