La condena es por retrasar de forma maliciosa la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.
La condena aprecia el agravante de desprecio a la orientación sexual de la adoptante e incluye una indemnización de 6.000 euros y el pago de las costas, también las de la acusación particular.
El fiscal y la acusación particular habían solicitado en sus conclusiones provisionales 18 meses y cuatro años, respectivamente, de inhabilitación, aunque en la última sesión del juicio, el pasado día 3, dejaron a criterio de la Sala el que pudiera imponer una pena inferior si apreciaba que Ferrin había cometido este delito no de forma intencionada sino por imprudencia.
“Desde un principio siempre ha habido presiones para que me vaya de Murcia”. El juez Calamita denunciaba así un supuesto caso de chantanje y extorsión desde que se iniciara el proceso judicial contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Según Calamita, hay gente que piensa que “un católico no puede estar en un Juzgado de la Familia”. Durante sus alocuciones en el juicio, el magistrado siempre ha defendido que en el caso de la adopción por parte de la pareja de lesbianas “siempre veló por el interés de la menor, y que se “implicaba demasiado” en el caso. “Mi única intención fue garantizar lo mejor para la niña”, llegó a manifestar durante el proceso.
“Sufrí mucho por mí y por mi familia, porque no entendíamos las trabas que se ponían a la adopción, e incluso llegué a temer por la custodia de mi hija”. Así relataba Susana M.S, madre biológica de la niña, la “pesadilla” que supusieron los trámites de Calamita para que su pareja pudiera adoptar a la niña.

















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