Los expertos en consumo coincidieron en la defensa de este sistema como alternativa a la Justicia ordinaria durante el simposium celebrado en Madrid bajo el título ‘Consumidores y Justicia eficaz en la UE: Retos y perspectivas”. La convocatoria estuvo organizada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).
La primera intervención corrió a cargo del eurodiputado y ex ministro socialista Enrique Barón, quien recordó que el sistema arbitral no puede separarse del todo del sistema judicial, y abogó por la “defensa de una equidad basada en el derecho”.
Barón explicó que el objetivo de la Unión Europea para la protección de los consumidores es tratar de conseguir la ratificación por parte de los 27 países miembros del Tratado de Lisboa, aprobado el pasado 13 de diciembre, y que haría jurídicamente vinculantes a los ciudadanos europeos para reclamar sus derechos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Su ratificación implicaría el reconocimiento de la ciudadanía europea contemplada en el Tratado de Maastrich, firmado en 1993, y su derecho a interponer recurso ante los tribunales europeos. “Queremos romper con el beneficio dado a los productores en favor de los consumidores”, matizó Barón.
Por su parte, el profesor de derecho procesal de la Universidad de Zaragoza Javier López Sánchez declaró que la posición de la UE respecto a los consumidores “no está muy clara”. López explicó que la apuesta europea pasa por desarrollar los servicios de reclamación del cliente y no por la creación de órganos específicos que atiendan las reclamaciones entre países.
La UE mantiene operativa la Red de Centros Europeos del Consumidor que canalizan las quejas de los usuarios. López consideró que el sistema arbitral es “el mejor y el más rápido para la resolución de conflictos sin tener que someter a las partes al relato jurídico de los hechos” y defendió las acciones colectivas para evitar el colapso y los altos costes de la Justicia ordinaria.
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