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El presidente del CGAE ha explicado que el Consejo no va a actuar como mediador en el conflicto porque, según ha señalado, de momento no ha habido “ni ofrecimiento ni petición” para que intervengan y ha anunciado que la próxima semana se reunirá, al igual que han hecho con el Ministerio de Justicia, con los representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ, convocantes de la huelga indefinida.
Ha mostrado, no obstante, su convencimiento de que “es posible un acercamiento” en las posturas de la Administración y de los huelguistas y ha destacado que es importante que se logre una “solución amistosa, sin picos sueltos” para que los funcionarios tengan “disposición” a fin de resolver el atraso que se está generando el conflicto, desde el 4 de febrero.
En este sentido el secretario de Estado ha subrayado que el Ministerio tiene “presupuesto en la ley, voluntad de hacerlo y experiencia” para acometer los efectos que está causando la huelga, pero ha recalcado que su mayor interés en estos momentos es la “pronta terminación” del conflicto.
Ha insistido en que desde el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo “se están haciendo todos los esfuerzos”, dentro de los límites presupuestarios, para acercarse a las reclamaciones de los funcionarios (un aumento de 200 euros mensuales), y ha recordado que la oferta del Ministerio contempla un incremento de 180 euros.
“Los funcionarios tienen que comprometerse a que el aumento retributivo lo van a notar los ciudadanos”, ha apostillado Pérez, que ha señalado que las mejoras económicas deben ir acompañadas de mejoras para el servicio público.
Según ha dicho Pérez, que ha subrayado que hay localidades en las que no se están cumpliendo los servicios mínimos, esa posibilidad está descartada porque “la ley impide a la Administración pagar sueldo a quien no ha ido a trabajar”, aunque ha apuntado que los descuentos se gestionarán de manera fraccionada.
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