Según las autoridades españolas, la norma amenaza la capacidad de actuación del supervisor nacional (Dirección General de Seguros) y la supervivencia de las compañías pequeñas o medianas del sector.
La nueva ley, conocida como Solvencia II, impondrá al sector asegurador europeo unos criterios mucho más rigurosos sobre el capital necesario para respaldar la cobertura de los riesgos asumidos.
El proyecto elaborado por el departamento de Charlie McCreevy, comisario europeo de Mercado Interior, introduce también un sistema de supervisión que, en ciertos casos, otorga los principales poderes a las autoridades del país de origen de las aseguradoras.
El proyecto de ley ofrece a los grandes grupos aseguradores la posibilidad de consolidar sus cuentas para reducir el nivel de fondos propios que mantienen en cada país. Si surgiera un problema de solvencia en una filial, la matriz sería la encargada de socorrerla.
España exige que se suprima ese sistema de apoyo entre las empresas de un grupo porque consideran que esa posibilidad cambia el reparto de funciones y de responsabilidades entre el supervisor del grupo, que asumiría un liderazgo casi absoluto, y el local, encargado de vigilar a la filial.
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