La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró que los ayuntamientos que no hacen pública la declaración de bienes de sus concejales y directivos -sólo Gijón y Sevilla lo hacen en toda España- están vulnerando las medidas contra la corrupción recogidas en la Ley del Suelo.
Corredor considera que sí existen instrumentos jurídicos para aplicar la Ley y recordó que los concejales tienen la obligación de hacer una declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles.
Los municipios se amparan en que la disposición adicional novena de la Ley del Suelo señala que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los “términos fijados en el Estatuto municipal”.
Sin embargo, el Estatuto municipal es una figura jurídica inexistente en los ayuntamientos porque se incluyó en el proyecto de nueva Ley de Régimen Local que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura y sigue empantanado.
Por otra parte, la ministra de la Vivienda dio por acabado el boom inmobiliario que ha durado un lustro. Durante esta etapa, el precio de las viviendas ha subido más del 10% cada año. Corredor aseguró que se está produciendo la “vuelta a la normalidad” de los precios, un “ajuste” que calificó de “previsible, deseable y necesario”.
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