Los ministros de Trabajo de la Unión Europea intentarán hoy un acuerdo sobre la norma comunitaria que regula el tiempo de trabajo. Esta directiva enfrenta desde hace más de tres años a los países que reclaman una mayor flexibilidad laboral, encabezados por Reino Unido y Alemania, contra los que quieren acabar con las excepciones (’opt-out’) que permiten trabajar más de 48 horas semanales, liderados por España.
La propuesta de compromiso elaborada por la presidencia eslovena se sitúa más cerca de las posiciones de Reino Unido que de España, ya que consagra el ‘opt-out’ y eleva el tope máximo de tiempo de trabajo a 65 horas semanales.
No obstante, se contemplan una serie de salvaguardas para garantizar que los trabajadores aceptan el ‘opt-out’ voluntariamente y no forzados por temor al despido.
La delegación española, con el apoyo de Francia, Italia, Grecia y Chipre, ha logrado hasta ahora bloquear la renovación de la directiva sobre tiempo de trabajo porque no fijaba una fecha para acabar con el ‘opt-out’, lo que a juicio de estos países es incompatible con la Europa social.
Sin embargo, lo más probable es que Italia cambie de bando con su nuevo Gobierno y Francia estudia también dar su visto bueno a la propuesta eslovena.
La mayoría de los Estados miembros respaldan las propuestas de la presidencia y quieren aprobar la norma para resolver los problemas que les plantean las guardias médicas, subrayaron las fuentes consultadas.
El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado en diversas ocasiones que las guardias deben considerarse tiempo de trabajo, y la directiva se reforma precisamente para evitar los elevados costes que tendría la aplicación de estas sentencias en sectores como la sanidad. Según la Comisión, 23 Estados miembros incumplen esta jurisprudencia.
Los ministros de Trabajo de los Veintisiete también pretenden cerrar un acuerdo sobre una norma comunitaria que fijará las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, que hasta ahora ha estado bloqueada por Reino Unido. El principal punto de desacuerdo es a partir de qué momento se debe garantizar una igualdad de trato salarial con los empleados de la compañía de destino.
Esta norma no afectaría en ningún caso a España porque la legislación nacional ya garantiza la igualdad de trato desde el primer día.













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