Bruselas cree que estas disposiciones son incompatibles con la libertad de establecimiento reconocida en la legislación de la UE.
El requerimiento se efectuó a través de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en un plazo de dos meses el Gobierno no responde a las exigencias del Ejecutivo comunitario, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
De acuerdo con la normativa española, si una sociedad traslada su residencia a otro Estado miembro o si un establecimiento permanente cesa sus actividades en España o transfiere sus activos situados en España a otro Estado miembro, las plusvalías no realizadas deben integrarse en la base imponible de ese ejercicio, en tanto que las plusvalías no realizadas correspondientes a operaciones de ámbito estrictamente nacional no se incluyen en la base imponible.
Bruselas considera que esa imposición inmediata penaliza a las sociedades que desean abandonar España o transferir sus activos al exterior, pues supone aplicarles un trato menos favorable que a las sociedades que permanecen en el país o que transfieren sus activos dentro del territorio nacional. Estas disposiciones pueden, por tanto, disuadir a las sociedades de ejercer su derecho de libre establecimiento.
El Ejecutivo comunitario envió también un dictamen motivado a Portugal sobre la misma cuestión.
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