Los notarios habían embestido contra la decisión del Supremo y habían dicho que generaba inseguridad jurídica frente a la lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y que dejaba a los ciudadanos desprotegidos por la desaparición de su función de control de la legalidad.
“Los mensajes de inseguridad jurídica son interesados, equivocados y falsos”, afirmó Rodríguez en referencia a la posición mantenida por los notarios, que calificó de “desproporcionada.
El decano insistió en que es “falso” que “no se va ya a poder” prevenir el blanqueo de capitales y el fraude fiscal y negó que “se hayan relajado los controles”, ya que la Ley de Prevención de Capitales “sigue estando bajo el control de los notarios.
La sentencia, dictada el pasado 20 de mayo, anuló total o parcialmente 23 artículos del Reglamento Notarial, aprobado por el Real Decreto 45/2007, por falta de cobertura legal al no tener rango de Ley. El Supremo estimó parcialmente el recurso presentado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y de Bienes Muebles de España contra el reglamento.
Los registradores mantienen que a pesar de la anulación del artículo 145 del Reglamento Notarial con la que se revoca el control de legalidad de los notarios, éstos siguen “obligados a negarse” a elevar a público un documento que no se ajuste a la legalidad mientras el Gobierno pone en marcha y tramita la nueva legislación.
En cuanto a la anulación del artículo 84, que modificaba el antiguo artículo 164, y que otorgaba autorización, ahora revocada, a los notarios para consultar el Archivo General de Revocación de Poderes, los registradores mantienen que el “lugar natural” de dicho archivo es el Registro Mercantil. Los notarios “habían puesto en marcha un archivo que no tenía control legal”, aseguró Gonzalo Aguilera, director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio de Registradores.
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