Ganó Zapatero: ahora deberá cumplir su anunciada reforma jurídica

El PSOE anunció en su Programa de Gobierno que “quiere que la Justicia funcione mejor” y que “la eficacia de los tribunales, es un imperativo y un pilar de la política social del Estado, de la igualdad de oportunidades, de la garantía de la libertad y de la dignidad, sobre todo, de las personas más desfavorecidas”.

Por eso, presentó un plan con las siguientes medidas, que a partir de la próxima legislatura deberá cumplir. A continuación se citan algunos de esos compromisos:

* Justicia clara y comprensible, de forma que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos proporcionen la información necesaria y se redacten en términos sencillos y comprensibles, para asegurar que todos los actos procesales sean inteligibles para las personas, cuidando especialmente los contenidos de sentencias y demás resoluciones judiciales.

* Puntualidad en los juicios y señalamientos, a cuyo efecto se desplegará un sistema de señalamientos que evitará las suspensiones y retrasos en la celebración de las actuaciones judiciales, concentrando en el mismo día, cuando sea posible, las actuaciones que afecten a la misma persona.

* Creación de un Consejo Consultivo de Organizaciones de Usuarios de la Justicia, que integrará a sindicatos, patronal, cámaras de comercio, asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones de víctimas y federaciones de asociaciones de vecinos así como a los profesionales de la Justicia, con el fin de garantizar la participación ciudadana en la evaluación de la Administración de Justicia y su funcionamiento.

* Nueva estructura y organización de la Abogacía del Estado, encargada de la asistencia jurídica al Estado, al Gobierno, a la Administración y al resto del sector público, según un modelo más ágil que incremente los parámetros de eficacia y eficiencia. Con ello se aumentará la calidad en el asesoramiento previo y en la defensa en juicio, lo que contribuirá al ahorro de recursos públicos, y se garantizará al máximo la legalidad en el actuar administrativo, mediante una asistencia legal integral.

* Reforma de la Audiencia Nacional para constituirla en órgano judicial especializado y dotarla de mayor eficacia en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, tráfico organizado de drogas, blanqueo de bienes procedentes de dichas actividades, delitos económicos de especial gravedad, delitos cometidos fuera del territorio nacional y delitos cometidos sistemáticamente por organizaciones o estructuras organizadas. A estos efectos, los Juzgados Centrales de Instrucción y las Secciones de su Sala de lo Penal, se multiplicarán en su número y actuarán especializadamente.

* Nueva Ley Procesal Penal de la democracia adaptada a las necesidades del enjuiciamiento rápido y favorecedora de la mediación cuando la naturaleza y gravedad del delito lo permita. La nueva Ley garantizará, en todo caso, la doble instancia penal y la revisibilidad de las condenas.

* Reformas necesarias del Código Penal para mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia y dispensar una adecuada tutela a las víctimas del delito, de conformidad con nuestros compromisos internacionales y, especialmente, los derivados de la Unión Europea.