Ambos han llegado a un entendimiento para abordar la lucha contra el terrorismo, a través de la unidad de los demócratas, el apoyo a las víctimas, la confianza en el Estado de Derecho y la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una declaración de que el único destino de ETA es desistir de la violencia, y la cooperación internacional.
El jefe del Ejecutivo y el presidente del PP han acordado la renovación del CGPJ y el TC después de agosto.
Convergieron en la necesidad de modernizar la Justicia y proceder a algunos cambios legislativos en lo que se refiere a los “delitos más graves”.
Además, han decidido incluir en la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo una disposición referida a la necesidad de que todas las Administraciones tomen las medidas conducentes a la retirada de escudos, placas e insignias, entre otros, en plazas, calles y avenidas que sirvan de homenaje a terroristas.
Gobierno y oposición estudiarán la modificación de las leyes para reformar las penas accesorias, y las medidas de “aseguramiento” frente a terroristas que salgan de la cárcel, así como los mecanismos de preservación del “patrimonio universal presente y futuro” de los terroristas para la satisfacción íntegra de sus responsabilidades civiles.

















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