El Gobierno ha decidido buscar las fórmulas necesarias para flexibilizar el referido criterio y que el mayor número de inmigrantes pueda votar en las municipales de 2011.
Gobierno y PSOE piensan en marroquíes, argelinos, chinos, ecuatorianos y cubanos, entre otros, como paradigma de los inmigrantes que sí deben tener el derecho al voto en España, pese a las dificultades, o, incluso imposibilidad de que los españoles voten en esos países.
“El PSOE impulsará los acuerdos políticos necesarios para el ejercicio del derecho al voto en las elecciones municipales de aquellos ciudadanos extracomunitarios que sean residentes estables”, señala la resolución aprobada en el congreso del PSOE el pasado fin de semana.
“Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución, salvo lo que atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”, dice el artículo 13.2 de la Constitución.
Expertos constitucionalistas del PSOE y del Gobierno han empezado a trabajar para buscar interpretaciones que salven el obstáculo de la reciprocidad. El portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, constituyó el pasado lunes el grupo de trabajo que estudiará las reformas de la Ley General Electoral y la de Extranjería, sólo un día después de ese congreso. Zapatero anunció que esta sería la primera reforma que pondría en marcha.
No hay dudas del interés político de los socialistas, según reconoce el vicesecretario general del PSOE, José Blanco. “La mejor política para integrar a los inmigrantes es el reconocimiento de derechos políticos”. Y añade: “Sabemos que sería muy limitativo que sólo pudieran votar los países en los que haya convenios de reciprocidad, que es lo que prevé la Constitución. Vamos a intentar que vote el mayor número de personas que vivan en España de forma estable por lo que nuestra reflexión debe conducir a ese objetivo”.
La reflexión de los expertos constitucionalistas va en la siguiente dirección. Un aspecto a favor de sus tesis viene de que el Tribunal Constitucional nunca ha interpretado la reciprocidad a la que alude el artículo 13 de la Constitución.
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