El Gobierno remite a las Cortes el proyecto de Ley por el que se regula la cooperación con la Corte Penal Internacional

Según se informa desde el propio Ejecutivo, el objetivo del proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional es regular las funciones de las instancias judiciales, fiscales y el Gobierno en relación con la cooperación con la Corte, de cara a prestar un auxilio eficaz y ágil con los procedimientos que en […]

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1/06/03 , Redacción | sin comentarios

Según se informa desde el propio Ejecutivo, el objetivo del proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional es regular las funciones de las instancias judiciales, fiscales y el Gobierno en relación con la cooperación con la Corte, de cara a prestar un auxilio eficaz y ágil con los procedimientos que en ella se tramitan, y evitar así los procedimientos paralelos.
La Corte Penal Internacional, cuya andadura se inició el pasado 11 de marzo con el juramento solemne de sus 18 primeros jueces, se creó en virtud del Tratado de Roma de 1998 como un órgano internacional encargado de hacer una justicia universal en los casos de delitos más graves como el genocidio, el exterminio, la esclavitud, los crímenes de guerra y la agresión.
De acuerdo con el presente texto, España, que fue uno de los primeros países en ratificar el Estatuto de Roma, regula con éste las fórmulas de cooperación, tanto en la fase de prueba del procedimiento, como en el desarrollo del juicio. También se legisla en relación a la ejecución de las condenas, para permitir que éstas puedan ser ejecutadas en España.
Asimismo, el proyecto de Ley introduce un sistema inmediato de entrega similar al instaurado por la Euroorden, con lo que queda superado el viejo procedimiento de extradición en aras de colaborar en los mecanismos de cooperación de las autoridades españolas en la detención y puesta a disposición de la Corte Penal Internacional de las personas reclamadas.
De acuerdo con las mismas fuentes, el Ministerio de Justicia se constituye como órgano de relación estable entre la Corte, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal. Además, el Proyecto designa al Ministerio de Justicia como órgano consultivo de la misma.
Por último, destacar que el texto prevé la implantación de mecanismos que activen la colaboración entre las distintas autoridades españolas para la obtención de pruebas y la ejecución de las condenas.
Cabe recordar que la Corte Penal Internacional empezó a estar operativa el pasado mes de marzo, tras el juramento de sus primeros jueces, once hombres y 8 mujeres. En total, el Tratado de Roma ha sido ratificado por un total de 89 países.

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