A juicio de los populares, estas formaciones han llevado a cabo una “maniobra partidista” para apoyar al jefe del Ejecutivo vasco en sus pretensiones, al tiempo que recuerdan que ninguno de estos cuatro partidos tiene legitimación jurídica para ser parte en el recurso.
El PP, que es parte en el proceso de recurso ante el Constitucional, se opone a que PNV, EA, EB y Aralar se personen.
Los comisionados de los más de 50 diputados del Grupo Popular, Federico Trillo-Figueroa y Soraya Sáenz de Santamaría, estiman que el intento de estas formaciones “pone de manifiesto la verdadera naturaleza de la convocatoria”, esto es, “la utilización partidista de las instituciones de la autonomía vasca para imponer los criterios soberanistas o secesionistas de los nacionalistas sobre los no nacionalistas”.
Ante la pretensión de que se levante la suspensión de la ley de consulta, el PP recuerda a los citados partidos que, además de ser una consecuencia automática derivada de la propia Constitución, se trata de “una norma que de forma manifiesta y deliberada la contradice, eludiendo además el propio Estatuto de Autonomía y el Reglamento del Parlamento Vasco“.
Según los populares, la suspensión “está plenamente justificada por los perjuicios de difícil o imposible reparación derivados de las actuaciones de la Administración para la convocatoria de una consulta claramente ilegal”, lo que conllevaría gastos públicos que luego podrían constituir actos preparatorios de una eventual malversación de caudales públicos.
El PP concluye su escrito solicitando al Tribunal que rechace la petición de los partidos que apoyan la iniciativa de Ibarretxe de personarse en el proceso, manteniendo en todo caso la suspensión de la Ley impugnada.
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